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La mayoría del PP evita la devolución de la Ley de Seguridad Ciudadana

El texto ha sido muy suavizado desde sus primeros borradores. El proyecto de ley empieza todo el recorrido parlamentario.

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La polémica Ley de Seguridad Ciudadana sigue adelante. La mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha evitado este jueves que el frente común compuesto por todos los grupos parlamentarios de la oposición aprobase las nueve enmiendas a la totalidad y devolviese al Gobierno un proyecto de ley que ha sido polémico desde la redacción de sus primeros borradores.

Superado este primer trámite parlamentario, el proyecto de ley seguirá el camino legislativo habitual. Primero será derivado a la Comisión de Interior, donde los grupos podrán proponer todas las enmiendas que consideren adecuadas para su reforma y que podrían ser centenares y centenares teniendo en cuenta el rechazo en bloque de la oposición. Otra cosa será que la mayoría del PP les permita cambiar algo del articulado.

Tras su aprobación en la Cámara Baja, el texto será remitido al Senado, donde también en su Comisión de Interior, los grupos de la oposición, siempre que esté pactado con el PP, podrán modificar lo que consideren oportuno. Tras su aprobación en la Cámara Alta, el proyecto de ley volverá de nuevo al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.

Durante su defensa de la ley en el hemiciclo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido que la ley "limita la discrecionalidad de la Administración" y ha destacado que "es un texto con mayor calidad jurídica" que el actual, con "un perfecto encaje en la Constitución", que "pretende ser la ley de los derechos que unos ejercen, respetando la libertad de todos" y que "se mantienen las mismas cuantías en las sanciones que hace 23 años".

Asimismo, ha desglosado lo que ha calificado como "novedades garantistas" del texto, destacando que "dentro de las sanciones graves y muy graves (hasta 600.000 euros), se dividirán en tres tramos (mínimo, medio y máximo) algo que no existe en la actualidad", al tiempo que ha explicado que cada grado estará delimitado por unos criterios recogidos en la propia ley.

El rechazo de la oposición a esta ley, que han calificado en numerosas ocasiones como "Ley Mordaza" se mantiene firme pese a que el texto final de este proyecto de ley que aprobó el Gobierno el pasado 25 de julio es bastante más suave que el anteproyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros ahora hace casi un año, fruto de su su paso por instituciones como el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el CGPJ o el Defensor del Pueblo, y de modificaciones solicitadas por ONGs como Amnistía Internacional, Greenpeace o Intermon Oxfam.

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