Según el decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el indulto concedido por el Gobierno al juez Gómez de Liaño llevaba aparejado su reintegro a la carrera judicial, con la condición de no ocupar ningún puesto en la Audiencia Nacional, de cuyo juzgado número 1 fue titular. Pero la sala de lo Penal del Supremo, que se ha reunido este lunes como Sala General para estudiar la aplicación de dicha medida de gracia, considera que no procede aplicar el indulto "en los términos literales en que se contiene y específicamente en relación con el reintegro inmediato a la carrera judicial". El voto favorable al indulto de seis jueces de la Sala Segunda del Supremo se plasmará en un “voto particular” que aparecerá en la resolución que escriba la citada Sala.
Ante esta decisión, cabe la posibilidad de que el Gobierno plantee un conflicto de jurisdicción ante la Sala Especial de del alto tribunal que se ocupa de dichos supuestos, integrada por tres consejeros de Estado, dos magistrados de la Sala de lo Contencioso del Supremo y el presidente del tribunal, que cuenta con voto de calidad. El Ejecutivo, de momento, se ha limitado a emitir un escueto comunicado desde el Ministerio de Justicia en el que afirma que se adoptarán las acciones "que resulten pertinentes" para defender sus competencias relacionadas con el ejercicio del derecho de gracia, pero no lo hará hasta que conozca la resolución del Tribunal Supremo, que todavía ha de ser redactada.
Las declaraciones que la decisión ha suscitado son las previsibles. Tanto desde el PSOE como desde Izquierda Unida se ha aplaudido el pronunciamiento. Lo consideran un importante varapalo para el Gobierno de José María Aznar. Sorprende la posición de IU cuando Julio Anguita promovió, no hace mucho tiempo, una campaña para recoger dinero con el que sufragar la multa impuesta a Liaño tras su condena.
Sin embargo, la alegría más destacada estuvo en los medios de comunicación del Grupo Prisa que, desde que Liaño fue condenado, siempre antepuso la adjetivación despectiva de “juez prevaricador” a la simple cita de su nombre. Basándose en criterios legales, los medios de Prisa han mencionado repetidamente que “algunos sectores judiciales” opinan que la inclusión del reintegro en la carrera judicial de Gómez de Liaño en el indulto es una competencia que “excede la capacidad de gracia del Gobierno”. Este ha sido, durante todo el mes de diciembre, el argumento clave que ha aireado “El País” en sus editoriales y artículos de opinión de colaboradores y “firmas invitadas”.
Por su parte, el juez se ha mostrado respetuoso con la decisión de la Sala Segunda y ha asegurado que esperará a conocer los razonamientos jurídicos de la resolución antes de decidir si adopta algún tipo de acción al respecto. A su juicio, se trata de “una resolución judicial, que no es ni buena ni mala”.

POR OCHO VOTOS FRENTE A SEIS
Escándalo judicial y político por la decisión de la sala Segunda del Supremo contra Liaño
La sala Segunda del Tribunal Supremo ha añadido un capítulo más a una de las historias más ignominiosas de la judicatura española. Por ocho votos frente a seis se ha opuesto al indulto del Gobierno al juez Gómez de Liaño, más concretamente a que dicha medida de gracia suponga su regreso a la carrera judicial. Entre los que votaron a favor de la decisión se halla el juez Martínez Arrieta, ex marido de María Dolores Márquez de Prado, actual esposa de Gómez de Liaño.
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