El País
y
La Vanguardia
, a pesar de dedicarle su principal titular de portada, son los únicos diarios que no comentan en editorial el anuncio del endurecimiento de las penas contra la inmigración ilegal. La forma en que lo titula
El País
—“El Gobierno amplia su ofensiva de ley y orden al trafico de inmigrantes”— ya es indicativa, sin embargo, de su postura contraria a estas iniciativas como su ya conocida respecto al resto de iniciativas legales contra el terrorismo y la delincuencia.
La Vanguardia
, sin embargo, presenta la noticia de forma mucho más atractiva, al señalar que “los inmigrantes que cometan delitos serán expulsados” y al informar que “la ablación del clítoris será considerada delito de lesiones en el Código Penal”.
Los editoriales del resto de diarios se muestran firmes partidarios de esta iniciativa del Gobierno para atajar los altos niveles de delincuencia que padece nuestro país. Aunque ABC de forma más específica y La Razón de forma más genérica, ambos diarios respaldan claramente estas iniciativas. La Razón señala que “el deber del Gobierno consiste precisamente en reconocer la escasa ambición de sus primeras medidas para regular la inmigración y, en vista del resultado, actuar en consecuencia y con rapidez allí donde han surgido nuevos frentes delictivos”. Para este diario, “el Gobierno debe dejar muy claro a los delincuentes que aquí se puede venir a trabajar, pero no a delinquir”.
ABC comienza acertadamente señalando que “si las reformas contra la delincuencia y el terrorismo cuentan con el más amplio respaldo de los ciudadanos, no será menor el que presten a las anunciadas ayer por Acebes. Este dato del respaldo social debería mover a la reflexión a los sectores políticos que han implantado la rutina de poner bajo sospecha al Estado cada vez que el Estado se refuerza.”
Ya en el terreno concreto de estas medidas contra la inmigración ilegal, ABC percibe “dos vertientes que constituyen sendos focos de conflicto: la entrada ilegal y la integración cultural. En cuanto a la primera, —señala ABC—el aumento de penas para las redes de tráfico de personas y la expulsión inmediata de los delincuentes extranjeros son claros mensajes para desincentivar la inmigración ilegal y, por tanto, para premiar a aquella que se ajusta a los procedimientos administrativos. No puede ser indiferente respetar la ley que no respetarla, porque, al final, del temerario eslogan «papeles para todos», que aún se escucha en algunos sectores de la política y la ciudadanía, sólo se benefician las mafias”.
“Sin duda —continúa con acierto ABC — la protección de la integración social de los inmigrantes constituye la principal novedad de las medidas anunciadas por Acebes. La penalización expresa de las mutilaciones sexuales y la aplicación a los matrimonios extranjeros del Derecho español sobre separación y divorcio son dos medidas inequívocamente integracionistas. Ninguna sociedad moderna y civilizada puede aceptar que el multiculturalismo y el mestizaje sean las coartadas para la libre circulación de costumbres odiosas basadas en la coacción y en la humillación de la mujer.
El Mundo también percibe un “doble carácter” en las reformas propuestas ayer por el Gobierno: “por un lado exhibe una finalidad protectora y garantista para quienes llegan a España en situaciones extremas o de indefensión y, por otro, muestra una cara que puede resultar severa, antipática o represiva, pero que es necesaria”. Respecto a esto último, El Mundo informa que “el Gobierno ha decidido atacar con dureza a las mafias de inmigración elevando las penas para quienes se lucran con ese cruento tráfico humano. La condena mínima, que era de seis meses, se eleva a tres años, y podrá llegar a 10 si el tráfico se lleva a cabo desde bandas organizadas o con fines de explotación sexual. Además, el Gobierno propone la expulsión rápida de aquellos inmigrantes que delincan y, también, vetar su estancia durante 10 años en la UE. Son medidas duras, pero necesarias para contener el flujo de irregulares y las consecuencias delictivas de la marginalidad a la que se ven abocados muchos de ellos.
