L. D. / EFE.-
En un auto, la sección primera de la sala de lo penal de este tribunal desestima así el recurso de la Fiscalía contra la decisión del juez Juan del Olmo de inhibirse de la investigación y asegura que "la competencia para conocer de los hechos objeto de la presente causa viene atribuida al Juzgado de Instrucción que por turno corresponde". Frente al argumento de Anticorrupción de que "estamos ante una malversación de cinco mil millones de pesetas, lo que supone la repercusión en la economía nacional", la sala dice que la cuantía de un fraude no es motivo suficiente para determinar la competencia de la Audiencia Nacional.
En este caso, además, la entidad presuntamente defraudada es el Ayuntamiento de Marbella, "con lo que no parece que pueda repercutir fuera de su propio ámbito territorial, se haya producido quebranto económico a entidad territorial distinta de la local, ni tampoco afectación grave a la seguridad del tráfico mercantil". Tampoco el hecho de que supuestamente existiera una trama "en la que las sociedades que sirven para dar cobertura contable están fuera de Marbella, pues se encuentran en Madrid y otros lugares", sirve para entender que la Audiencia Nacional debe asumir la investigación, pues lo que la ley exige "los perjudicados sean una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia".
El fiscal anticorrupción Javier Sánchez Junco afirmaba en la querella que Gil, "con el objeto de enriquecerse personalmente y valiéndose del puesto que ocupaba como alcalde del Ayuntamiento de Marbella desde 1991, llevó a cabo de forma sistemática durante ese mismo año y hasta 1995 una detracción de fondos del Ayuntamiento" de unos cinco mil millones de pesetas. Para ello, según el escrito, "en ocasiones desvió fondos del Ayuntamiento que dirigía a sus propias cuentas bancarias o a las sociedades de su propiedad o por él controladas, y en otras ocasiones se valió de personas de su íntima confianza que figuraban como preceptores de las cantidades, que finalmente acababan bajo su dominio". Las sociedades de gestión supuestamente utilizadas que se citan en la querella son Contratas 2000, S.L.; Planeamiento 2000, S.L.; Jardines 2000, S.L.; Eventos 2000, S.L. y Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000, S.L.
En este caso, además, la entidad presuntamente defraudada es el Ayuntamiento de Marbella, "con lo que no parece que pueda repercutir fuera de su propio ámbito territorial, se haya producido quebranto económico a entidad territorial distinta de la local, ni tampoco afectación grave a la seguridad del tráfico mercantil". Tampoco el hecho de que supuestamente existiera una trama "en la que las sociedades que sirven para dar cobertura contable están fuera de Marbella, pues se encuentran en Madrid y otros lugares", sirve para entender que la Audiencia Nacional debe asumir la investigación, pues lo que la ley exige "los perjudicados sean una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia".
El fiscal anticorrupción Javier Sánchez Junco afirmaba en la querella que Gil, "con el objeto de enriquecerse personalmente y valiéndose del puesto que ocupaba como alcalde del Ayuntamiento de Marbella desde 1991, llevó a cabo de forma sistemática durante ese mismo año y hasta 1995 una detracción de fondos del Ayuntamiento" de unos cinco mil millones de pesetas. Para ello, según el escrito, "en ocasiones desvió fondos del Ayuntamiento que dirigía a sus propias cuentas bancarias o a las sociedades de su propiedad o por él controladas, y en otras ocasiones se valió de personas de su íntima confianza que figuraban como preceptores de las cantidades, que finalmente acababan bajo su dominio". Las sociedades de gestión supuestamente utilizadas que se citan en la querella son Contratas 2000, S.L.; Planeamiento 2000, S.L.; Jardines 2000, S.L.; Eventos 2000, S.L. y Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000, S.L.