La crisis de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) no ha hecho más que empezar. A pesar de que Canal 9 cerrará emisión en los próximos días, las arcas públicas de la Comunidad valenciana la tendrán presente en sus presupuestos durante al menos 17 años, hasta 2030.
Tal y como recoge El Economista, desde el pasado 2009 la Generalidad de Valencia se hace cargo de la amortización de la deuda de RTVV, que en 2012 ascendía ya a 991 millones de euros. Ante esta situación, el pasado diciembre el Gobierno de Alberto Fabra intentó reaccionar y amplió el fondo de capital social del viejo ente RTVV a cambio de asumir y avalar su deuda, que ascendía ya en mayo a los 1.062 millones de euros, con el objetivo de capitalizarla entre los acreedores y liquidar las deudas contraídas.
La problemática viene cuando los acreedores se negaron a que la Generalidad asumiera la deuda, con lo que los liquidadores del viejo ente se encontraron con el plan de Fabra bloqueado. A su vez, la deuda no se puede llevar a concurso y cerrarla porque todos los préstamos tienen el aval de la propia Generalidad, así que las entidades financieras podrían cobrarle al Gobierno de Fabra su deuda por anticipado, por temor a las pérdidas. Así pues, el campo de maniobra de la Generalidad se reduce a seguir abonando los vencimientos e intereses de la deuda, a la vez que se sigue negociando para que los prestamistas acepten el traspaso de la deuda a la Generalidad y poder así disolver el RTVV.
Por lo tanto, tras pagar el Ejecutivo de Fabra más de 120 millones de euros durante el pasado año, por medio del mecanismo estatal de pago a proveedores, faltarían 991 millones de deuda bancaria -como mínimo-. En 2013, la Generalidad amortizó según presupuestos más de 167 millones y para el próximo año la cifra asciende a más de 135 millones de euros más 20 millones en intereses.
Cabe destacar el dinero presupuestado para RTVV por la Generalidad, que desciende a 107 millones, con lo que los expertos consideran que puede haber habido ya acuerdo con alguna de las entidades financieras, que habría aceptado el traspaso de su parte de deuda a la Generalidad. Mientras tanto, el cierre de la emisión sigue su curso y está previsto que este miércoles se vote en el Parlamento autonómico.