Uno de los problemas a los que se enfrenta ETA es el control ideológico de los presos de la banda dentro y fuera de España. Mantener esa cohesión y facilitar documentación falsa son algunos de los cometidos de Xaki. Así, eliminar la posibilidad de ese control supone una importante desestabilización.
El 29 de enero de 2000 la Policía, en una operación coordinada por el juez Garzón, detuvo a ocho miembros de "XAKI”. Se trataba de Gorka Martínez Bilbao, Sabin del Bado González, Miriam Campos Alonso y Rosario Buñuel Pérez, dirigentes de HB; Mikel Gotzon Resa Ajamil, miembro de Askapena, un grupo internacionalista; y José Ramón Antxia Celaya, Iñigo Elkoro Ayastui y Mikel Korta Carrión, relacionados con las Gestoras Pro Amnistía.
El juez dictó prisión incondicional para cinco de los detenidos, mientras que Rosario Buñuel quedó en libertad bajo fianza de un millón de pesetas y José Ramón Antxia y Mikel Gotzon Resa, de dos millones. El 22 de marzo Garzón envió una exposición razonada al Tribunal Supremo para que éste decida qué órgano judicial es el competente en la causa sobre "XAKI", al haber encontrado indicios de delito en la actuación de Esther Aguirre, responsable de relaciones internacionales de EH y miembro de la Mesa Nacional de HB. Al día siguiente, la Audiencia Nacional dictó una orden de busca y captura internacional contra Elena Beloki, responsable de comunicación de XAKI y encargada de Europa en EH, por su supuesta relación con el "aparato internacional" de ETA.
El 7 de agosto de 2000 Garzón procesó a dieciséis personaspor su presunta pertenencia a XAKI. Además de los arrestados tras la operación del 29 de enero, fueron procesados Mikel Egibar, Dolores Txapartegui, Maite Ubiria y Carlo María Gonzato, todos ellos detenidos en marzo de 1999, y Carlos Saez de Egilaz, que se encuentra en paradero desconocido y contra el que hay dictada una orden de búsqueda y captura internacional. El 7 de noviembre de 2000 la Audiencia Nacional decretó la libertad bajo fianza de un millón de pesetas para Elena Beloki, al entender que las actividades de las que estaba acusada no son "propias de la organización terrorista".
El 8 de febrero de 2001 la Audiencia Nacional revocó el procesamiento de cinco de las quince personas imputadas por el juez Garzón en relación con XAKI que recurrieron esta medida: María Rosario Buñuel, Sabin del Bado, Gotzon Resa, María Teresa Ubiría y Carlo María Gonzato. Este tribunal dispuso asimismo la "inmediata puesta en libertad" de Miriam Campos y la libertad bajo fianza de diez millones de pesetas de Mikel Egibar y de Gorka Martínez, las tres únicas personas que permanecían encarceladas de todos los procesados. La Audiencia estimó que durante la investigación "tan solo se ha verificado la actuación ilícita de algunos miembros de XAKI, pero se trata de actos criminales individuales" que, "por tanto, no afectan a la licitud o ilicitud de la asociación".
Clausura temporal en marzo
El 7 de marzo de 2001 el juez Garzón ordenó la clausura temporal de XAKI, que justificó seis días después en un auto en el que también ordenó a la Policía el bloqueo de las cuentas bancarias de la Asociación y la investigación de su supuesta relación con la denominada "Herriko Embaxada". El juez ordenó la suspensión para evitar la potencial reorganización del aparato de relaciones Internacionales de ETA' y sostuvo que XAKI fue creada con apariencia de legalidad pero en realidad responde a una estrategia preestablecida por la banda terrorista, que la utiliza como cobertura o tapadera de la verdadera actividad.
”Una especie de ministerio de Relaciones Exteriores”
XAKI fue presentada en Bilbao el 23 de julio de 1996 por Mikel Egibar y Mikel Gotzon Resa como una asociación europea legal con el objetivo de proyectar hacia el exterior a "Euskal Herria en su territorialidad". El auto de prisión firmado el 2 de febrero por el juez Garzón contra los ocho inicialmente detenidos, señalaba que XAKI constituye "una especie de ministerio de Relaciones Exteriores en consonancia con el concepto que tiene ETA de Estado Paralelo". XAKI también se encargaba de deslegitimar el orden jurídico de España en el extranjero, además de difundir la identidad del pueblo vasco e insistir en que sus "derechos colectivos" son negados por los Estados español y francés.
El juez considera que XAKI heredó en 1996 las funciones desarrolladas entre 1991 y 1994 por el Comité de Relaciones Exteriores (KHK), y entre 1994 y 1996 por la Estructura Amancomunada del Exterior (KEA). XAKI se financia, según el auto de Garzón, mediante cuotas porcentuales aportadas por las organizaciones del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) que disponen de aparato de relaciones internacionales (HB, Gestoras Pro Amnistía, LAB, KAS, ASKAPENA y JARRAI).

ANTITERRORISMO
Xaki: una pared menos en el laberinto de ETA
Gracias a las investigaciones judiciales y policiales, el entramado que da vida a la banda terrorista ETA está quedando, al menos, al descubierto. El camino en la lucha contra el terrorismo empieza a despejarse pese a algunos episodios de incoherencia jurídica. La clausura de Xaki es otro paso importante. Se trata de un golpe a la dimensión internacional de ETA, sustento del apoyo logístico del terrorismo, principalmente en Europa e Iberoamérica.
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