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Barberá cree que el blanqueo de Imelsa es una venganza urdida por Alfonso Grau

La exalcaldesa ha presentado un escrito de defensa ante el juez que investiga el presunto blanqueo de capitales en Valencia.

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Barberá cree que el blanqueo de Imelsa es una venganza urdida por Alfonso Grau
Rita Barberá | EFE

Rita Barberá ha aportado su versión al juez que investiga el presunto blanqueo de capitales en Valencia. La exalcaldesa ha evitado una comparecencia pública y la llamada pena del paseíllo y ha decidido "colaborar con la Justicia", como ella misma anunció, a través de un escrito de defensa. Un documento en el que Barberá reconoce que "es cierto que aportó un donativo de 1.000 euros para la financiación de la campaña a las elecciones municipales de 2015". La actual senadora no recuerda "con exactitud" cómo entregó ese dinero al Partido Popular de la ciudad y manifiesta que, en cualquier caso, no se encargaba de diseñar la campaña. También ha clamado contra el porqué de esta "conspiración": una venganza capitaneada por su antigua mano derecha, el exvicealcalde Alfonso Grau.

Barberá cree recordar que entregó los 1.000 euros "mediante un talón bancario contra su cuenta corriente de Bankia". En el documento entregado ante el juez de instrucción defiende que "la mecánica empleada sería, pues no se recuerda con exactitud, hacer llegar al Grupo Popular por servicio interno el referido talón, para que procediera a su cobro. Como consecuencia fue abonada en la corriente del Grupo Popular designada al efecto". No obstante, la exalcaldesa niega rotundamente que ese dinero le fuera devuelto en dos billetes de 500, tal y como apuntan la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil en sus informes sobre el presunto ‘pitufeo’. La acusación asegura que la práctica se repitió con medio centenar de personas vinculadas al Grupo Popular.

La lideresa valenciana despeja la responsabilidad en torno a la recaudación. Toda vez que se ha probado que los concejales y asesores del Ayuntamiento aportaron 1.000 euros por cabeza para financiar la campaña, Barberá apunta a una decisión del comité electoral. Según reza su escrito, su única función era la de "candidata, con una única y finalista misión, la de captar votos, lo que como es fácil de adivinar absorbe el tiempo suficiente como para que ni siquiera pueda adquirir conocimiento alguno sobre temas relacionados con competencias que no son suyas, sino del comité de campaña". Aspirante además de vigente alcaldesa: "dicha actividad electoral no interrumpe el ingente quehacer derivado de la responsabilidad de la Alcaldía, lo que nos lleva a la conclusión de que ambas actividades colmaban en exceso el trabajo de mi representada, sin opción siquiera a interesarse por cualquier otro asunto, y menos respecto de los que estaban sobradamente atendidos por el comité de campaña".

Conspiración de Grau

Descarga en ese comité de campaña "desde la programación de actos, mítines, visitas, paseos callejeros, eligiendo días y lugares, hasta la selección de argumentarios a defender "hasta "el soporte de la necesaria financiación que diseña, programa y ejecuta". Barberá detalla que este grupo estaba a cargo de Alfonso Novo, número dos en la lista del PP de Valencia, como coordinador general. También lo componían, según la senadora, otras diez personas, entre las que se encontraban Alfonso Grau, coordinador de campaña, y María del Carmen García Fuster en calidad de coordinadora del servicio jurídico.

Barberá expone su propia hipótesis sobre el porqué de esta investigación. Apunta a su exvicealcalde Grau, con el que se distanció tras quedar señalado en el caso Nóos en el que ahora se sienta en el banquillo. Pero sobre todo, subraya la exalcaldesa, sería una venganza por haber dejado fuera de la lista electoral a su esposa, María José Alcón, imputada por varios delitos en el caso Taula. Una grabación de esta exconcejal supuso el epicentro de esta pieza separada del caso en la que se investiga un presunto blanqueo de capitales.

