L D (N.G.M.)
En 1992, la Cadena SER tenía 265 emisoras en toda España, mientras que Antena 3 apenas emitía con la mitad de postes. Sin embargo, pese a esta inmensa diferencia, Antena 3 de Radio superó en audiencia a la SER. El Grupo PRISA, propietario de la Cadena SER, decidió entonces comprar a su principal enemigo. Jesús Polanco hizo una oferta al principal accionista de Antena 3, el Conde de Godó, que aceptó deshacerse del negocio. La operación tuvo múltiples aristas, pero finalmente se llevó a cabo.
El Gobierno de Felipe González dejó hacer a Jesús Polanco, el presidente del Grupo PRISA. Desde 1992, cuando se inició la operación, hasta 1994, cuando el Gobierno sometió el proceso de concentración a debate en Consejo de Ministros, Polanco tuvo tiempo más que suficiente para desmantelar Antena 3, de modo que, si se revertía el proceso, difícilmente aquella épica emisora podría recuperar su audiencia y su prestigio. Además, los grandes comunicadores de Antena 3 ya se habían ido a otras emisoras. El primer objetivo de Polanco se había cumplido, porque la SER volvió a ser líder de audiencia en 1993.
El Tribunal de Defensa de la Competencia estudió el proceso de concentración. Su dictamen no deja lugar a dudas. Afirmaba que la operación “no debe ser autorizada”. Argumentaba que el proceso de fusión de la Cadena SER y Antena 3 en una nueva empresa denominada Unión Radio “otorga a las empresas notificantes un poder de dominio tal que puede obstaculizar gravemente el mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado de la radio”. A continuación, sin embargo, matizaba: “Aunque ciertamente subsistiría una cierta competencia, nunca podría ejercerse, en muchas localidades, en las mismas condiciones”. Pero el Tribunal de Defensa de la Competencia sabía que el Gobierno de González iba a aprobar la operación, por eso aconsejaba al Ejecutivo que, cuando menos, impusiera alguna condición.
Como la “Cadena SER” tenía 265 emisoras y “Antena 3” más de 100, el TDC entendía que en muchas localidades españolas se iba a dar un monopolio en la práctica. Por eso pedía que “los postes emisores que controlen las empresas notificantes no superen unos límites razonables”. Incluso aconsejaba que la cadena resultante se deshiciera de algunos postes a fin de equilibrar un poco el mercado. Por ejemplo, el TDC decía que en aquellas “localidades con un número de emisoras igual o superior a ocho” (como Madrid o Barcelona, por ejemplo) la empresa resultante “no deberá tener más de cuatro emisoras en propiedad o en asociación”. En general, el TDC exigía que Unión Radio –la empresa creada para gestionar la nueva cadena fruto de la fusión– no tuviera, en ningún punto de España, más del 40 ó 50 por ciento del mercado radiofónico, a fin de impedir que se convirtiera en un monopolio de hecho.
La operación de concentración se había iniciado durante el verano de 1992, pero el Gobierno esperó a tomar su decisión definitiva hasta el 20 de mayo de 1994. El documento donde se hizo público el acuerdo del Consejo de Ministros no tiene desperdicio. Afirma haber leído atentamente el dictamen del TDC, pero también subraya que, “según el artículo 17 de la Ley 16/1989, la competencia para decidir sobre estas cuestiones corresponde al Gobierno”, es decir, que el Ejecutivo tenía la última palabra. Por eso “el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, ACUERDA: No oponerse a la operación de concentración consistente en la cesión de la gestión por parte de Antena 3 de Radio, S.A. y de Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. a favor de la Sociedad de Servicios Radiofónicos Unión Radio, S.A.”, según el citado documento.
Para evitar algunas suspicacias, cosa que no consiguió, el Gobierno afirmaba que la concentración debía subordinarse al cumplimiento de las condiciones mencionadas por el TDC. Es decir, que Unión Radio no se hiciera con el 50 por ciento del mercado radiofónico en ningún lugar de España. Pero esa parte del acuerdo del Consejo de Ministros parece que no se leyó con mucha atención en Gran Vía-32 de Madrid, sede de la Cadena SER. Aunque el TDC exigía a la nueva cadena de emisoras que vendiera postes o rompiera algunos compromisos de asociación, la Cadena SER hizo oídos sordos. Pasó de tener 265 emisoras a 373 de un solo golpe. Redondeó la cobertura de todas sus programaciones e hizo desaparecer a su más temible competidora. Sirva como ejemplo una exigencia concreta que hacía el TDC. Afirmaba que “en el caso de Madrid, Unión Radio podría (...) renunciar a la prórroga del contrato de la emisora DIAL que emite en la frecuencia 91.7 F.M., que vence el 1 de diciembre de 1994”. Por supuesto, la Cadena SER ignoró el consejo, renovó el contrato y lo mantiene en vigor, porque “Dial Madrid” sigue hoy emitiendo a través del 91.7 F.M.
