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El TSJM indica a Pedro Antonio Sánchez el camino al banquillo

Si acaba en el banquillo debería dejar su escaño de diputado regional y la presidencia del PP de Murcia.

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Si acaba en el banquillo debería dejar su escaño de diputado regional y la presidencia del PP de Murcia.
Pedro Antonio Sánchez | EFE

Tan solo dos horas ha necesitado el magistrado instructor para decretar la apertura de procedimiento abreviado contra Pedro Antonio Sánchez, presidente del Partido Popular de la región de Murcia. Tras su toma de declaración esta mañana como investigado por el caso Púnica, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Enrique Quiñonero, ha decidido procesar al expresidente regional murciano bajo las acusaciones de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

La decisión del instructor, insólita por su rapidez, sitúa a Pedro Antonio Sánchez virtualmente en el banquillo de los acusados, toda vez que bastaría con la petición en tal sentido de alguna de las partes personadas en el procedimiento para que se abra juicio oral contra él. La representación legal del PSOE, presente en la causa, ya había anunciado su intención de formular tal petición, por lo que la imagen del todavía presidente del PP de la región de Murcia en el banquillo de los acusados puede ser solo cuestión de días.

La trama Púnica

Pedro Antonio Sánchez apareció en la investigación de esta trama delictiva a consecuencia de las negociaciones que habría mantenido para mejorar su reputación online. Estamos en 2014 y, tras la marcha al Parlamento Europeo del presidente de la región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, se había iniciado la carrera de la sucesión. En esa época había una lucha soterrada entre dos delfines –ambos consejeros del Gobierno regional– para convertirse en candidato del PP a la presidencia autonómica en las elecciones de 2015. Uno de ellos y, sin duda, el mejor colocado era precisamente Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación.

Los dos delfines habrían acordado con los conseguidores de la trama una serie de labores en las redes sociales para eliminar comentarios negativos y mejorar sus expectativas de cara a la sucesión, tareas que serían abonadas con cargo al erario público. Uno de ellos, Juan Carlos Ruiz, fue imputado por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y los miembros de la cúpula de su consejería arrestados por la UCO. Según el magistrado, Sánchez había llegado a un acuerdo similar, pero la operación de la Guardia Civil hizo que saltaran todas las alarmas y no se pusieron en marcha los mecanismos administrativos.

Pedro Antonio Sánchez siempre ha negado que acordara ningún trabajo con los conseguidores de la trama. Una y otra vez ha exhibido certificaciones administrativas que demostrarían la inexistencia de un expediente oficial para estos trabajos. Sin embargo, la mera concertación formal de voluntades sería, a juicio del instructor, un ilícito penal que la Justicia ha de perseguir. Además, aunque el expresidente insiste en que solo se reunió una vez con el cerebro de la trama, Alejandro de Pedro, lo cierto es que en el sumario del juez Velasco obran llamadas telefónicas y cruces de mensajes entre ambos que indicarían unas negociaciones muy avanzadas para llevar a cabo esa contratación ficticia.

A un paso del banquillo

A las 10 de este martes 6 de junio ha dado inicio la declaración del acusado en el Tribunal Superior de Justicia, que no ha respondido a preguntas de las acusaciones particulares. Tan solo dos horas después, el instructor de la causa –por cierto, propuesto para el TSJM por el Partido Popular– ha tomado una decisión que, con toda probabilidad, llevará al banquillo de los acusados al expresidente murciano.

Precisamente ese es el momento procesal –la apertura de juicio oral– donde entran en funcionamiento las premisas del reglamento interno del PP, de manera que Sánchez debería abandonar su escaño de diputado regional y también la presidencia de los populares de la región de Murcia. Su futuro político, que pasaba por una rápida exculpación en los casos Púnica y Auditorio, se centraba en volver a encabezar la candidatura del PP en las elecciones autonómicas de 2019. Con esta decisión de la Justicia, las posibilidades de que tal cosa ocurra se reducen todavía más.

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