Miércoles de impasse en el juicio del caso Gürtel. La calma se ha instalado en la Audiencia Nacional después de la confesión de tres acusados, los llamados arrepentidos. Dos empresarios y un exconcejal que, en pos de una rebaja condenatoria, comprometieron el futuro procesal de los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, y del presunto cabecilla Francisco Correa. Éste último, apodado don Vito al más puro estilo capo de ficción, tomará previsiblemente la palabra el jueves.
La expectación y los nervios envuelven este interrogatorio. Según el relato de la Fiscalía Anticorrupción, Correa ideó, impulsó y gestionó una red capaz de corromper a empresarios y políticos del Partido Popular. El grupo empresarial que conducía monopolizó contratos públicos de obras y servicios a través de un cauce acordado. Una de las sociedades se adjudicaba el concurso, sacaba rédito y compensaba a los intermediarios con pagos y regalos en especie. El desfalco se habría acercado a 450 millones de euros.
Cayeron las comunidad de Madrid y Castilla y León; los ayuntamientos de Estepona (en Málaga); Majadahonda y Pozuelo de Alarcón (en Madrid); y el de la capital. El grupo Correa armó en paralelo una estructura en el extranjero para que empresarios y políticos plegados a las condiciones de la Gürtel ocultaran su patrimonio de origen ilícito. Hasta una docena de delitos acumulados por el supuesto líder, que se enfrenta a 125 años y un mes de cárcel por esta pieza separada, la Época Primera, y suma 400 en total.
El secreto de su confesión
La posibilidad de que Francisco Correa tire de la manta es una novedad. El empresario se sentó ya en el banquillo por la pieza separada relativa a las actividades en Valencia. Entonces negó cualquier relación con la Gürtel y sus empresas. Sociedades a las que, según aquel testimonio, únicamente asesoró. En las próximas semanas se hará pública la sentencia de ese juicio, que puede condenar hasta a 15 años al protagonista en cuestión.
Ha cambiado de parecer. Correa sabe que ingresará en prisión, más tarde o más temprano. Aunque en la primera causa abierta se enrocara, ha concluido que será más rentable colaborar con la Justicia en busca de la benevolencia de la Fiscalía y los magistrados. De hecho, ha exhibido gestos de buena voluntad: solicitó el desbloqueo de una de sus cuentas en Suiza para pagar dos millones de euros en concepto de reparación de daño; no se sumó con otros acusados a la recusación del juez José Ricardo de Prada ni tampoco a las cuestiones previas, entre ellas la suspensión de la vista oral.
Sobre el papel, Francisco Correa también persigue la atenuante de confesión. El empresario toma el micrófono ante la mirada atenta de sus compañeros de banquillo y de políticos del Partido Popular que coquetearon con sus oscuros negocios. No gastará munición contra su núcleo más cercano, los Pablo Crespo, el contable José Luis Izquierdo, la administradora Felisa Isabel Jordán, el exvocal del PP Javier Nombela y la empleada Alicia Mínguez, que le habrían ayudado en el desarrollo de los acontecimientos. Pero sí contra el resto de los 37 acusados y quizás algún otro personaje público cuya suerte le ha alejado de la planta cero de San Fernando.