LD (EFE)
Olabarría destacó, en una entrevista concedida a Radio Popular de San Sebastián, que "la ley orgánica del Poder Judicial establece que son nulas de pleno derecho las resoluciones judiciales adoptadas por un órgano incompetente y, en segundo lugar, que en el reglamento de la cámara vasca no está prevista la posibilidad de disolver o ubicar en otro grupo a un grupo parlamentario".
El parlamentario vasco y ex miembro del Consejo General del Poder Judicial subrayó que lo que no puede hacer la Cámara vasca es modificar su propio reglamento, como ha hecho el Parlamento de Navarra, para poder cumplimentar el auto de Garzón, ya que ello supondría una "perversión jurídica absoluta", la "negación del principio de división de poderes y de los principios esenciales de cualquier ordenamiento democrático".
Olabarría justificó también la querella presentada por el Gobierno Vasco contra Garzón ante el Tribunal Supremo, dado que su auto "afecta a competencias del Gobierno Vasco en lo relativo al derecho de manifestación y reunión", por lo que a su juicio el ejecutivo autonómico tiene no sólo derecho sino hasta "la obligación" de presentar esta querella criminal.
Recalcó que los miembros del grupo parlamentario de Batasuna son aforados autonómicos, por lo que "todas las decisiones de naturaleza penal que se les impongan" sólo pueden provenir de la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco".
El parlamentario vasco y ex miembro del Consejo General del Poder Judicial subrayó que lo que no puede hacer la Cámara vasca es modificar su propio reglamento, como ha hecho el Parlamento de Navarra, para poder cumplimentar el auto de Garzón, ya que ello supondría una "perversión jurídica absoluta", la "negación del principio de división de poderes y de los principios esenciales de cualquier ordenamiento democrático".
Olabarría justificó también la querella presentada por el Gobierno Vasco contra Garzón ante el Tribunal Supremo, dado que su auto "afecta a competencias del Gobierno Vasco en lo relativo al derecho de manifestación y reunión", por lo que a su juicio el ejecutivo autonómico tiene no sólo derecho sino hasta "la obligación" de presentar esta querella criminal.
Recalcó que los miembros del grupo parlamentario de Batasuna son aforados autonómicos, por lo que "todas las decisiones de naturaleza penal que se les impongan" sólo pueden provenir de la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco".