LD (Agencias) Tras reunirse en Madrid con los directores generales del Comercio de todas Comunidades Autónomas, Cruz Roche afirmó que "decir que ha habido consenso quizás sea una afirmación demasiado aventurada, pero no ha habido ninguna discrepancia, nadie se ha opuesto a este planteamiento".
Según dijo el director general de Política comercial, el objetivo de esta negociación sobre horarios comerciales es evitar el gran número de litigios entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas –actualmente hay 12 recursos de inconstitucionalidad– y llegar a un consenso con las Comunidades Autónomas antes remitir el proyecto de Ley al Parlamento.
Según dijo el director general de Política comercial, el objetivo de esta negociación sobre horarios comerciales es evitar el gran número de litigios entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas –actualmente hay 12 recursos de inconstitucionalidad– y llegar a un consenso con las Comunidades Autónomas antes remitir el proyecto de Ley al Parlamento.
Las CCAA que quieran podrán liberalizar los horarios comerciales
Cruz Roche recordó que la normativa debería aprobarse, después de un "amplio debate" parlamentario, antes del 1 de enero de 2005, fecha en la que entra en vigor la liberación de horarios comerciales prevista en la Ley de Comercio de 1996. A su juicio, es difícil que en las autonomías no encaje la propuesta del Ministerio, "porque los que quieren mantener los 12 festivos y domingos actuales lo pueden hacer, los que quieren rebajarlos a ocho también y los que quieren libertad absoluta pueden ir a ello".
El director general reconoció que la mayoría de las Comunidades "se van a quedar con el mínimo estatal" y aseguró que el Gobierno exigirá que las autonomías cumplan en su normativa ese mínimo. No obstante, advirtió de que al final serán los operadores los que decidan si abren o no, "porque en virtud de la libertad de empresa no se puede obligar a las compañías a abrir".
El director general reconoció que la mayoría de las Comunidades "se van a quedar con el mínimo estatal" y aseguró que el Gobierno exigirá que las autonomías cumplan en su normativa ese mínimo. No obstante, advirtió de que al final serán los operadores los que decidan si abren o no, "porque en virtud de la libertad de empresa no se puede obligar a las compañías a abrir".
Las grandes superficies tendrían que suprimir entre 5.000 y 7.000 empleos
El punto negro de la nueva regulación está en que si la mayor parte de las CCAA optan por abrir sólo 8 festivos al año, como reconoce Cruz Roche, las grandes superficies tendrían que prescindir de numerosos trabajadores. Según ha advertido la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), integrada por cadenas como El Corte Inglés, Carrefour, Eroski y Alcampo, si esto sucede se eliminarían entre 5.000 y 7.000 empleos.