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La Guardia Civil detiene a Francisco Granados

De momento se han producido medio centenar de detenciones en Madrid, Murcia, Valencia y León.

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La Audiencia Nacional ha destapado este lunes una nueva macrocausa de corrupción, la denominada operación Púnica, en la que hay implicados empresarios y políticos de distintas formaciones, como PP, PSOE o el partido regional Unión Democrática Madrileña (UDMA), y donde los imputados ascienden ya a medio centenar.

La macrooperación está dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el magistrado Eloy Velasco.

A primera hora de la mañana saltaba la noticia con la detención por parte de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.

El ex senador dimitió de su cargo como parlamentario en la Asamblea de Madrid al destaparse que tenía una cuenta en Suiza con al menos 1'5 millones de euros, según su versión de dinero ganado honradamente antes de su entrada en política.

En dicha operación contra la corrupción también han sido detenidos el presidente de la Diputación de León y seis alcaldes madrileños, además de constructores y empresarios.

De momento, la operación se ha saldado con el arresto de otras 50 personas, todas ellas acusadas de formar parte de una trama para el cobro de comisiones por la adjudicación de obras. Entre ellas se encuentran, además de Granados, los alcaldes de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga, del PP; de Collado Villalba Agustín Juárez (PP); de Parla, José Maria Fraile, del PSOE; de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro, del PP; de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, de Unión Demócrata Madrileña.

En Murcia -otras de la regiones donde operaba la red corrupta- se hadetenido al exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa y al secretario del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo. También han sido arrestados por parte de la Guardia Civil, el jefe de gabinete de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación del gobierno murciano, José Fidel Saura, y la directora del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Mariola Martínez.

La investigación comenzó en diciembre de 2013 cuando Suiza envía una comisión rogatoria a la Fiscalía Anticorrupción española señalando que Francisco Granados y su persona de confianza, el empresario David Marjaliza tenían dos cuentas opacas en el país helvético.

Suiza alerta a España

El fiscal de Lausana procedió a bloquear dichas cuentas y a enviar toda la documentación recabada, vía comisión rogatoria, a España al apreciar que se había cometido un delito de blanqueo de capitales agravado en el país helvético. Después de seis meses investigando dichas diligencias, el pasado mes de junio Anticorrupción presentó una querella en la Audiencia Nacional.

Desde entonces, el juez Eloy Velasco ha investigado en secreto estos hechos. Según fuentes jurídicas, la trama de corrupción investigada operaba con políticos que trataban de lucrarse de forma individualizada y personal a través de adjudicaciones irregulares.

Estaríamos ante una trama organizada que usaba sus influencias políticas en ayuntamientos, diputaciones y autonomías como Madrid, Valencia, Murcia y León para conseguir irregularmente adjudicaciones de contratos y de servicios públicos cuyos beneficios luego blanqueaban a través de un complejo entramado societario que su vez les servían para conseguir dichos contratos contraviniendo la libre concurrencia.

Fuentes de la investigación apuntan que los pinchazos telefónicos realizados por la Guardia Civil han revelado que los políticos implicados, la mayor parte de ellos en la última etapa de su vida profesional, movían sus influencias para obligar a los técnicos de la Administración a adjudicar los contratos a las empresas escogidas a cambio presuntamente de comisiones ilegales.

En el epicentro de la trama dos nombres: el de David Majariza y Alejando de Pedro Llorca, ambos los presuntos 'conseguidores' de las contrataciones ilegales.

Actualmente, Velasco investiga si detrás de esta trama se pudieron cometer una decena de delitos: blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación , revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal.

Una trama de enriquecimiento personal

La Fiscalía ha informado de que sólo en los dos últimos años esta trama de corrupción municipal y regional se habría adjudicado contrataciones por valor de 250 millones de euros.

Los acusados lograban contratos públicos en "connivencia" de ediles municipales y funcionarios, empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos. El objetivo de estos políticos era conseguir el enriquecimiento y lucro personal con estas adjudicaciones más allá de perseguir una financiación irregular de sus partidos.

De momento se han llevado a cabo 259 mandamientos a registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer o vender dichos bienes; se han cursado 400 mandamientos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto de fondos; y se han practicado ya 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados. La operación continúa abierta.

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