"Jamás se produjo ningún amaño en adjudicación alguna, trato de favor a nadie, cobro de comisiones a terceros, en definitiva, eso que se ha calificado de 'mordidas', hasta cuyo significado le era desconocido a la declarante". Barbero sigue defendiendo su labor en los 24 años que estuvo al frente del Ayuntamiento de Valencia. En relación a los contratos que investiga el juez que conduce esta vertiente de la Operación Taula, la senadora alega "que en aquel momento era imposible siquiera imaginar la comisión, al parecer, de unos hechos delictivos de tal ingeniería delictiva que hoy, pese a la colaboración de algún autor de los mismos, siguen sin resolverse". Concluye que "nada" se le puede reprochar "cuando profesionales de la investigación, fiscales, fuerzas de seguridad, periodistas, 'yonkis arrepentidos', etc.., pese al mucho tiempo transcurrido y medios empleados, no alcanzan conclusiones definitivas".

Pitufeo valenciano

El pitufeo o smurfing es una técnica extendida para el blanqueo de capital. Consiste en reunir a muchas personas para que efectúen transferencias bancarias en pequeñas cantidades a diferentes cuentas. Reciben dinero negro en un primer momento y, al realizar los movimientos de cifras exentas de control bancario, los fondos quedan lavados. El pitufeo es también la modalidad que habrían empleado los concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia en la vertiente de la Operación Taula o caso Imelsa que salpica a Rita Barberá.

Rita Barberá ha declarado voluntariamente ante el Juzgado. El juez le brindó el pasado 14 de marzo esa posibilidad y habilitó un plazo de veinte días. Culminada esta diligencia, decidirá si eleva la causa mediante una exposición razonada al Tribunal Supremo, el único con competencia para imputar a la exalcaldesa y ahora senadora, refugiada en su condición de aforada. En la pieza por blanqueo de capitales figuran 48 imputados/investigados entre concejales, exconcejales, asesores y exasesores del Ayuntamiento de Valencia. Según la Fiscalía Anticprrupción, "existen indicios suficientes de la participación" de Barberá en la comisión del delito.

El juez de instrucción acordó también la imputación al Partido Popular en su condición de persona jurídica -la formación ya está procesada en los mismos términos en la investigación por el borrado de los ordenadores de Bárcenas en los Juzgados de Madrid-. Considera oportuno acatar la doctrina del Supremo y agotar la investigación. El objetivo es que, llegado el momento, tanto este órgano como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dispongan de información más precisa para "valorar la implicación indiciaria de las personas aforadas".

"Tienen mucho dinero negro"

La secretaria de organización del PP del Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster, entregaba a los concejales y asesores del partido sobres con 1.000 euros para que participaran en el pitufeo. Así consta en el sumario, que recoge sospechas según las cuales ese dinero acabó sufragando la campaña electoral de las elecciones municipales de mayo de 2015. Un número de cuenta de la formación política a nombre de Rita Barberá recibió entre el 23 de marzo y el 15 de abril 50.000 euros en cincuenta entregas realizadas por distintos miembros del grupo municipal, actualmente imputados en la causa.

El mismo sumario recoge una serie de conversaciones telefónicas que prueban el modus operandi. En una de las grabaciones, María José Alcón, exconcejal en el Ayuntamiento valenciano, se lo explica a su hijo: "Yo les tenía que hacer una transferencia legal para blanquear dinero, vamos, corrupción política total. Me deban dos billetes de quinientos". En un momento en el que el vástago responde incrédulo, la exedil añade: "Ellos tienen mucho dinero negro. De empresas del partido, comisiones, corrupciones. Es un dinero que no pueden aflorarlo". A continuación, Alcón admite que ese dinero lo ha recibido de García-Fuster y que lo ha devuelto "con una transferencia bancaria y se blanquea".

La conversación con Vicente Burgos Alcón termina con una reflexión de madre a hijo: "Como tú me dijiste una vez, y tienes más razón que un santo, en este país lo único que funciona es la corrupción".

Caso Imelsa

La pieza principal del Caso Imelsa u Operación Taula seguirá bajo secreto hasta el 14 de abril tras la nueva prórroga acordada por el juez. Acumula ya 115 investigados (anteriormente imputados), entre personas físicas y jurídicas, por varios delitos contra la Administración Pública: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales. En el punto de mira, una supuesta trama de corrupción infiltrada en la Comunidad Valenciana a nivel municipal y regional. Según fuentes de la investigación, sus integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos públicos a cambio de comisiones.

La operación que desencadenó la causa a finales de enero se saldó con 24 detenciones, entre ellas las del expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus. La investigación consta de 4.500 folios en 15 tomos.

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