LD (EFE) Según dijo Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, "la voluntad del Gobierno es valorar estas alegaciones en el seno del grupo interministerial durante estos próximos días, de modo que el miércoles de la semana próxima la Comisión de Subsecretarios pueda dar ya el visto bueno al plan para su elevación al Consejo de Ministros".
Según Aizpiri, el Consejo Económico y Social proporcionaría su dictamen el día 26 y el Consejo de Estado tiene como plazo de trámite de urgencia hasta el día 29, de modo que a final de mes puede estar ultimado el Plan Nacional de Asignación; se darían a conocer al Consejo de Ministros el 30 de julio y quedaría listo así para ser notificado a la Comisión Europea y a las partes interesadas.
No obstante, la aprobación no llegaría hasta después de las vacaciones, posiblemente en el primer Consejo de Ministros posterior, para poder cumplir así el plazo de 30 días para la convalidación por el Parlamento, que no se reúne en agosto.
Según Aizpiri, el Consejo Económico y Social proporcionaría su dictamen el día 26 y el Consejo de Estado tiene como plazo de trámite de urgencia hasta el día 29, de modo que a final de mes puede estar ultimado el Plan Nacional de Asignación; se darían a conocer al Consejo de Ministros el 30 de julio y quedaría listo así para ser notificado a la Comisión Europea y a las partes interesadas.
No obstante, la aprobación no llegaría hasta después de las vacaciones, posiblemente en el primer Consejo de Ministros posterior, para poder cumplir así el plazo de 30 días para la convalidación por el Parlamento, que no se reúne en agosto.
Principales alegaciones
En términos generales, las alegaciones piden que se concrete la metodología de asignación, que se asignen cantidades más altas en algunos sectores con el argumento de "errores" de inventario o la "falta" de la consideración de algunas instalaciones o actividades. En el caso de las CC.AA., piden una mayor participación en el proceso y se hacen propuestas en el sentido de una mayor participación de los gobiernos regionales, incluso mediante algún mecanismo de ventanilla única que facilite la tramitación de las peticiones de autorización de emisión.
Según precisó Aizpiri, no habrá cambios radicales, sino un "perfeccionamiento" del sistema. Preguntado por el sector eléctrico, el secretario general reconoció que es en el que hay que encajar más piezas. Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó que el sector eléctrico "no habla con una sola voz" en las alegaciones, sino que existen "reivindicaciones contradictorias", por lo que Gobierno ha presentado "una fórmula intermedia, salomónica".