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La Guardia Civil detiene a Andreu Viloca, tesorero de CDC

Caso 3%: una decena de arrestados y registros también en una empresa de la Generalidad.

(Barcelona)
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Artur Mas está contra las cuerdas. A la vista de las testificales en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el tribunal no tendría más remedio que proceder a su procesamiento por la organización del referéndum ilegal del 9-N. Pero eso es lo de menos en el panorama judicial y político del "president" en funciones. El "Método 3%" es la losa que pesa sobre su reelección, que depende de los diez diputados de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), un partido antisistema que es la referencia proetarra en la región.

Las indagaciones de los fiscales, los mandamientos judiciales y las investigaciones de los especialistas de la Guardia Civil sitúan a Mas al frente del negocio del 3%. Andreu Viloca, el administrador de CDC y de sus fundaciones es una de las claves para desentrañar el complejo operativo contable del denominado "caso 3%", un expediente judicial que es una bomba de relojería sobre las finanzas de Convergencia y de las principales familias del nacionalismo catalán. Mas confía en la lealtad de Viloca, pero el horizonte penal que se le avecina podría cambiar la tendencia al hermetismo del contable y tesorero, un hombre afable, que viaja con el Barça con Europa, gasta bromas a sus subordinados y se alivia de hacer política a pesar de ocupar por su puesto un cargo en la ejecutiva del partido, al lado de Mas.

El "president" en funciones intenta no darle importancia a la acumulación de pruebas e indicios sobre la financiación irregular, entre otros delitos, que habrían cometido los máximos dirigentes del partido y de los que él sería el último responsable. Cargos de corrupción política que Mas trata de eludir con una nueva vuelta de tuerca del proceso separatista y con un aviso a la CUP: "el proceso no puede estar pendiente de las actuaciones de los poderes del Estado". La presión sobre el partido antisistema es máxima, pero los registros y detenciones de la Guardia Civil inciden sobre las negociaciones.

CDC, el partido que Mas ocultó en una plataforma con ERC, es un foco de corrupción indisimulable. Personal del partido es arrestado y se amontonan las pruebas sobre el cobro de mordidas.

En este contexto, Mas apura los plazos y el primer "round" será la sesión de investidura prevista para el próximo 9 de noviembre, aniversario del referéndum ilegal. La CUP no da su brazo a torcer, de momento, y explora la posibilidad de que haya otros candidatos a la investidura. En Juntos por el Sí cierran filas en torno a Mas, pero las evidencias en su contra del tres por ciento son un lastre para el acuerdo. Ya no se descartan unas elecciones anticipadas tras la caída de la cúpula administrativa del partido de Pujol.

Registros y detenciones

Agentes de la Guardia Civil, en calidad de policía judicial, han detenido esta mañana al tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Andreu Viloca. La operación está relacionada con los registros del pasado 28 de agosto en las sedes de CDC, la fundación del partido CatDem y los ayuntamientos de Lloret de Mar, Figueras y San Cugat del Vallés, el llamado "caso 3%" consistente en el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

La operación, que sigue abierta, ha supuesto la detención de ocho personas y 11 registros: el de la sede de CDC, el de los ayuntamientos de Olot (Gerona) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona) y el de varias empresas.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye indiciariamente a Viloca un total de seis delitos relacionados con la corrupción: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales.

La Guardia Civil ha entrado en las sedes de la empresa GISA, empresa de la Generalidad de Cataluña, que impulsa la obra pública autonómica, y ha detenido a su director, Josep Antoni Rosell. También ha sido detenido el consejero delegado del Grup Soler, Jordi Soler. Los agentes han entrado en la sede de COPISA, empresa constructora con oficinas en Hospitalet de Llobregat.

El caso 3%

Un nuevo palo para el partido y para Artur Mas en la investigación sobre el 3%, una acumulación de pruebas que ya ha provocado decenas de detenciones, pero ninguna de tanto impacto como la de hoy, con la Guardia Civil "custodiando" la céntrica, flamante y embargada sede de CDC mientras los agentes proceden a un nuevo registro en presencia de los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, que han acudido a las dependencias del partido sobre las once de la mañana. Allí se han encontrado al administrador Viloca, que había sido detenido a primera hora en su domicilio. Estas diligencias se dirigen desde el juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona), ya que la primera denuncia se produjo en Torredembarra y a cargo de una concejal de ERC que fue purgada.

En los registros realizados el pasado agosto los investigadores encontraron documentación muy sustantiva sobre el mecanismo de pago y el porcentaje de la mordida. El asunto se remonta a la detención de Jordi Sumarroca y del exalcalde de Torredembarra, Daniel Masagué, el pasado 23 de julio. Sumarroca, al frente del holding de empresas de la familia más cercana a los Pujol Ferrusola, salió de prisión 19 días después, tras pagar una fianza de 600.000 euros. En el registro de su empresa y de su domicilio los agentes encontraron documentación en la que se detaballa la vinculación entre determinadas obras públicas y pagos a la fundación convergente y al mismo partido.

De ahí se pasó a los registros en las sedes y ayuntamientos convergentes, así como al domicilio del extesorero del partido, Daniel Osàcar (vinculado a la derivada del 3% del Palau de la Música, procedimiento por el cual están embargadas las sedes), y este miércoles podría haber más detenciones.

La destructora de papel y la carpeta

Los trabajadores de Convergència trataron de eliminar pruebas, pero la Guardia Civil halló una carpeta detrás de un archivador en la que se había anotado a mano "3%" junto a una serie de contratos. La destructora de papel de CDC también ha aportado claros indicios tras una ardua reconstrucción. En muchos de ellos aparece el membrete de Teyco, el nombre de la constructora del clan Sumarroca.

Efecto en las negociaciones con la CUP

El impacto de la corrupción en CDC es de tal envergadura que podría incidir de manera notable en las negociaciones entre Mas y la CUP para su investidura. Antes de la detención del tesorero Andreu Viloca, el presidente en funciones se había mostrado dispuesto a agotar todos los plazos parlamentarios de tal manera que el último día hábil para ser investido coincidía con el 9 de noviembre, el primera aniversario del referéndum por el que podría ser procesado por el TSJC. Ahora aumentan las posibilidades de que se vuelvan a convocar elecciones.

Los casos de corrupción relacionados con el cobro de comisiones salpican a Mas por todos los lados. A pesar de la marcha sobre el TSJC de la semana pasada y de la exhibición de unidad separatista, la CUP se resiste a darle sus votos y es más que probable que la detención del administrador de CDC reafirme a los duros del partido en sus propósitos.

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