L D (EFE)
La crítica a Solbes aparece en una enmienda, que fue aprobada por 175 votos a favor, 174 en contra y 126 abstenciones, y presentada por el grupo liberal en un informe que analiza la ejecución del presupuesto de la UE en 2001. La enmienda fue apoyada por liberales, Izquierda Unitaria, el grupo "Unión para la Europa de las Diferencias" y los conservadores británicos.
Votaron en contra los socialistas y verdes, mientras que los miembros del Grupo Popular Europeo se abstuvieron al considerar que "no es el momento" de exigir a Solbes responsabilidades políticas, según señalaron a EFE fuentes de este grupo. El informe, elaborado por el eurodiputado portugués Paulo Casaca (socialista), asegura que los comisarios "han de rendir cuentas ante el Parlamento Europeo de sus acciones", y afirma que analizará "estas consideraciones" cuando apruebe las cuentas de 2002.
Aboga además por reforzar el modelo de auditoría interna y por poner fin de manera urgente a la "cultura del secretismo, la complejidad y la falta de claridad" en los flujos de información. Resalta que "todavía han de realizarse progresos sustanciales en lo que respecta a la clarificación de responsabilidades" sobre el caso Eurostat. Según el documento "La actuación que realizó la CE como respuesta a las pruebas irrefutables de graves deficiencias de gestión e irregularidades constituye más una excepción que la regla". Señala además que los comisarios "son políticamente responsables a título individual por las actuaciones incorrectas de los servicios que están bajo su responsabilidad".
El Parlamento considera que para evitar nuevas irregularidades no hacen falta nuevas disposiciones sino que se apliquen las existentes. Paulo Casaca señala en el escrito que en Eurostat se han incumplido desde 1999 las disposiciones del reglamento financiero y sus directores no reaccionaron adecuadamente ni informaron a sus superiores sobre las irregularidades descubiertas. Para la Cámara esta actitud "ha socavado la confianza en la realización de las reformas administrativas de la Comisión que se llevan a cabo desde marzo de 2000". Considera además "inaceptable" que la Comisión se niegue a investigar quiénes son los auténticos propietarios que optan a los contratos o subvenciones, sobre todo cuando existen sospechas de que puedan ser funcionarios de la CE.
Votaron en contra los socialistas y verdes, mientras que los miembros del Grupo Popular Europeo se abstuvieron al considerar que "no es el momento" de exigir a Solbes responsabilidades políticas, según señalaron a EFE fuentes de este grupo. El informe, elaborado por el eurodiputado portugués Paulo Casaca (socialista), asegura que los comisarios "han de rendir cuentas ante el Parlamento Europeo de sus acciones", y afirma que analizará "estas consideraciones" cuando apruebe las cuentas de 2002.
Aboga además por reforzar el modelo de auditoría interna y por poner fin de manera urgente a la "cultura del secretismo, la complejidad y la falta de claridad" en los flujos de información. Resalta que "todavía han de realizarse progresos sustanciales en lo que respecta a la clarificación de responsabilidades" sobre el caso Eurostat. Según el documento "La actuación que realizó la CE como respuesta a las pruebas irrefutables de graves deficiencias de gestión e irregularidades constituye más una excepción que la regla". Señala además que los comisarios "son políticamente responsables a título individual por las actuaciones incorrectas de los servicios que están bajo su responsabilidad".
El Parlamento considera que para evitar nuevas irregularidades no hacen falta nuevas disposiciones sino que se apliquen las existentes. Paulo Casaca señala en el escrito que en Eurostat se han incumplido desde 1999 las disposiciones del reglamento financiero y sus directores no reaccionaron adecuadamente ni informaron a sus superiores sobre las irregularidades descubiertas. Para la Cámara esta actitud "ha socavado la confianza en la realización de las reformas administrativas de la Comisión que se llevan a cabo desde marzo de 2000". Considera además "inaceptable" que la Comisión se niegue a investigar quiénes son los auténticos propietarios que optan a los contratos o subvenciones, sobre todo cuando existen sospechas de que puedan ser funcionarios de la CE.