De las 108 emisoras que la Cadena SER sumó a su red, 79 eran propiedad de Antena 3 de Radio y el resto eran asociadas a Antena 3 que firmaron contratos con la SER en condiciones similares. Con el paso de los años, aquellas emisoras de Antena 3 se han ido diluyendo en el subconsciente colectivo hasta olvidarse prácticamente que, durante una década histórica, pertenecieron a aquella emisora. Algunas pasaron a emitir la programación convencional de la SER, otras se unieron a “Los 40 Principales”, muchas a la “Cadena Dial”, otras sirvieron para potenciar “Radio 80”, rebautizada como “M-80 Radio” tras su fusión con la “Radio Minuto” de la SER, la fusión también impulsó las emisiones de “Radiolé”, creada por “Antena 3” y, una docena de postes que sobraban y que ya no se sabía dónde poner, sirvieron para mantener vivo el nombre de “Antena 3” con la creación de la comatosa “Sinfo Radio-Antena3”, una cadena de música clásica que acabó por desaparecer recientemente para dar paso a un negocio más rentable: “Máxima FM”, una nueva cadena de música juvenil.
Según datos del Tribunal de Defensa de la Competencia, en 1992 –cuando se produjo la compra, absorción y cierre de Antena 3– había 2021 postes emisores en España. Correspondían a emisoras comerciales el 41,61 por ciento, mientras que las radios públicas (Radio Nacional, autonómicas y locales) sumaban el 58,39 por ciento. Pues bien, a resultas de la absorción, la Cadena SER ocupaba la mitad de los postes de radio comercial. En algunas zonas, muy pocas, había una cierta competencia frente a otras cadenas, como Onda Cero o la COPE, pero en la mayoría la posición dominante era de la SER. Para el TDC, “la distribución de postes emisores que se produce como consecuencia de la concentración es claramente inaceptable” desde el punto de vista de “dejar hueco a competidores actuales o potenciales”.
Sin embargo, el Tribunal de Defensa de la Competencia escribió en su dictamen una perla que no podemos dejar pasar: “No cabe duda –decía el TDC– que el Grupo PRISA (propietario de la SER) es el grupo más importante de comunicación en España. Es difícil, no obstante, comparar su poder financiero con los otros grupos que están actualmente presentes en la radio –la COPE, que depende de la Conferencia Episcopal y Onda Cero, que depende de la Organización Nacional de Ciegos–, puesto que estas dos últimas entidades, de alguna forma, no tienen la restricción de atender una cuenta de resultados como es el caso del Grupo PRISA. Como si se tratara de empresas públicas –afirmaba el TDC–, cabe la posibilidad de que pierdan dinero durante mucho tiempo si con ello pudieran ejercer un poder en el mercado que sin duda no podría ejercer el Grupo PRISA, porque tiene la restricción de su cuenta de resultados”.
Es decir, que el TDC se atrevía a decir que la cadena de emisoras de la Conferencia Episcopal, o la de la ONCE, podían permitirse el lujo de perder dinero indefinidamente porque su cometido no era ganar dinero, sino tener influencia en la opinión pública. A su juicio, la COPE podía vivir del aire, lo mismo que Onda Cero. El TDC les negaba el pan y la sal; vetaba su derecho a ganar dinero como cualquier empresa que se precie de serlo. Pero eso sí, recordaba el poderío del Grupo PRISA como el grupo de comunicación “más importante” de España. Eso, al parecer, le permitía actuar ilegalmente y con total impunidad, con el beneplácito del TDC y la bendición del Gobierno.
Sin embargo, con la llegada del Ejecutivo del PP, el Grupo PRISA ha seguido actuando con total impunidad. Primero, han pasado dos años desde que el Supremo decidió que PRISA debía deshacerse de las 79 emisoras del “Antenicidio”, pero aún está utilizándolas. Además, en estos últimos años el mismo grupo ha montado un canal de televisión nacional sumando emisoras locales de TV en su proyecto “LOCALIA”, como ha desvelado también Libertad Digital . Suma y sigue.
