LD (EFE)
Así lo recoge el "Informe de Fiscalización del cumplimiento de objetivos del Plan de Vivienda 1998-2001 y de los sistemas implantados por el Ministerio de Fomento para el seguimiento de las actuaciones" aprobado por el Pleno del Tribunal el pasado 30 de septiembre y elevado a las Cortes Generales.
El informe resalta la "baja ejecución del Plan en la construcción de vivienda protegida"
ya que casi un tercio de las programadas no se construyeron.
Las causas
, indica, fueron "la pérdida de rentabilidad para los promotores privados, en comparación con la promoción de vivienda libre en momentos de fuerte crecimiento de los precios de ésta, y el encarecimiento y escasez de suelo, que ha tenido una progresiva repercusión sobre los costes de construcción".
También recomienda "mayor información" del cumplimiento del Plan así como emprender actuaciones para reducir la relación entre el precio de la vivienda libre y la protegida con el, ya que esta situación disuade "a los promotores por el elevado diferencial de precios". El Tribunal considera que el precio máximo de las viviendas protegidas y el importe de ayudas "debe armonizarse" para que "sin superarse el gasto máximo previsto por el Gobierno para este fin, no se produjeran situaciones como la experimentada en el Plan 1998-2001, en la que el gasto inicial autorizado hubo de reducirse sustancialmente".
Además, el Tribunal pide que se amplíe "la vivienda protegida en régimen de alquiler" ya que sobre el total representa el 11,5 por ciento , según el censo del INE y el de vivienda social supone sólo el 2 por ciento.
También recomienda "mayor información" del cumplimiento del Plan así como emprender actuaciones para reducir la relación entre el precio de la vivienda libre y la protegida con el, ya que esta situación disuade "a los promotores por el elevado diferencial de precios". El Tribunal considera que el precio máximo de las viviendas protegidas y el importe de ayudas "debe armonizarse" para que "sin superarse el gasto máximo previsto por el Gobierno para este fin, no se produjeran situaciones como la experimentada en el Plan 1998-2001, en la que el gasto inicial autorizado hubo de reducirse sustancialmente".
Además, el Tribunal pide que se amplíe "la vivienda protegida en régimen de alquiler" ya que sobre el total representa el 11,5 por ciento , según el censo del INE y el de vivienda social supone sólo el 2 por ciento.