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Condenado un alto cargo de la Junta por corrupción

Multa de 600.000 euros, que en caso de impago sería sustituida por un año de cárcel, y 21 meses de inhabilitación para empleo o cargo público.

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El jurado ya consideró culpables al ex alto cargo de la Junta, Antonio Rivas, y a los exdirectivos socialistas de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce por el primero de los casos relacionados con Mercasevilla. Ahora, la Audiencia Provincial de Sevilla los ha condenado al pago de una multa de 600.000 euros, que en caso de impago sería sustituida por un año de cárcel, y 21 meses de inhabilitación para empleo o cargo público por solicitar una 'mordida' de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería de la lonja, que había sido subvencionada con 900.000 euros por la Consejería de Empleo. Sólo absuelve a la funcionaria Regla Pereira tras ser exculpada por el jurado, mientras que también ordena deducir testimonio contra la secretaria de Antonio Rivas, Consuelo Velázquez, por si pudiera haber incurrido en un delito de falso testimonio durante su declaración en la vista oral.

Recuérdese que Antonio Rivas ha sido un peso pesado del PSOE de Sevilla. Fue alcalde de la localidad sevillana de Camas y, además de otros cargos orgánicos, era Delegado de la Junta en la provincia de Sevilla. Es el primer alto cargo de la Junta de Andalucía condenado por corrupción. 

El ex alto cargo de la Junta, cerebro del soborno

El juez considera que, en el caso actual, "la actuación de los acusados, Rivas ideando el soborno" y "concertándose con Mellet, y a través de éste, con Ponce, quienes aceptaron realizar la petición de dinero que les planteaba" el exdelegado provincial de Empleo, "en beneficio propio o de terceros, constituye un supuesto de autoría conjunta". Según el juez, Rivas fue el actor principal de la trama. El juez llama la atención sobre el hecho de que Rivas, que "carecía de competencia" para otorgar la subvención, "se implicó directamente en la consecución del convenio para el otorgamiento de la subvención para equipamiento y cursos de formación", mientras que las reuniones entre el exdelegado y Mellet "se sucedieron en el tiempo", por lo que "con estos antecedentes es lógico apreciar el desmedido interés de Rivas por las solicitudes de Mellet".

Tras recibirse el visto bueno de la subvención y la mordida, Rivas habló por teléfono con Mellet. Según el juez, lo lógico era que hablasen de la subvención en dicha conversación telefónica mantenida el 5 de enero de 2009. La llamada fue reconocida por todos, pero Rivas declaró que se limitó a pedirle que la hija de su secretaria, Consuelo Velázquez, pudiera salir en la cabalgata de los Reyes Magos, punto que fue confirmado por la interesada. Pero el juez considera estos testimonios desprovistos de toda credibilidad.

Además, en las grabaciones, que no fueron manipuladas ni son falsas, hay dos referencias a Rivas. Una, cuando se le dice a los hosteleros que colaboraran con 300.000 euros y que a cambio obtendrían todos los cursos de formación subvencionados, y dos, cuando los empresarios preguntan si esa petición "era para la Delegación", lo que "pone de relieve que las sospechas de los afectados recaían sobre Rivas, pues había sido el interlocutor con la Junta en todo el tema de la subvención y, lógicamente, la respuesta, al querer ocultar los acusados el destino del dinero, no podía ser afirmativa, pues entonces descubrían la intención de Rivas".

Los hechos probados se deducen del testimonio de los empresarios afectados por la extorsión. Para el juez, la prueba directa para la inculpación de los afectados fue la declaración de los hosteleros, prueba de cargo bastante. Y añade: "Dichos testimonios, por la coherencia que han mostrado en la narración de los hechos enjuiciados, la contundencia de sus pronunciamientos, la persistencia en la incriminación de los acusados y la ausencia de contradicciones entre ellos, permiten apreciar la concurrencia de prueba de cargo bastante", todo ello "máxime cuando no se ha evidenciado ningún motivo que permita debilitar la credibilidad de sus declaraciones".

La versión de los hosteleros, "sin necesidad de valorar el contenido de la grabación" de la reunión en la que se produjo el presunto intento de cohecho, "ha sido corroborada por otros elementos probatorios", como la declaración de Ponce, "que reconoció las peticiones de dinero", o del policía que les tomó declaración.

Según el magistrado, hay que tener en cuenta también las declaraciones de los que fueran consejero y viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández y Agustín Barberá, respectivamente, quienes "vienen a confirmar la versión inculpatoria, pues niegan que los socios de La Raza tuvieran obligación de entregar dinero alguno a la Junta, como intentan establecer las defensas, y no sólo eso, sino que al tener conocimiento de la petición de dinero efectuada" por Mellet y Ponce "la consideraron como posible integradora de delito, y por ello remitieron la cinta a la Fiscalía".

La exigencia a los hosteleros, además, de pagar 150.000 euros por la acometida de luz "carece de soporte legal" y es "desproporcionada", ya que "ninguna explicación tiene que el pago se exigiera mediante la entrega de efectivo en un maletín sin factura ni documento alguno que lo acreditara", por lo que el magistrado concluye que la decisión del jurado "resulta razonable y justificada". 

Antonio Rivas, ex delegado provincial de la consejería de Empleo de la Junta de Andalucía bajo los mandatos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán ha sido condenado al pago de una multa de 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación por haber cometido un delito de corrupción. Los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, han sido condenados a la misma pena. El juez, pues, ha rebajado la petición de la Fiscalía de Sevilla, que solicitaba a cada uno de ellos 900.000 euros de multa. En caso de impago, los condenados serán castigados con una pena de cárcel de doce meses. 

El exdelegado de Empleo dimitió de este cargo tras llevar nueve meses imputado en el caso Mercasevilla, un proceso judicial que le ha supuesto ser el primer alto cargo de la Junta de Andalucía en ser condenado por un delito de corrupción.

El caso Mercasevilla se destapó a raíz de que los dueños del grupo La Raza denunciaran que los directivos del mercado central le habían solicitado una comisión ilegal de 450.000 euros a cambio de explotar una escuela de hostelería, un proyecto subvencionado por la Consejería de Empleo con 900.000 euros.

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