L. D.-
El llamado “caso Filesa” de financiación ilegal del Partido Socialista llegó al Tribunal Supremo en 1997, un año y medio después de que José María Aznar se convirtiera en presidente del Gobierno. Ocho personas fueron condenadas por esta trama ilegal que servía como tapadera para ingresar dinero en las arcas del PSC y, por ende, en las del PSOE. El Supremo consideró probados buena parte de los delitos que se achacaban a los procesados.
El senador socialista Josep María Sala fue condenado por dos delitos, uno de asociación ilícita y otro de falsedad en documento mercantil. La pena ascendía a tres años de prisión, un par de multas por 350.000 pesetas, y seis años y un día de inhabilitación especial para ejercer cargo público. Se trata del único condenado al que se le admite el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional. Según ha desvelado la Cadena COPE en exclusiva, Sala es amparado por el TC porque –según recoge la sentencia– el Supremo vulneró su derecho a la presunción de inocencia. Algo que, según parece, no vulneró con el resto de procesados.
Los tres implicados que recibieron la mayor condena fueron Carlos Navarro, Alberto Flores y Luis Oliveró . Navarro, ex diputado del PSOE, fue condenado a 11 años de prisión por dos delitos de falsedad continuada en documento mercantil, uno de asociación ilícita y otro fiscal. Alberto Flores y Luis Oliveró obtuvieron la misma condena: diez años de cárcel por los mismos delitos cometidos por Carlos Navarro. Estos tres, además, fueron condenados a pagar una multa, conjuntamente, de casi 260 millones de pesetas. No pagaron y el Estado asumió, solidariamente, el pago de la multa por la cuota fiscal defraudada.
El pasado 1 de diciembre de 2000 el Gobierno otorgó el indulto a cerca de 1.500 condenados. Entre ellos estaban estos tres: Carlos Navarro, Alberto Flores y Luis Oliveró, que le habían solicitado la medida de gracia al Ejecutivo y quedaron libres de lo que les quedaba por cumplir en sus respectivas condenas. De este modo, el recurso de amparo solicitado al Tribunal Constitucional tiene un efecto nulo en sus casos. Lo que sucede es que lo presentaron antes de que el Gobierno decretara los indultos.
En el caso de Aída Álvarez y su marido Miguel Molledo , ambos implicados por su relación con la empresa “Grupo 2020”, relacionada con la trama de Filesa, la condena fue menor. Ambos fueron condenados a dos años, cuatro meses y un día de prisión por un delito de falsedad continuada en documento mercantil. Al presentar el recurso de amparo ante el Constitucional, salieron de la cárcel. Ahora tendrán que volver a ingresar en prisión, ya que ninguno de los dos fueron indultados por el Gobierno el pasado mes de diciembre pese a que lo solicitaron.
Juan A. Molina Vivas y Eugenio Marín García Mansilla también fueron condenados por el “caso Filesa”. En su caso, ambos tuvieron que cumplir seis meses de arresto y, además, fueron condenados a indemnizaciones por valor de casi 300 millones de pesetas. Se pudo demostrar en el juicio que habían cometido sendos delitos de apropiación indebida en las empresas ENASA (hoy Iveco-Pegaso) y CEPSA. Molina y Marín no presentaron recurso de amparo ante el Constitucional.
Informe elaborado con documentación de EFE y Libertad Digital.
El senador socialista Josep María Sala fue condenado por dos delitos, uno de asociación ilícita y otro de falsedad en documento mercantil. La pena ascendía a tres años de prisión, un par de multas por 350.000 pesetas, y seis años y un día de inhabilitación especial para ejercer cargo público. Se trata del único condenado al que se le admite el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional. Según ha desvelado la Cadena COPE en exclusiva, Sala es amparado por el TC porque –según recoge la sentencia– el Supremo vulneró su derecho a la presunción de inocencia. Algo que, según parece, no vulneró con el resto de procesados.
Los tres implicados que recibieron la mayor condena fueron Carlos Navarro, Alberto Flores y Luis Oliveró . Navarro, ex diputado del PSOE, fue condenado a 11 años de prisión por dos delitos de falsedad continuada en documento mercantil, uno de asociación ilícita y otro fiscal. Alberto Flores y Luis Oliveró obtuvieron la misma condena: diez años de cárcel por los mismos delitos cometidos por Carlos Navarro. Estos tres, además, fueron condenados a pagar una multa, conjuntamente, de casi 260 millones de pesetas. No pagaron y el Estado asumió, solidariamente, el pago de la multa por la cuota fiscal defraudada.
El pasado 1 de diciembre de 2000 el Gobierno otorgó el indulto a cerca de 1.500 condenados. Entre ellos estaban estos tres: Carlos Navarro, Alberto Flores y Luis Oliveró, que le habían solicitado la medida de gracia al Ejecutivo y quedaron libres de lo que les quedaba por cumplir en sus respectivas condenas. De este modo, el recurso de amparo solicitado al Tribunal Constitucional tiene un efecto nulo en sus casos. Lo que sucede es que lo presentaron antes de que el Gobierno decretara los indultos.
En el caso de Aída Álvarez y su marido Miguel Molledo , ambos implicados por su relación con la empresa “Grupo 2020”, relacionada con la trama de Filesa, la condena fue menor. Ambos fueron condenados a dos años, cuatro meses y un día de prisión por un delito de falsedad continuada en documento mercantil. Al presentar el recurso de amparo ante el Constitucional, salieron de la cárcel. Ahora tendrán que volver a ingresar en prisión, ya que ninguno de los dos fueron indultados por el Gobierno el pasado mes de diciembre pese a que lo solicitaron.
Juan A. Molina Vivas y Eugenio Marín García Mansilla también fueron condenados por el “caso Filesa”. En su caso, ambos tuvieron que cumplir seis meses de arresto y, además, fueron condenados a indemnizaciones por valor de casi 300 millones de pesetas. Se pudo demostrar en el juicio que habían cometido sendos delitos de apropiación indebida en las empresas ENASA (hoy Iveco-Pegaso) y CEPSA. Molina y Marín no presentaron recurso de amparo ante el Constitucional.
Informe elaborado con documentación de EFE y Libertad Digital.