Aunque es evidente que El Mundo respalda las iniciativas, también lo es que ese respaldo chirría con esos “complejitos progres” que otra veces le atenazan. Porque sino, no se entiende que denigre como “severa, antipática o represiva” estas medidas que, por otra parte, considera “necesarias”. Pero es que, además de necesaria ¿por qué ha de ser “antipatica” la represión del delito?. ¿Por qué no considerar saludable y lógico que la ley se refuerze en unos ámbitos en los que básicamente impera la impunidad, como son los de los pequeños delitos cometidos por extranjeros?. Hasta ahora esta actividad delictiva no sólo no sólo quedaba en la práctica sin castigo sino que tenía el efecto perverso de permitir a los delincuentes extranjeros permanecer en España, mientras que el resto de inmigrantes ilegales eran expulsados de forma inmediata. Así el delito, más que disuadido, era incentivado.
La iniciativa del Gobierno, aun con el retraso que caracteriza a toda esta ofensiva contra el terrorismo y la delincuencia, pone además el acento en el aspecto básico del problema, que no es tanto de falta de policía como de lenidad de la legislación ante los delincuentes detenidos. Lo que ha fallado estrepitosamente no son los recursos policiales, sino la administración de Justicia. Hay dos factores en la política de disuasión del delito. Una es la probabilidad de ser detenido y la otra es la severidad de la sanción que acompaña a esa detención. El auge de la delincuencia en España no se debe a una hipotética reducción de la probabilidad de ser detenido, sino en la escasa o nula sanción que se le ha aplicado al delincuente que ha sido detenido. La inmensa mayoría de lo delitos los cometen delincuentes reincidentes. Estos son decenas —hay casos de centenares— de veces detenidos y siguen quedando en libertad. Podemos gastar todo el dinero del mundo en policía, pero esto sólo servirá para elevar estas escandalosas estadísticas de detenciones sin que ello lleve aparejado una disminución de la delincuencia.
El Mundo , por lo menos, no nos sale en esta ocasión con la cantinela esa de la obsesión del Gobierno por la “ley y el orden”, expresión despectiva a la que ahora se apunta, dicho sea de paso, El País . Por el contrario, El Mundo también respalda —con pleno acierto— “una serie de propuestas que beneficiarán a la integración y a la seguridad legal de los recién llegados. Son medidas —detalla El Mundo — como la inclusión de la ablación en el Código Penal, la persecución de los matrimonios forzosos o la protección del derecho al divorcio de las mujeres que vienen de países que lo prohíben”.
Resumen de prensa
El anuncio del endurecimiento de las penas contra las mafias y la inmigración ilegal es el más destacado denominador común de todas las portadas de este lunes. El Mundo y La Razón dan prioridad, sin embargo, a otros asuntos de la actualidad. Así, el principal titular de El Mundo asegura que “ETA diseñó la persecución social de los no nacionalistas por Batasuna”. Este diario, además, publica una entrevista a José María Michavila de la que la portada destaca la confianza del ministro de Justicia de “que en marzo haya sentencia y que ETA no pueda tener un partido en las próximas elecciones”. La Razón , por su parte, prosigue su campaña de denuncia contra la plataforma “Nunca máis” de la que el principal titular de este diario asegura que muchos donantes han pedido que les devuelva el dinero.
La otra noticia presente en todas las portadas es la decisión de la OPEP de producir más petróleo para compensar la crisis en Venezuela. La catástrofe del Prestige también encuentra eco en la portada de El País , donde se asegura que “Fomento permitió el uso privado de uno de sus remolcadores, según la empresa de salvamento”. La Razón también destaca la “ofensiva de Rabat para doblegar a Madrid” en la cuestión del Sáhara. ABC , así mismo, pone de relieve que “las familias españolas tienen acogidos a casi 20.000 menores” que han sufrido malos tratos o abandono por parte de sus padres. La Vanguardia asegura que “Bush planeó invadir Iraq sólo seis días después del 11-S”. El País destaca en portada el envío de 62.000 soldados más con los que EE UU ha reforzado su despliegue militar en el golfo Pérsico y el largo artículo de Javier Solana titulado “La semilla de una ruptura en las relaciones entre EE UU y Europa” en el que el Alto Representante de la UE para la política Exterior advierte de un supuesto riesgo de ruptura de las relaciones transatlánticas tras el cambio estratégico provocado por el 11-S.
