L D (Agencias)
En la reunión de la Diputación Permanente, cuyo inicio está previsto para las cuatro de la tarde, se debatirá la propuesta conjunta del PP y del PSOE para celebrar un pleno extraordinario en el Congreso con el fin de instar al Gobierno a que presente una demanda ante la Sala Especial del Tribunal Supremo reclamando la ilegalización y consiguiente disolución de Batasuna y sus dos últimas marcas electorales, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok.
Arranca de esta forma el proceso para la ilegalización de Batasuna aunque no habrá un debate formal, sino que se estudiará la conveniencia o no de celebrar un pleno extraordinario del Congreso este mes de agosto para tratar el asunto. En principio, sólo el PNV y una parte del Grupo Mixto se opondrán a la celebración de la sesión plenaria.
Será una semana después, el lunes 26, cuando se celebre esa reunión extraordinaria del Pleno del Congreso donde ya se debata la ilegalización de Batasuna. Para esa segunda cita parlamentaria estival, PP y PSOE han presentado una resolución instando al Gobierno a solicitar la ilegalización de HB, EH y Batasuna, “al entender que en su actividad ha vulnerado los principios democráticos al haber incurrido de forma grave y reiterada en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos”. Dicho artículo establece las causas por las que una formación política puede ser considerada ilegal, como “promover, justificar o exculpar los atentados contra la vida”, “fomentar, propiciar o legitimar la violencia”, o “complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas”.
Voto negativo de PNV y EA
Pese a las amenazas de ETA dadas a conocer esta semana en un comunicado, sólo diez diputados, lo que supone el 2,8 por ciento del Pleno del Congreso, se opondrá a la apertura de ese procedimiento de ilegalización contra Batasuna. Se trata de los siete diputados del PNV y tres del Grupo Mixto —Begoña Lasagabaster (Eusko Alkartasuna), Joan Saura (Iniciativa por Cataluña) y Joan Puigcercós (Izquierda Republicana de Cataluña). Estas cuatro formaciones ya votaron en contra de la reforma de la Ley de Partidos y consideran que la ilegalización de Batasuna no sólo no ayuda a la lucha contra el terrorismo sino que además resultará contraproducente porque generará más crispación.
Abstención de IU y CiU
Aunque en algunos casos el sentido del voto no se decidirá hasta dentro de unos días, todo apunta a que 27 diputados, que representan el 7,7 por ciento del Congreso, se decantará por la abstención. Así lo han confirmado Izquierda Unida (8), Bloque Nacionalista Galego (3) y Chunta Aragonesista (1), que ya rechazaron la Ley de Partidos pero que ahora tampoco quieren aparecer como defensores de Batasuna. A ellos habrá que añadir, muy posiblemente, a los 15 diputados de CiU, formación que apoyó la Ley de Partidos aunque votando en contra del artículo que permitía la intervención del Parlamento en el proceso.
Respaldo mayoritario
A favor de la apertura del procedimiento de ilegalización se situarán los 183 diputados del PP y los 125 del PSOE, los dos partidos promotores de la iniciativa. Se calcula que contarán con el respaldo de los cuatro diputados de Coalición Canaria (CC) y del parlamentario del Partido Andalucista, dos formaciones que en su día apoyaron la Ley de Partidos. Todos juntos podrán sumar 313 votos, lo que supone el 89,5 por ciento del Pleno.
Arranca de esta forma el proceso para la ilegalización de Batasuna aunque no habrá un debate formal, sino que se estudiará la conveniencia o no de celebrar un pleno extraordinario del Congreso este mes de agosto para tratar el asunto. En principio, sólo el PNV y una parte del Grupo Mixto se opondrán a la celebración de la sesión plenaria.
Será una semana después, el lunes 26, cuando se celebre esa reunión extraordinaria del Pleno del Congreso donde ya se debata la ilegalización de Batasuna. Para esa segunda cita parlamentaria estival, PP y PSOE han presentado una resolución instando al Gobierno a solicitar la ilegalización de HB, EH y Batasuna, “al entender que en su actividad ha vulnerado los principios democráticos al haber incurrido de forma grave y reiterada en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos”. Dicho artículo establece las causas por las que una formación política puede ser considerada ilegal, como “promover, justificar o exculpar los atentados contra la vida”, “fomentar, propiciar o legitimar la violencia”, o “complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas”.
Voto negativo de PNV y EA
Pese a las amenazas de ETA dadas a conocer esta semana en un comunicado, sólo diez diputados, lo que supone el 2,8 por ciento del Pleno del Congreso, se opondrá a la apertura de ese procedimiento de ilegalización contra Batasuna. Se trata de los siete diputados del PNV y tres del Grupo Mixto —Begoña Lasagabaster (Eusko Alkartasuna), Joan Saura (Iniciativa por Cataluña) y Joan Puigcercós (Izquierda Republicana de Cataluña). Estas cuatro formaciones ya votaron en contra de la reforma de la Ley de Partidos y consideran que la ilegalización de Batasuna no sólo no ayuda a la lucha contra el terrorismo sino que además resultará contraproducente porque generará más crispación.
Abstención de IU y CiU
Aunque en algunos casos el sentido del voto no se decidirá hasta dentro de unos días, todo apunta a que 27 diputados, que representan el 7,7 por ciento del Congreso, se decantará por la abstención. Así lo han confirmado Izquierda Unida (8), Bloque Nacionalista Galego (3) y Chunta Aragonesista (1), que ya rechazaron la Ley de Partidos pero que ahora tampoco quieren aparecer como defensores de Batasuna. A ellos habrá que añadir, muy posiblemente, a los 15 diputados de CiU, formación que apoyó la Ley de Partidos aunque votando en contra del artículo que permitía la intervención del Parlamento en el proceso.
Respaldo mayoritario
A favor de la apertura del procedimiento de ilegalización se situarán los 183 diputados del PP y los 125 del PSOE, los dos partidos promotores de la iniciativa. Se calcula que contarán con el respaldo de los cuatro diputados de Coalición Canaria (CC) y del parlamentario del Partido Andalucista, dos formaciones que en su día apoyaron la Ley de Partidos. Todos juntos podrán sumar 313 votos, lo que supone el 89,5 por ciento del Pleno.