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Los sindicatos mantienen a casi 50.000 "delegados fantasma"

El diario La Gaceta denuncia la creación por parte de los sindicatos de toda una legión de 50.000 delegados fantasma de empresas que han desaparecido por la crisis. Esto afecta a la percepción de subvenciones y podría hacer incurrir a los sindicatos en un delito de falsedad documental.

Según el diario, desde el 2007 la crisis se ha llevado por delante a casi 58.000 empresas de más de seis empleados en nuestro país. Es el número que fija la ley para poder celebrar elecciones sindicales. Es por ello que la representatividad de las centrales ha tenido que cambiar sustancialmente.

Pero según los datos recabados por La Gaceta, el número de representantes certificados por el ministerio de Trabajo asciende a 324.475. El total de delegados de personal o miembros de comités de empresa se habría reducido en más de 94.000, aproximadamente. Sin embargo, los sindicatos mayoritarios han decidido no dar de baja a todos estos sindicalistas que no pueden seguir ejerciendo su labor, ya que su empresa ha desaparecido. Son casi 50.000 delegados fantasma que siguen desempeñando sus funciones pese a que su empresa no existe

Este dato no sólo desvirtúa, según el diario, los resultados electorales y la negociación colectiva, sino que también afecta a la percepción de subvenciones y el desarrollo de programas de formación.

En añadidura a esto, se da la circunstancia de que los certificados de resultados electorales constituyen un documento público que, si se demuestra que no son fieles al a realidad, podrían recaer en un posible delito de falsedad documental.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid notificó a las partes que se inhibía a favor del Tribunal Supremo al instruir una querella de Manos Limpias contra José Luis Rodríguez Zapatero y sus tres vicepresidentes, hace tan sólo dos semanas. Se refería a la corrección de errores del BOE del 25 de mayo en el que se modificaba la fecha del decreto ley que prohibía a los ayuntamientos endeudarse a partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre del 2011, y que motivó que se retrasase siete meses su entrada en vigor.

Según La Gaceta, la Unión Sindical Obrera (USO) ha remitido un escrito al ministro de Trabajo e Inmigración en el que exigen que se dé de baja como delegados sindicales o miembros de comités a aquellos representantes de los trabajadores que desempeñaran sus funciones en empresas de acreditada defunción. Las consejerías deberían mover ficha a la mayor brevedad posible.

 Es el caso de la de Industria Innovación y Empleo de la región de La Rioja, que ante una queja de USO instó a "impulsar las medidas oportunas" para darles de baja, para que los certificados de resultados electorales sean lo más "fieles y ajustadas a la realidad" posible. Luego sería el turno del ministerio de Celestino Corbacho. Aunque, como recuerda La Gaceta, el ministro está ocupado mudando los trastos a Cataluña.

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