El Mundo y El País informan, finalmente de los “once palestinos y dos israelíes muertos en una violenta jornada durante la que Hamas disparó tres cohetes Al Qasam”.
Los editoriales del resto de diarios se muestran firmes partidarios de esta iniciativa del Gobierno para atajar los altos niveles de delincuencia que padece nuestro país. Aunque ABC de forma más específica y La Razón de forma más genérica, ambos diarios respaldan claramente estas iniciativas. La Razón señala que “el deber del Gobierno consiste precisamente en reconocer la escasa ambición de sus primeras medidas para regular la inmigración y, en vista del resultado, actuar en consecuencia y con rapidez allí donde han surgido nuevos frentes delictivos”. Para este diario, “el Gobierno debe dejar muy claro a los delincuentes que aquí se puede venir a trabajar, pero no a delinquir”.
ABC comienza acertadamente señalando que “si las reformas contra la delincuencia y el terrorismo cuentan con el más amplio respaldo de los ciudadanos, no será menor el que presten a las anunciadas ayer por Acebes. Este dato del respaldo social debería mover a la reflexión a los sectores políticos que han implantado la rutina de poner bajo sospecha al Estado cada vez que el Estado se refuerza.”
Ya en el terreno concreto de estas medidas contra la inmigración ilegal, ABC percibe “dos vertientes que constituyen sendos focos de conflicto: la entrada ilegal y la integración cultural. En cuanto a la primera, —señala ABC—el aumento de penas para las redes de tráfico de personas y la expulsión inmediata de los delincuentes extranjeros son claros mensajes para desincentivar la inmigración ilegal y, por tanto, para premiar a aquella que se ajusta a los procedimientos administrativos. No puede ser indiferente respetar la ley que no respetarla, porque, al final, del temerario eslogan «papeles para todos», que aún se escucha en algunos sectores de la política y la ciudadanía, sólo se benefician las mafias”.
“Sin duda —continúa con acierto ABC — la protección de la integración social de los inmigrantes constituye la principal novedad de las medidas anunciadas por Acebes. La penalización expresa de las mutilaciones sexuales y la aplicación a los matrimonios extranjeros del Derecho español sobre separación y divorcio son dos medidas inequívocamente integracionistas. Ninguna sociedad moderna y civilizada puede aceptar que el multiculturalismo y el mestizaje sean las coartadas para la libre circulación de costumbres odiosas basadas en la coacción y en la humillación de la mujer.
El Mundo también percibe un “doble carácter” en las reformas propuestas ayer por el Gobierno: “por un lado exhibe una finalidad protectora y garantista para quienes llegan a España en situaciones extremas o de indefensión y, por otro, muestra una cara que puede resultar severa, antipática o represiva, pero que es necesaria”. Respecto a esto último, El Mundo informa que “el Gobierno ha decidido atacar con dureza a las mafias de inmigración elevando las penas para quienes se lucran con ese cruento tráfico humano. La condena mínima, que era de seis meses, se eleva a tres años, y podrá llegar a 10 si el tráfico se lleva a cabo desde bandas organizadas o con fines de explotación sexual. Además, el Gobierno propone la expulsión rápida de aquellos inmigrantes que delincan y, también, vetar su estancia durante 10 años en la UE. Son medidas duras, pero necesarias para contener el flujo de irregulares y las consecuencias delictivas de la marginalidad a la que se ven abocados muchos de ellos.
Aunque es evidente que El Mundo respalda las iniciativas, también lo es que ese respaldo chirría con esos “complejitos progres” que otra veces le atenazan. Porque sino, no se entiende que denigre como “severa, antipática o represiva” estas medidas que, por otra parte, considera “necesarias”. Pero es que, además de necesaria ¿por qué ha de ser “antipatica” la represión del delito?. ¿Por qué no considerar saludable y lógico que la ley se refuerze en unos ámbitos en los que básicamente impera la impunidad, como son los de los pequeños delitos cometidos por extranjeros?. Hasta ahora esta actividad delictiva no sólo no sólo quedaba en la práctica sin castigo sino que tenía el efecto perverso de permitir a los delincuentes extranjeros permanecer en España, mientras que el resto de inmigrantes ilegales eran expulsados de forma inmediata. Así el delito, más que disuadido, era incentivado.
