Malas interpretaciones de ánimos nuevos

La decisión del Tribunal Supremo de archivar la querella contra Otegui por los vivas a ETA que lanzó en Francia es la noticia más destacada y comentada por la prensa de este martes. Hay también gran cantidad de editoriales dedicados a comentar la victoria de Álvaro Uribe en las elecciones presidenciales en Colombia. La matanza del día en Israel —al menos dos muertos y decenas de heridos, entre ellos varios niños— , como de costumbre, sólo es llevada a portada en pocos periódicos —ABC, La Razón y El País— y no es objeto de comentario en editorial alguno. Los preparativos de la Cumbre de Sevilla, ante la convocatoria de huelga y las amenazas de disturbios, la equiparación de terrorismo y el nazismo efectuada por Bush en su visita a Normandía y la decisión de Alierta de anunciar mañana la reestructuración de la alta dirección de Telefónica son otras de las noticias presentadas en varias de las portadas de los diarios.

Los diarios que comentan la decisión del Supremo de no proceder contra el portavoz de Batasuna —El Mundo, ABC y La Razón— coinciden en recordar que la reforma de hace apenas dos años por la que se modificó el Código Penal tenía como objeto, entre otras cosas, facultar a los jueces para que persiguieran, en el contexto de la lucha antiterrorista, el delito hasta ahora virtualmente impune de apología del terrorismo. Los tres diarios destacan que la ley Orgánica del Poder Judicial considera competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley penal española, como alguno de los siguientes delitos”, entre los que se incluye el de terrorismo, pero no específicamente el de su apología. Los magistrados del Supremo alegan que la apología del terrorismo debe ser, y es, un delito, pero que no es un delito de terrorismo como tal porque eso nos coincidiría al absurdo de tener que considerar delito la apología de la apología del terrorismo. Esto, sin embargo, no es más que aprovecharse de la falta de una citación especifica que ciertamente no hubiera estado de más, pero que no es razón para desatender al animo del legislador y al mero sentido común de no querer dejar impunes acciones relacionadas con el crimen organizado que se cometan en el exterior pero que acaban de ser declaradas penalmente sancionables y sufridas en el interior de nuestras fronteras.

Sin embargo, El Mundo se limita, sin apenas tomar partido, a exponer la “legítima polémica” que ha desatado la decisión del Supremo. Aunque admite que el fallo judicial “rebaja el listón de la lucha antiterrorista” se limita a advertir que “con ella el Tribunal podría estar enviando al Gobierno y al Parlamento una advertencia sobre su posible rigor a la hora de aceptar en su día solicitudes de ilegalización de Batasuna”. Los editoriales de ABC y La Razón se implican mucho más y acertadamente consideran que los magistrados “han rizado el rizo garantista”. Para La Razón, “el tribunal tendrá sus razones técnicas, pero vulnera la intención de los otros poderes del Estado”. ABC, más contundente aún, señala que la inclusión del “enaltecimiento o justificación” del delito de terrorismo en el propio epígrafe “de los delitos de terrorismo” deja en evidencia la intención del legislador de que la apología no quede excluido de los delitos sujetos a la jurisdicción española. Por todo ello, ABC señala rotunda y acertadamente que la decisión no se basa en la inexistencia de pruebas sobre los hechos o en la duda sobre la calificación penal de los mismos, sino en una fragrante desvinculación del Tribunal respecto del mandato del legislador”.

Por nuestra parte no dejamos de criticar esas interpretaciones de los jueces que siempre rebajan y nunca elevan la ya de por sí escasa severidad con la que el legislador pretende perseguir el terrorismo. Pero también es, desgraciadamente, verdad que el ánimo combativo es muy reciente. La clase política española ha sido durante tanto tiempo tan escasamente beligerante con el terrorismo y su entorno que en su recién estrenada firmeza esta dejando en evidencia las lagunas tanto tiempo consentidas.

Nosotros tampoco dudamos que se haya malinterpretado la intención del Poder Legislativo, pero instamos a sus representantes a que así lo manifiesten abiertamente y anuncien cambios que erradiquen esas “razones técnicas” en las que los magistrados se han refugiado para no acatar su voluntad. Si les han malinterpretado, que se lo digan más claro.

