Hilar en la ley lo que deshilan los jueces

La crítica que Aznar ha dirigido al Tribunal Supremo por no incriminar a Otegui y el acuerdo de cooperación aprobado por Rusia y la OTAN son las dos noticias más destacadas de este miércoles. La reforma pesquera propuesta por Fischler que obligaría a España a desguazar 1.800 barcos y la decisión del Gobierno de tramitar como proyecto de ley la reforma del subsidio de desempleo son, junto al plante que hoy dará la oposición al Gobierno en la sesión de control del Parlamento, el resto de las noticias más destacados en las portadas.

Aunque el acertado y conveniente rechazo manifestado pública y abiertamente por Aznar respecto a la decisión del Supremo de no proceder contra el portavoz de Batasuna es ampliamente destacada por todos los diarios, sólo los diarios que ayer no dedicaron editorial a la decisión del Tribunal —El País y La Vanguardia— hacen un comentario a la cuestión.

La Vanguardia aunque pretende limitarse a describir la polémica ni siquiera lo hace de forma ajustada. Plantea como objeto de discrepancia “la cuestión semántica” cuando en esta no hay discusión: ETA son las siglas de Euskadi Ta Askatasuna a las que brindó homenaje el “viva” de Otegui. No sólo es, como dice La Vanguardia, “evidente moralmente que Otegui jaleó a la banda terrorista”, es que lo hizo literalmente. Puestos a ser absurdamente puntillosos “La libertad de Euskadi” o “Euskadi y su libertad” no se corresponde exactamente con la traducción de Euskadi Ta Askatasuna, por lo que no sólo es evidente que moralmente Otegui jaleaba a los terroristas, es que lo hacia literalmente.

Hubiera sido el colmo de la desfachatez el que los magistrados hubieran recurrido a ese argumento. Aunque su decisión también vulnera claramente el ánimo del legislador, lo hace de forma más engañosa. El Supremo distingue entre los delitos estrictos de terrorismo y el delito de apología de los mismos, pero no toma en consideración que el poder legislativo los incluyó deliberadamente bajo el mismo epígrafe y que la referencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial que legitima la Jurisdicción Española sobre hechos ocurridos en el extranjero hace referencia no a artículos específicos sino a epígrafes genéricos entre los que esta incluida la apología.

El País también se limita a una aséptica descripción de la polémica pero no duda en recriminar el justificado y conveniente rechazo del Gobierno a esta grave decisión judicial. Alegando que son los jueces los responsables de dilucidar la naturaleza del delito, asegura que “carece de sentido que el presidente del Gobierno y su ministro de Justicia se escandalicen por la resolución y pongan en duda la determinación de algunos jueces en la lucha contra el terrorismo”. En primer lugar, es el poder legislativo, no el judicial, el que tiene soberanía para establecer qué delitos son perseguibles de oficio al margen del lugar en el que se hayan cometido. Tanto los delitos “estrictos” de terrorismo como los de su apología están incluidos en el mismo epígrafe en el Código penal, el que se titula "De los delitos de terrorismo". Y la competencia que legitima a la jurisdicción española sobre los delitos que se cometan en el extranjero se refieren a epígrafes, no a los artículos individualmente considerados. Por otra parte, los miembros del Gobierno, como todos los ciudadanos, tienen el deber de someterse a los dictámenes judiciales, pero, en democracia, todos tenemos perfecto derecho a valorarlas y a expresar nuestro rechazo o incluso repugnancia si así nos lo parece.

Desgraciadamente, los miembros de este Gobierno no son ajenos a esa actitud “políticamente correcta” de no cuestionar ni criticar las decisiones judiciales. Hay que felicitar hoy al presidente porque sí lo haya hecho en esta ocasión tan claramente. El País quiere proteger la tesis del magistrado polanco-felipista, pero ese sector judicial es un claro obstáculo para el paso a la ofensiva contra el terrorismo que ha emprendido el Gobierno. Si el PSOE sigue al PP en esa línea de hostigamiento al nacionalismo violento, el acercamiento al PNV deseado por Prisa se dificultará. Prisa, que lleva varios días con editoriales haciendo campaña contra la reforma judicial, no quiere perder su influencia en este poder que ejerce a través del PSOE.

