L D (Agencias) Así lo indicaron este jueves fuentes del ICO, quienes confirmaron que se acordó la prórroga, previa autorización de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Ejecutivo. Desde 1999, este crédito se ha sometido ya a más de una docena de prorrogas, pues ha debido renovarse dos veces al año, una en mayo y otra en diciembre. Hasta el momento, el sindicato UGT no ha podido cancelar este crédito, que se suscribió en 1993 por un montante de 76,3 millones de euros a favor de la gestora IGS para hacer frente al expediente de suspensión de pagos abierto contra ella y para resarcir a los cooperativistas de los perjuicios de la paralización de las viviendas de la PSV.
El sindicato siempre ha condicionado el pago del crédito más los intereses al ICO al hecho de que el Estado le debe pagar a su vez el patrimonio histórico que le fue incautado. Precisamente este jueves, el BOE publicó el acuerdo del Congreso de los Diputados por el que se acordó la convalidación del Decreto Ley que permite la devolución a UGT del patrimonio sindical histórico que le fue incautado en la dictadura, por un importe de 151 millones de euros, cantidad suficiente para cancelar este pago.
Al saldar este crédito con el ICO, según fuentes del propio sindicato, UGT terminaría sus cuentas pendientes por la mala gestión de la PSV, ya que también se depositó en la Audiencia Nacional los 300.000 euros que reclamaban una quincena de cooperativistas. Estos perjudicados fueron los únicos que no se acogieron a la suspensión de pagos de PSV, no recibieron un préstamo del ICO y tampoco accedieron a una vivienda de otras promociones, las tres fórmulas ofrecidas para solucionar el colapso de la promotora. En octubre de 2003, hace más de dos años, una sentencia del Tribunal Supremo consideró que IGS y PSV eran lo mismo que UGT.
El sindicato siempre ha condicionado el pago del crédito más los intereses al ICO al hecho de que el Estado le debe pagar a su vez el patrimonio histórico que le fue incautado. Precisamente este jueves, el BOE publicó el acuerdo del Congreso de los Diputados por el que se acordó la convalidación del Decreto Ley que permite la devolución a UGT del patrimonio sindical histórico que le fue incautado en la dictadura, por un importe de 151 millones de euros, cantidad suficiente para cancelar este pago.
Al saldar este crédito con el ICO, según fuentes del propio sindicato, UGT terminaría sus cuentas pendientes por la mala gestión de la PSV, ya que también se depositó en la Audiencia Nacional los 300.000 euros que reclamaban una quincena de cooperativistas. Estos perjudicados fueron los únicos que no se acogieron a la suspensión de pagos de PSV, no recibieron un préstamo del ICO y tampoco accedieron a una vivienda de otras promociones, las tres fórmulas ofrecidas para solucionar el colapso de la promotora. En octubre de 2003, hace más de dos años, una sentencia del Tribunal Supremo consideró que IGS y PSV eran lo mismo que UGT.