L D (EFE)
Según un estudio publicado en la última revista del Colegio de Economistas, con un salario medio español (unos 1.523 euros al mes), una persona puede comprar una vivienda de 180.000 euros (precio medio de una vivienda de cien metros cuadrados), pagando el 20% de entrada y el resto con un préstamo a 25 años y un tipo de interés del 4%, lo que absorbería el 50% de sus ingresos mensuales.
En cambio, si tiene en cuenta que se puede deducir al menos un 15% anual del coste de la vivienda y respetando su intención de no dedicar más del 50% de sus ingresos a la adquisición, esa misma persona podría comprarse un piso de 195.000 euros, un 8,3 por ciento más cara. Además, las deducciones relacionadas con la vivienda habitual en el Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) absorben 3.076 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado de este año.
Si de esa cifra se eliminan los gastos fiscales asociados al IVA, se puede deducir que los asociados directamente a la adquisición de viviendas suponen el 14,6% del total. Si tampoco se considera la reducción general sobre rendimientos del trabajo, la proporción aumenta hasta suponer el 20% de los presupuestos y entre el 0,8% y el 1% del Producto Interior Bruto. De acuerdo con los cálculos del estudio, estas magnitudes ponen de manifiesto que si se eliminaran las desgravaciones fiscales a la vivienda se podría duplicar el importe que anualmente se destina a investigación y desarrollo (I+D).
Para el autor del trabajo -el profesor del Departamento de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra José García-Montalvo-, las desgravaciones fiscales sobre la adquisición de viviendas termina beneficiando a los constructores y promotores dueños del suelo, así como a los inversiones. De hecho, y según sus datos, la deducción acaba convirtiéndose en una transferencia de más de 3.000 millones de euros anuales a las empresas constructoras y propietarias del suelo. Otro aspecto sobre el sector inmobiliario que el informe trata de desmontar es la supuesta bondad de los sistemas de adjudicación de suelo a través de concursos frente a las subastas.
Según el autor del informe, los concursos de suelo suponen una "asignación oscura y poco eficiente del suelo" y el hecho de primarlos frente a las subastas -tal y como pretende el Gobierno- "genera una transferencia de recursos desde el sector público local hacia las constructoras y promotoras que no tiene ninguna justificación económica"
En cambio, si tiene en cuenta que se puede deducir al menos un 15% anual del coste de la vivienda y respetando su intención de no dedicar más del 50% de sus ingresos a la adquisición, esa misma persona podría comprarse un piso de 195.000 euros, un 8,3 por ciento más cara. Además, las deducciones relacionadas con la vivienda habitual en el Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) absorben 3.076 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado de este año.
Si de esa cifra se eliminan los gastos fiscales asociados al IVA, se puede deducir que los asociados directamente a la adquisición de viviendas suponen el 14,6% del total. Si tampoco se considera la reducción general sobre rendimientos del trabajo, la proporción aumenta hasta suponer el 20% de los presupuestos y entre el 0,8% y el 1% del Producto Interior Bruto. De acuerdo con los cálculos del estudio, estas magnitudes ponen de manifiesto que si se eliminaran las desgravaciones fiscales a la vivienda se podría duplicar el importe que anualmente se destina a investigación y desarrollo (I+D).
Para el autor del trabajo -el profesor del Departamento de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra José García-Montalvo-, las desgravaciones fiscales sobre la adquisición de viviendas termina beneficiando a los constructores y promotores dueños del suelo, así como a los inversiones. De hecho, y según sus datos, la deducción acaba convirtiéndose en una transferencia de más de 3.000 millones de euros anuales a las empresas constructoras y propietarias del suelo. Otro aspecto sobre el sector inmobiliario que el informe trata de desmontar es la supuesta bondad de los sistemas de adjudicación de suelo a través de concursos frente a las subastas.
Según el autor del informe, los concursos de suelo suponen una "asignación oscura y poco eficiente del suelo" y el hecho de primarlos frente a las subastas -tal y como pretende el Gobierno- "genera una transferencia de recursos desde el sector público local hacia las constructoras y promotoras que no tiene ninguna justificación económica"