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Senado

Ley de Cooperación Autonómica

Por Ana Portalo

El rodillo que no fue

Posada lo había anunciado: ante temas de cooperación, “no se trata de que la mayoría del PP entre en funcionamiento”. Y así fue.

L D (Ana Portalo) El Gobierno ha renunciado a impulsar la Ley de Cooperación Autonómica ante el rechazo de la oposición y las comunidades. El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, lo confirmó este jueves tras finalizar la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, donde presentó su informe, “un documento de trabajo abierto”, tal como lo definió. Finalmente, la iniciativa se desarrollará en una ponencia especial que se constituirá en la Cámara Alta, y en ella participarán los grupos parlamentarios y las autonomías.

Poco antes de las cuatro de la tarde de este jueves, hora fijada para el comienzo de la Comisión, el barullo y el ajetreo estaba presente en los pasillos que dan acceso al viejo hemiciclo. El ministro negó que la ley supusiera “el cierre del proceso autonómico”, opinión sostenida por los socialistas. Pronunció reiteradamente dos palabras, “diálogo” y “consenso”. Y lanzó un mensaje: “No se pretende invadir ninguna competencia”.

No estaban allí para “recoger” las palabras de Posada los representantes de los gobiernos vasco y catalán, pero sí los portavoces en la Cámara de CiU y PNV, Francesc Xavier Marimón e Inmaculada Loroño respectivamente, quienes expresaron su rechazo a la futura ley. Marimón la calificó de “innecesaria” y “homogeneizadora”, mientras la senadora vasca señaló que “hasta en la Constitución están sentadas las bases de una verdadera cooperación autonómica”, sin que tenga que haber una ley que diga cómo tiene que articularse aquélla. Para el portavoz del PP en la Cámara, Esteban González Pons, la razón de tales ausencias se debía simplemente a los “prejuicios” que ya existían sobre cooperación autonómica antes de presentar el informe.

De todos modos, pese a las reticencias iniciales de los socialistas, la propuesta del Ejecutivo fue mejor acogida de lo que se esperaba en un principio. Tras finalizar el debate, el portavoz del PSOE, Juan José Laborda, y el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, único presidente autonómico presente en el debate, confirmaron que participarán en la ponencia propuesta por el PP, con dos condiciones: si el Gobierno asume que en ella se debatirán las propuestas del PSOE y si los nacionalistas también tienen cabida.

Durante la sesión, Posada habló de potenciar la cooperación entre las comunidades a través de las conferencias sectoriales. Ibarra amplió esa cooperación a tres cuestiones: la creación de una conferencia de presidentes autonómicos, encabezada por el presidente del Gobierno central; la participación de las comunidades en las instituciones de la Unión Europea, incluidos los Consejos de Ministros; y la reforma del Senado para convertirlo en Cámara de representación territorial. Éstos dos últimos son los escollos principales que dividen al PP y PSOE, en principio, difíciles de salvar.

Rodríguez Ibarra dejó claro que “la clave de la cooperación autonómica está en la reforma constitucional del Senado”. Y bromeó acerca de la institución: “Puede funcionar doscientos años más como está (...), lo que no molesta, no sobra”. Sin embargo, este punto es rechazado rotundamente por el PP. Es más, ese mismo día, el presidente del Gobierno, José María Aznar, había manifestado que el “único peligro” del futuro de España es la “inestabilidad institucional” que podría derivarse de iniciar una “aventura constituyente que no conduciría a ningún sitio”.

Pero también hay llaves que abren la puerta del entendimiento. Por ejemplo, están de acuerdo en proponer una conferencia de presidentes autonómicos, en reglar el funcionamiento de las comisiones bilaterales (que sirven para tratar asuntos que afectan sólo a una comunidad y al Gobierno central); las sectoriales (abordan temas que implican a todos, como la sanidad o la educación); y en impulsar las multilaterales (afectan sólo a varias autonomías).

Además, el Gobierno está a favor de que en la ponencia se discuta el desarrollo de leyes que ya existen, como la de Régimen de las Administraciones del Estado o de las distintas conferencias sectoriales. Así, las dos cuestiones que separan al Gobierno y al PSOE, es decir, la reforma del Senado y la representación autonómica, quedarían más difuminadas. El rodillo de la mayoría absoluta del PP no ha “apisonado” las posturas contrarias. Por el momento, aunque habrá que esperar, lo único que se impone es el diálogo.

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