La iniciativa del Gobierno, aun con el retraso que caracteriza a toda esta ofensiva contra el terrorismo y la delincuencia, pone además el acento en el aspecto básico del problema, que no es tanto de falta de policía como de lenidad de la legislación ante los delincuentes detenidos. Lo que ha fallado estrepitosamente no son los recursos policiales, sino la administración de Justicia. Hay dos factores en la política de disuasión del delito. Una es la probabilidad de ser detenido y la otra es la severidad de la sanción que acompaña a esa detención. El auge de la delincuencia en España no se debe a una hipotética reducción de la probabilidad de ser detenido, sino en la escasa o nula sanción que se le ha aplicado al delincuente que ha sido detenido. La inmensa mayoría de lo delitos los cometen delincuentes reincidentes. Estos son decenas —hay casos de centenares— de veces detenidos y siguen quedando en libertad. Podemos gastar todo el dinero del mundo en policía, pero esto sólo servirá para elevar estas escandalosas estadísticas de detenciones sin que ello lleve aparejado una disminución de la delincuencia.
El Mundo , por lo menos, no nos sale en esta ocasión con la cantinela esa de la obsesión del Gobierno por la “ley y el orden”, expresión despectiva a la que ahora se apunta, dicho sea de paso, El País . Por el contrario, El Mundo también respalda —con pleno acierto— “una serie de propuestas que beneficiarán a la integración y a la seguridad legal de los recién llegados. Son medidas —detalla El Mundo — como la inclusión de la ablación en el Código Penal, la persecución de los matrimonios forzosos o la protección del derecho al divorcio de las mujeres que vienen de países que lo prohíben”.
Resumen de prensa
El anuncio del endurecimiento de las penas contra las mafias y la inmigración ilegal es el más destacado denominador común de todas las portadas de este lunes. El Mundo y La Razón dan prioridad, sin embargo, a otros asuntos de la actualidad. Así, el principal titular de El Mundo asegura que “ETA diseñó la persecución social de los no nacionalistas por Batasuna”. Este diario, además, publica una entrevista a José María Michavila de la que la portada destaca la confianza del ministro de Justicia de “que en marzo haya sentencia y que ETA no pueda tener un partido en las próximas elecciones”. La Razón , por su parte, prosigue su campaña de denuncia contra la plataforma “Nunca máis” de la que el principal titular de este diario asegura que muchos donantes han pedido que les devuelva el dinero.
La otra noticia presente en todas las portadas es la decisión de la OPEP de producir más petróleo para compensar la crisis en Venezuela. La catástrofe del Prestige también encuentra eco en la portada de El País , donde se asegura que “Fomento permitió el uso privado de uno de sus remolcadores, según la empresa de salvamento”. La Razón también destaca la “ofensiva de Rabat para doblegar a Madrid” en la cuestión del Sáhara. ABC , así mismo, pone de relieve que “las familias españolas tienen acogidos a casi 20.000 menores” que han sufrido malos tratos o abandono por parte de sus padres. La Vanguardia asegura que “Bush planeó invadir Iraq sólo seis días después del 11-S”. El País destaca en portada el envío de 62.000 soldados más con los que EE UU ha reforzado su despliegue militar en el golfo Pérsico y el largo artículo de Javier Solana titulado “La semilla de una ruptura en las relaciones entre EE UU y Europa” en el que el Alto Representante de la UE para la política Exterior advierte de un supuesto riesgo de ruptura de las relaciones transatlánticas tras el cambio estratégico provocado por el 11-S.
El Mundo y El País informan, finalmente de los “once palestinos y dos israelíes muertos en una violenta jornada durante la que Hamas disparó tres cohetes Al Qasam”.