El PP, también es cierto, en lugar de proceder a la división de poderes defendida en la oposición, ha querido ganar influencia creyendo que el marco anterior podía ser utilizado en su provecho. Vamos, más o menos, lo mismo que en los medios de comunicación. Si es evidente que el felipismo mediático goza de buena salud, no es menos claro el peso e influencia de su frente judicial.

Si el recurso del fiscal no prospera, es evidente que el Gobierno de Aznar no sólo no debe limitarse a protestar sino que debe pasar a legislar para erradicar toda excusa en la letra de la ley que evite que la apología de ETA quede impune si se comete fuera de nuestras fronteras. No deja de ser bochornoso, es verdad, que el poder legislativo tenga que hilar tan fino para que no haya jueces que escapen a su intención de endurecer su política antiterrorista. Pero en el poder judicial hay lo que hay, y el Gobierno no tendrá más remedio que hacerlo. Ya que no ha emprendido el radical y necesario cambio que prometió en la oposición respecto a la división de poderes, el parche en un sitio reclama parches en otros. Y eso por no hablar de los nuevos que surgirán en un Estado de Derecho que se quiere acelerar tras tenerlo tantas décadas al ralentí.


La ingenuidad y la contradicción del Gobierno ante los sindicatos

El País y El Mundo destacan en portada la vía abierta y anunciada por el Gobierno para revisar, para después de la huelga, la reforma de desempleo con su decisión de tramitar como proyecto de ley el decreto que entró en vigor el lunes. Sin embargo ABC prefiere dar más relevancia al desmarque de la huelga que ha decidido el sindicato mayoritario de los funcionarios, mientras que La Razón incide en el carácter político de la misma destacando que Méndez reconoce su “gran relación” con Zapatero en la entrevista al dirigente de UGT que publica este diario.

El Mundo, aunque rechaza la actitud de los sindicatos, no deja de instar y respaldar al Gobierno para que modifique la legislación que ha servido de excusa para que los sindicatos le echen un pulso político a Aznar. El Gobierno no sólo tiene legitimidad para llevar a cabo su reforma sino que tiene razón en lo que ha planteado. A El Mundo, parece que lo único que le preocupa es que no haya consenso. Nada dice de las cuestiones de fondo, como si el acuerdo, independientemente de en qué se basara, le satisficiera. Esta actitud, aunque se diga lo contrario, no sólo favorece la capacidad de presión de los sindicatos sino que siembra de dudas la conveniencia de la reforma planteada por el Gobierno.

Claro que el Ejecutivo del PP también se contradice al hacer que entre en vigor por decreto una reforma para luego decir que para cuando pase la huelga se podrán aceptar cambios en pro del mayor consenso posible. Ya sería errado dar a la convocatoria de huelga la capacidad de legislar que corresponde a las urnas. Si la oferta de introducir cambios tendría lógica limitada si con ellos se pretende evitar la huelga, lo que es completamente absurdo es premiarla por adelantado. Cuando el afán por el consenso, además de innecesario, es incondicional e injustificado no deja de ser un complejo, una patología, que nuestro Gobierno debería tratar de curarse, pero que El Mundo, salvo en asuntos que le afectan empresarialmente, no le deja de fomentar.

Como botón de muestra de hasta que punto es acertada la máxima de Julian Marías de que “no hay que tratar de contentar a los que no se van contentar”, ahí esta el comentario de El País que bajo ropaje de información quita todo valor a ese deseo de diálogo expresado por el Gobierno del que asegura que no está dispuesto a hacer cambios de fondo. La oposición no va a acceder a dar una imagen de consenso y de diálogo con el Gobierno, haga este lo que haga. Ni siquiera aunque el Gobierno echara por tierra su propuesta de reforma, lograría de la oposición un reconocimiento por su supeditación al consenso. Responsabilizarían al cambio de opinión al “éxito” y la “conveniencia” de la huelga. Como, además, lo más probable es que el Gobierno no cederá tanto, nos tememos que lo único que conseguirá llevando tan tardíamente su reforma al Congreso será prolongar innecesariamente la polémica.