L D (EFE)
En el escrito, presentado este jueves en un Juzgado de Bilbao, se solicita que sea citado el demandado y advierte que el demandante "ejercerá cuantas acciones civiles o penales le corresponden frente al demandado para la defensa de su derecho al honor", si no se atienden sus peticiones.
En su escrito el ex ministro del Interior exige a Arzalluz que se retracte públicamente "de forma inmediata" respecto a "esa falsa acusación, que ha vulnerado gravemente el honor y crédito público" de Jaime Mayor Oreja. El pasado día 9 de febrero Arzalluz efectuó una declaración pública en la que "a conciencia de que lesionaba la dignidad" de Mayor Oreja, "le acusó de tener intereses personales o familiares en compañías privadas de seguridad, sugiriendo que éste hecho podía ser la causa de una intención gubernamental de privatización de la policía", recuerda el escrito.
Para el demandante, esta acusación es "manifiestamente falsa", ya que Mayor Oreja "no tiene ningún interés en ninguna compañía privada de seguridad", ni tampoco persona alguna de su familia. "(...) En consecuencia -precisa el escrito- ninguna supuesta decisión gubernamental podría justificarse en esas inexistentes relaciones o intereses de D. Jaime Mayor Oreja o su familia con compañías privadas de seguridad".
El escrito del demandante indica también que "antes de efectuar esas declaraciones" el presidente del PNV "no había investigado" si Mayor Oreja o su familia tienen intereses en compañías privadas de seguridad y "desconocía si este hecho es o no cierto".
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En su escrito el ex ministro del Interior exige a Arzalluz que se retracte públicamente "de forma inmediata" respecto a "esa falsa acusación, que ha vulnerado gravemente el honor y crédito público" de Jaime Mayor Oreja. El pasado día 9 de febrero Arzalluz efectuó una declaración pública en la que "a conciencia de que lesionaba la dignidad" de Mayor Oreja, "le acusó de tener intereses personales o familiares en compañías privadas de seguridad, sugiriendo que éste hecho podía ser la causa de una intención gubernamental de privatización de la policía", recuerda el escrito.
Para el demandante, esta acusación es "manifiestamente falsa", ya que Mayor Oreja "no tiene ningún interés en ninguna compañía privada de seguridad", ni tampoco persona alguna de su familia. "(...) En consecuencia -precisa el escrito- ninguna supuesta decisión gubernamental podría justificarse en esas inexistentes relaciones o intereses de D. Jaime Mayor Oreja o su familia con compañías privadas de seguridad".
El escrito del demandante indica también que "antes de efectuar esas declaraciones" el presidente del PNV "no había investigado" si Mayor Oreja o su familia tienen intereses en compañías privadas de seguridad y "desconocía si este hecho es o no cierto".
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