Hay que recordar la falta de graduación penal en la legislación que esgrimió el Tribunal Constitucional para proceder a la excarcelación de la antigua dirección de HB. Entonces los políticos –no digamos ya la prensa– creyeron conveniente desatender esa carencia legislativa percibida por el Máximo Tribunal. Eran los bochornosos tiempos de tregua en la que los aires del proceso de paz vinieron a reemplazar al Estado de Derecho y al imperativo, moral, legal y político de combatir el terrorismo. Entonces “convenía” levantar la venda a la Justicia para que viera no que no era momento de que los esfuerzos contra la impunidad malograsen el “proceso de paz”, la misma impunidad que entonces negociaban los representantes de Aznar con los terroristas a cambio de no ceder a sus objetivos políticos.

Esperemos que los políticos, que es ahora a los que, por fin, se les va cayendo la venda, insten y obliguen a los jueces a tener claro que su voluntad es que la Justicia no quede al margen en la lucha contra el terrorismo. Ni ahora ni nunca más.

Con terroristas no se negocia, ni con la mano ni con el corazón

Hoy todos los diarios entran a valorar la elección de Alvaro Uribe como nuevo presidente de Colombia. Hay bastante unanimidad a la hora de valorar la mayoria absoluta obtenida por el candidato independiente como una muestra de la apuesta del pueblo colombiano por pasar a la ofensiva y combatir beligerantemente el terrorismo, tras la bochornosa y claudicante actitud de Pastrana durante el “proceso de paz”. Sin embargo la mayoria de los diarios sigue sin denunciar como tal la naturaleza esencialmente terrorista y narcotraficante de las FARC. ABC los tilda de “insurgentes que luchan contra El Gobierno” y habla “del fuego cruzado del todos contra todos” que tienen a los civiles como a “sus principales víctimas”. El País habla de “grupos guerrilleros” y los “grupos armados”. El Mundo tampoco en ninguna ocasión se refiere a los “guerrilleros” como terroristas, al igual que hace La Vanguardia. Tan sólo La Razón analiza en un breve pero acertado editorial la naturaleza terrorista de la tragedia que padece Colombia. La Razón respalda abiertamente a Uribe por estar “dispuesto a afrontar con firmeza la amenaza terrorista”. Incluso en cierta forma le reprocha la ciertamente contradictoria oferta de diálogo y flexibilidad de Uribe con la que los terroristas será tratados, eso sí, si dejan de matar.

Para La Razón “esta es una política que, hasta ahora no ha servido de mucho. Quizá a él le valga, si la combina sabiamente con firmeza y voluntad de vencer”. Ciertamente esa voluntad y determinación de vencer es lo que ha faltado en Colombia. Por eso nos parece que el análisis se estropea al final del editorial al concluir que “el reto que le queda a Uribe es casi imposible, pero debe contar con el apoyo internacional para vencer. Porque la lucha contra el terrorismo no acaba sólo donde quiera Estados Unidos”. El antiamericanismo, que en nuestro país es patología de la derecha y de la izquierda está de más. Estados Unidos no negocia absolutamente nada con los terroristas. No reclama mediadores sino respaldo y apoyo a su beligerancia contra ellos. Los terroristas nada van a conseguir del Gobierno de Bush, tanto si dejan como si continúan matando. Es el Gobierno colombiano el que sentó a negociar. Es Uribe quien ha pedido ayuda internacional pero como mediadores lo cual legitima y da esperanzas al terrorismo. Es el Gobierno colombiano —en línea, dicho sea de paso, con la inmensa mayoria de los medios de comunicación españoles— el que se ha empeñado en tratar hasta ahora al terrorismo de forma distinta a como lo hace Estados Unidos.

El País, contra la gratuidad de los colegios privados

El País, aunque dedica su principal titular a instar a Zapatero a que haga campaña contra el “decretazo” de la reforma del subsidio de desempleo, también destaca en portada que “la mayor parte del dinero de la reforma educativa se destina a colegios privados.”. Con una afirmación tan sectaria, a El País no le hace falta editorial. En cualquier caso, queda claro que este diario no entra a valorar si considera acertado que se haya incrementado en 159 millones de euros el gasto dedicado a Educación; tampoco si cree conveniente que la mayor parte de este incrmento, 121 millones, vayan destinados a financiar la gratuidad de la educación infantil de tres a seis años. La unica objeción que expresa su sectario titular es que esa gratuidad alcance a los centros privados. Ante eso, sólo replicaremos que los titulares del derecho a la educación son los educandos, no los centros estatales ni privados. Ya que los ciudadanos tienen que pagar impuestos por la educación de sus hijos, que al menos puedan elegir el centro escolar al que llevarlos.