Más información:
- Documento íntegro con el informe y el dictamen del TDC, así como con el documento del acuerdo de Consejo de Ministros que aprobó la concentración de A3R y SER. (PDF)
El Gobierno de Felipe González dejó hacer a Jesús Polanco, el presidente del Grupo PRISA. Desde 1992, cuando se inició la operación, hasta 1994, cuando el Gobierno sometió el proceso de concentración a debate en Consejo de Ministros, Polanco tuvo tiempo más que suficiente para desmantelar Antena 3, de modo que, si se revertía el proceso, difícilmente aquella épica emisora podría recuperar su audiencia y su prestigio. Además, los grandes comunicadores de Antena 3 ya se habían ido a otras emisoras. El primer objetivo de Polanco se había cumplido, porque la SER volvió a ser líder de audiencia en 1993.
El Tribunal de Defensa de la Competencia estudió el proceso de concentración. Su dictamen no deja lugar a dudas. Afirmaba que la operación “no debe ser autorizada”. Argumentaba que el proceso de fusión de la Cadena SER y Antena 3 en una nueva empresa denominada Unión Radio “otorga a las empresas notificantes un poder de dominio tal que puede obstaculizar gravemente el mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado de la radio”. A continuación, sin embargo, matizaba: “Aunque ciertamente subsistiría una cierta competencia, nunca podría ejercerse, en muchas localidades, en las mismas condiciones”. Pero el Tribunal de Defensa de la Competencia sabía que el Gobierno de González iba a aprobar la operación, por eso aconsejaba al Ejecutivo que, cuando menos, impusiera alguna condición.
Como la “Cadena SER” tenía 265 emisoras y “Antena 3” más de 100, el TDC entendía que en muchas localidades españolas se iba a dar un monopolio en la práctica. Por eso pedía que “los postes emisores que controlen las empresas notificantes no superen unos límites razonables”. Incluso aconsejaba que la cadena resultante se deshiciera de algunos postes a fin de equilibrar un poco el mercado. Por ejemplo, el TDC decía que en aquellas “localidades con un número de emisoras igual o superior a ocho” (como Madrid o Barcelona, por ejemplo) la empresa resultante “no deberá tener más de cuatro emisoras en propiedad o en asociación”. En general, el TDC exigía que Unión Radio –la empresa creada para gestionar la nueva cadena fruto de la fusión– no tuviera, en ningún punto de España, más del 40 ó 50 por ciento del mercado radiofónico, a fin de impedir que se convirtiera en un monopolio de hecho.
La operación de concentración se había iniciado durante el verano de 1992, pero el Gobierno esperó a tomar su decisión definitiva hasta el 20 de mayo de 1994. El documento donde se hizo público el acuerdo del Consejo de Ministros no tiene desperdicio. Afirma haber leído atentamente el dictamen del TDC, pero también subraya que, “según el artículo 17 de la Ley 16/1989, la competencia para decidir sobre estas cuestiones corresponde al Gobierno”, es decir, que el Ejecutivo tenía la última palabra. Por eso “el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, ACUERDA: No oponerse a la operación de concentración consistente en la cesión de la gestión por parte de Antena 3 de Radio, S.A. y de Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. a favor de la Sociedad de Servicios Radiofónicos Unión Radio, S.A.”, según el citado documento.
Para evitar algunas suspicacias, cosa que no consiguió, el Gobierno afirmaba que la concentración debía subordinarse al cumplimiento de las condiciones mencionadas por el TDC. Es decir, que Unión Radio no se hiciera con el 50 por ciento del mercado radiofónico en ningún lugar de España. Pero esa parte del acuerdo del Consejo de Ministros parece que no se leyó con mucha atención en Gran Vía-32 de Madrid, sede de la Cadena SER. Aunque el TDC exigía a la nueva cadena de emisoras que vendiera postes o rompiera algunos compromisos de asociación, la Cadena SER hizo oídos sordos. Pasó de tener 265 emisoras a 373 de un solo golpe. Redondeó la cobertura de todas sus programaciones e hizo desaparecer a su más temible competidora. Sirva como ejemplo una exigencia concreta que hacía el TDC. Afirmaba que “en el caso de Madrid, Unión Radio podría (...) renunciar a la prórroga del contrato de la emisora DIAL que emite en la frecuencia 91.7 F.M., que vence el 1 de diciembre de 1994”. Por supuesto, la Cadena SER ignoró el consejo, renovó el contrato y lo mantiene en vigor, porque “Dial Madrid” sigue hoy emitiendo a través del 91.7 F.M.
