Severidad -y certeza- de la pena

Ningún diario vuelve a dedicar este viernes un editorial al anteproyecto de ley que hoy aprobará el Gobierno por el que se eleva a cuarenta años la pena máxima para los terroristas. Aparte de que todos los diarios —salvo El País— ya han dado un claro respaldo a la medida, probablemente mañana vuelvan a dedicarle un comentario, tras la aprobación de una reforma a la que se oponen los nacionalistas vascos e IU.

El Mundo dedica sólo un pequeño comentario al rechazo del PNV a esta medida poniendo “en baja” a la portavoz nacionalista Margarita Uría quien considera que la “reinserción” no puede consistir “en forzar a los etarras a cambiar de ideología”. Asegura El Mundo que Uría “se olvida en su razonamiento que lo que se combate de los terroristas son sus actos criminales y no su forma de pensar ni su ideología”.

El Mundo, como es habitual, se queda corto; porque lo que se combate, efectivamente, son actos terroristas, pero también es cierto que el recurso a la violencia forma parte de su ideología. Precisamente por eso se ilegalizó en Europa los movimientos nacionalsocialistas. Por eso se pretende ahora en España ilegalizar a Batasuna. Hay una lectura pedestre de esa máxima liberal de que “el pensamiento no delinque” que debe ser reconsiderada. El pensamiento guía la acción y no hace falta llegar, valga como ejemplo, a que alguien extermine judíos -o no nacionalistas- para que sea acosado penalmente. Basta con que lo legitime, como hace Batasuna.

La Razón, por su parte, también dedica un “Baja” a Xavier Arzalluz, quien ayer afirmó que la ampliación de 30 a 40 años del tiempo máximo de prisión de los condenados por terrorismo “no sirven para nada”. También destaca La Razón que el presidente del PNV “confía en que ETA proclame otra tregua-trampa que facilite los planes soberanistas”.

Aquí sí cabe hacer alguna consideración. No es nada nuevo ni sorprendente que los partidos de Estella se opongan a este endurecimiento penal contra el terrorismo. Lo nuevo es que los partidos constitucionalistas ya no se sientan ligados por el funesto pacto que firmaron con los nacionalistas en Ajuria Enea que les impedía endurecer el Estado de Derecho contra los terroristas.

Simplemente, no es verdad que la tardanza del PP en llevar a cabo este endurecimiento penal contra el terrorismo —que constituía una promesa electoral cuando estaba en la oposición— es que no pudo llevarlo a la práctica por no disponer de los escaños necesarios. Se ha demostrado que esta demanda, respaldada por los electorados más diversos, podía contar con el consenso necesario. Si el PP hubiera presentado esta reforma en el 96 y la oposición hubiera votado toda ella en contra, ahora los populares podrían alegar la falta de escaños para justificar su tardanza. Eso mismo, de hecho, ocurrió con el intento de reforma de la Educación de Esperanza Aguirre. Pero no así en el caso del cumplimiento integro de las penas para los terroristas: El PP, simplemente, no lo intentó, como tampoco lo hizo en el 2000, nada más lograr su holgada mayoría absoluta.

Lo que el Gobierno del PP sí hizo en su primera legislatura —y habrá que recordarlo mientras no se reconozca el error— es sentarse a negociar excarcelaciones durante la tregua terrorista. Aznar dijo entonces que “la dirección de ETA tiene en sus manos el destino de los presos” de la banda. Tratando de disociar “precios políticos” de “precios penitenciarios”, Aznar mostró su predisposición a abrir la puerta a la impunidad con tal de que ETA dejara definitivamente de matar. Esa posibilidad, recogida en el Pacto de Ajuria Enea, dio balones de oxigeno y esperanza a ETA que interpretó el gesto del Gobierno español como lo que fue, un gesto de debilidad.

Y eso es lo que ahora sigue sin quedar claro. Por eso es pertinente hacer referencia a una posible nueva “tregua trampa” como a la que se refiere Arzalluz y La Razón. El efecto disuasorio que se gana elevando la cuantía de la pena queda desbaratado si los terroristas no creen en la certeza de su cumplimiento. ETA, sencillamente, no se cree al Gobierno. Y poco les va a disuadir una elevación de las penas si siguen oteando en el horizonte indultos y medidas de gracia como las que el Gobierno de Aznar le ofreció—secundado por todos los partidos políticos y los medios de comunicación— hace más de cuatro años.

¿De verdad la clase política y mediática está convencida y decidida a que haya terroristas en prisión tres —o cuatro— décadas después del último asesinato de ETA?. Eso es lo que se supone que dice el anteproyecto de ley que hoy aprobará el Gobierno. Pero, ¿de verdad nos lo creemos?. O, lo que es más importante, ¿de verdad creemos que se lo creen los terroristas?.

¿Creemos que será esta ley la que efectivamente determine la estancia en prisión de los terroristas o volvemos a consentir que sea la “dirección de ETA la que tenga en sus manos el destino de los presos”?.

Resumen de prensa

El anteproyecto de Ley que hoy aprobará el Consejo de Ministros para reformar el Código Penal y elevar el castigo para los terroristas atrae la atención de todas las portadas de prensa de este viernes. El principal titular de ABC destaca que “el PNV se opone e IU se resiste a que aumente el castigo a los terroristas”. El de La Vanguardia informa que los etarras deberán pagar a sus víctimas para quedar libres”. La Razón se limita a decir que “el PNV sale en auxilio de los etarras y sus penas”. El Mundo concreta más esta cuestión al señalar que “el PNV dice que la reinserción no puede consistir en forzar a los etarras a cambiar de ideología”. Finalmente El País, se limita a informar de que “el Gobierno dará hoy luz verde a la subida a 40 años de la pena máxima para terroristas”.

Casi todos los diarios destacan que la Fiscalía francesa de Brest ha abierto diligencias por el “caso Prestige” y que la mancha de fuel cerca ya las costas del país vecino. La foto del día en todas las portadas la ocupan los cinco muertos que provocó el naufragio en Tarifa de una patera en la que viajaban más de cuarenta inmigrantes indocumentados. El Mundo también pone de relieve que “los bomberos niegan la versión oficial del incendio en la comisaría” de Málaga en la que hace una semana cuatro personas que iban a ser repatriadas.

Todas las portadas señalan, así mismo, que el Gobierno iraquí critica el apoyo español a Estados Unidos. El Mundo, además, señala que "la OTAN reforzará el control del Estrecho por temor a ataques navales de Al Qaeda".

Aunque la portada de La Razón está dedicada casi en exclusiva a las “ventajas del nuevo IRPF”, el resto de diarios atienden la actualidad económica señalando las fuertes subidas con las que las Bolsas han estrenado el año.

Finalmente, cada diario completa su portada haciéndose eco de diferencies noticias. Así, El Mundo señala que “El PSOE recupera a dirigentes de la vieja guardia para potenciar la campña electoral”. ABC denuncia que casi dos mil autopsias revelan que la mitad de los conductores muertos en 2002 consumió alcohol o drogas. El País, por último, asegura que “los escándalos de corrupción acorralan a Ariel Sharon”.