L. D. / EFE.-
El presunto etarra, de 23 años, fue detenido por las autoridades británicas el 25 de abril pasado y el Gobierno español anunció el día 1 de junio su decisión de pedir su extradición. El juez Croft, quien presidió la audiencia en el tribunal de Maidstone, dijo al anunciar la sentencia que “tomo en cuenta que (el acusado) se ha declarado culpable y su buen comportamiento”.
Momentos antes, la abogada de la defensa, Allison Monroe pidió al juez que impusiera a su cliente la pena mínima, alegando que este se había declarado culpable de los cargos que se le imputaban en este tribunal y que había demostrado un “buen comportamiento”. El magistrado aceptó esas dos alegaciones e impuso a Makazaga la pena mínima establecida por la legislación británica para este tipo de delitos, que puede llegar hasta un máximo de 12 meses de prisión.
Además, a la condena de Makazaga se le descontarán los 79 días que ha estado encarcelado desde su detención en este país. El magistrado no pareció, sin embargo, convencido por las alegaciones de Monroe de que su cliente utilizó un pasaporte falso porque tuvo que salir precipitadamente del “norte de España” porque sentía que su vida estaba amenazada.
Al ser preguntado por la razón, Monroe dijo no poder responder a esas preguntas pero insistió en que fue el temor a las amenazas lo que hizo que su cliente utilizara documentación falsa y explicó que Makazaga nunca ha tenido un pasaporte a su nombre.
Cuando fue detenido, el acusado llevaba un pasaporte a nombre de Raúl García Saenz de Urturi, así como un Documento Nacional de Identidad y un permiso de conducir españoles. Las autoridades españolas reclaman a Makazaga por delitos de colaboración con la banda terrorista ETA, por tenencia de explosivos y asesinato terrorista en grado de tentativa.
Momentos antes, la abogada de la defensa, Allison Monroe pidió al juez que impusiera a su cliente la pena mínima, alegando que este se había declarado culpable de los cargos que se le imputaban en este tribunal y que había demostrado un “buen comportamiento”. El magistrado aceptó esas dos alegaciones e impuso a Makazaga la pena mínima establecida por la legislación británica para este tipo de delitos, que puede llegar hasta un máximo de 12 meses de prisión.
Además, a la condena de Makazaga se le descontarán los 79 días que ha estado encarcelado desde su detención en este país. El magistrado no pareció, sin embargo, convencido por las alegaciones de Monroe de que su cliente utilizó un pasaporte falso porque tuvo que salir precipitadamente del “norte de España” porque sentía que su vida estaba amenazada.
Al ser preguntado por la razón, Monroe dijo no poder responder a esas preguntas pero insistió en que fue el temor a las amenazas lo que hizo que su cliente utilizara documentación falsa y explicó que Makazaga nunca ha tenido un pasaporte a su nombre.
Cuando fue detenido, el acusado llevaba un pasaporte a nombre de Raúl García Saenz de Urturi, así como un Documento Nacional de Identidad y un permiso de conducir españoles. Las autoridades españolas reclaman a Makazaga por delitos de colaboración con la banda terrorista ETA, por tenencia de explosivos y asesinato terrorista en grado de tentativa.