De las 108 emisoras que la Cadena SER sumó a su red, 79 eran propiedad de Antena 3 de Radio y el resto eran asociadas a Antena 3 que firmaron contratos con la SER en condiciones similares. Con el paso de los años, aquellas emisoras de Antena 3 se han ido diluyendo en el subconsciente colectivo hasta olvidarse prácticamente que, durante una década histórica, pertenecieron a aquella emisora. Algunas pasaron a emitir la programación convencional de la SER, otras se unieron a “Los 40 Principales”, muchas a la “Cadena Dial”, otras sirvieron para potenciar “Radio 80”, rebautizada como “M-80 Radio” tras su fusión con la “Radio Minuto” de la SER, la fusión también impulsó las emisiones de “Radiolé”, creada por “Antena 3” y, una docena de postes que sobraban y que ya no se sabía dónde poner, sirvieron para mantener vivo el nombre de “Antena 3” con la creación de la comatosa “Sinfo Radio-Antena3”, una cadena de música clásica que acabó por desaparecer recientemente para dar paso a un negocio más rentable: “Máxima FM”, una nueva cadena de música juvenil.
Según datos del Tribunal de Defensa de la Competencia, en 1992 –cuando se produjo la compra, absorción y cierre de Antena 3– había 2021 postes emisores en España. Correspondían a emisoras comerciales el 41,61 por ciento, mientras que las radios públicas (Radio Nacional, autonómicas y locales) sumaban el 58,39 por ciento. Pues bien, a resultas de la absorción, la Cadena SER ocupaba la mitad de los postes de radio comercial. En algunas zonas, muy pocas, había una cierta competencia frente a otras cadenas, como Onda Cero o la COPE, pero en la mayoría la posición dominante era de la SER. Para el TDC, “la distribución de postes emisores que se produce como consecuencia de la concentración es claramente inaceptable” desde el punto de vista de “dejar hueco a competidores actuales o potenciales”.
Sin embargo, el Tribunal de Defensa de la Competencia escribió en su dictamen una perla que no podemos dejar pasar: “No cabe duda –decía el TDC– que el Grupo PRISA (propietario de la SER) es el grupo más importante de comunicación en España. Es difícil, no obstante, comparar su poder financiero con los otros grupos que están actualmente presentes en la radio –la COPE, que depende de la Conferencia Episcopal y Onda Cero, que depende de la Organización Nacional de Ciegos–, puesto que estas dos últimas entidades, de alguna forma, no tienen la restricción de atender una cuenta de resultados como es el caso del Grupo PRISA. Como si se tratara de empresas públicas –afirmaba el TDC–, cabe la posibilidad de que pierdan dinero durante mucho tiempo si con ello pudieran ejercer un poder en el mercado que sin duda no podría ejercer el Grupo PRISA, porque tiene la restricción de su cuenta de resultados”.
Es decir, que el TDC se atrevía a decir que la cadena de emisoras de la Conferencia Episcopal, o la de la ONCE, podían permitirse el lujo de perder dinero indefinidamente porque su cometido no era ganar dinero, sino tener influencia en la opinión pública. A su juicio, la COPE podía vivir del aire, lo mismo que Onda Cero. El TDC les negaba el pan y la sal; vetaba su derecho a ganar dinero como cualquier empresa que se precie de serlo. Pero eso sí, recordaba el poderío del Grupo PRISA como el grupo de comunicación “más importante” de España. Eso, al parecer, le permitía actuar ilegalmente y con total impunidad, con el beneplácito del TDC y la bendición del Gobierno.
Sin embargo, con la llegada del Ejecutivo del PP, el Grupo PRISA ha seguido actuando con total impunidad. Primero, han pasado dos años desde que el Supremo decidió que PRISA debía deshacerse de las 79 emisoras del “Antenicidio”, pero aún está utilizándolas. Además, en estos últimos años el mismo grupo ha montado un canal de televisión nacional sumando emisoras locales de TV en su proyecto “LOCALIA”, como ha desvelado también Libertad Digital . Suma y sigue.
Más información:
- Documento íntegro con el informe y el dictamen del TDC, así como con el documento del acuerdo de Consejo de Ministros que aprobó la concentración de A3R y SER. (PDF)