L D (EFE)
El presidente y el vicepresidente ejecutivo de Funespaña, José Ignacio Rodrigo y Juan Antonio Valdivia, respectivamente, comparecieron este jueves en rueda de prensa para explicar lo que en su opinión “no debía haber llegado a donde ha llegado”, a no ser por la “coincidencia” de que estemos en los meses previos a un proceso electoral. Según afirmó Juan Antonio Valdivia, uno de los imputados por parte de la empresa junto a Rodrigo y a su hermano Ángel, y a los concejales populares Antonio Moreno y Simón Viñals, además del diputado regional Luis María Huete, el hecho es que “cada vez que va a haber unas elecciones generales o municipales, el caso Funeraria parece que se enciende”.
El presidente de Funespaña defendió por su parte que “nadie más que nosotros tiene interés en que todo esto se aclare, no sólo la pulcritud de nuestra actuación, sino que se demuestre que ni se ha permitido ni consentido absolutamente ninguna irregularidad”. Respecto a las peticiones de dimisión vertidas por la oposición, tanto para los altos cargos implicados, como para los directivos de Funespaña, Rodrigo sentenció, por una parte, que una rescisión del contrato que el Ayuntamiento mantiene con su empresa sería ilegal, y por otra que no encuentra elementos objetivos para dimitir ni hacer dimitir a “ejecutivos que cumplen perfectamente con su deber”.
Juan Antonio Valdivia recordó que la privatización de parte de la funeraria municipal se acordó en un pleno y celebró la decisión tomada por los políticos populares en momentos muy difíciles para la empresa mixta hasta considerar que “se merecen un homenaje” y aseguró que, en contra de lo sucedido con la mayoría de las privatizaciones, “ésta ha salido muy bien para las arcas municipales y para los ciudadanos”.
El presidente de Funespaña defendió por su parte que “nadie más que nosotros tiene interés en que todo esto se aclare, no sólo la pulcritud de nuestra actuación, sino que se demuestre que ni se ha permitido ni consentido absolutamente ninguna irregularidad”. Respecto a las peticiones de dimisión vertidas por la oposición, tanto para los altos cargos implicados, como para los directivos de Funespaña, Rodrigo sentenció, por una parte, que una rescisión del contrato que el Ayuntamiento mantiene con su empresa sería ilegal, y por otra que no encuentra elementos objetivos para dimitir ni hacer dimitir a “ejecutivos que cumplen perfectamente con su deber”.
Juan Antonio Valdivia recordó que la privatización de parte de la funeraria municipal se acordó en un pleno y celebró la decisión tomada por los políticos populares en momentos muy difíciles para la empresa mixta hasta considerar que “se merecen un homenaje” y aseguró que, en contra de lo sucedido con la mayoría de las privatizaciones, “ésta ha salido muy bien para las arcas municipales y para los ciudadanos”.