Menú

El Tribunal Constitucional anula definitivamente la declaración de independencia

Se ha pronunciado a instancias de los recursos que interpuso la Abogacía del Estado en representación del Gobierno central.

0
El Tribunal Constitucional anula definitivamente la declaración de independencia
Los diputados aplauden tras declarar la independencia | EFE

Los doce magistrados que integran el Tribunal Constitucional se han reunido este mediodía en un Pleno con carácter extraordinario. Abordaban dos de los acuerdos concebidos por los políticos separatistas como la base jurídica de una nueva república catalana. Por un lado, la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica, una especie de constitución provisional –casi idéntica en materia de derechos y libertades a la Constitución Española– previa al constituyente que rubricaría y ampliaría su contenido. Por otro, las resoluciones aprobadas por el Parlamento autonómico que proclamaron la independencia del territorio. El órgano que vela por el cumplimiento de la Carta Magna ha estudiado los dos recursos interpuestos por el Gobierno central que provocaron anteriormente con la admisión a trámite la suspensión cautelar de los textos impugnados.

Con la unanimidad habitual en cuestiones relativas al desafío separatista, el Tribunal ha declarado la nulidad y la inconstitucionalidad de ambos acuerdos porque "contradicen frontalmente sus decisiones". Pone en conocimiento de la Fiscalía, por si fuera constitutiva de delito, la actuación de Carme Forcadell y los miembros de la Mesa "que votaron a favor de tramitar las resoluciones". Además, levanta las multas de 12.000 y 6.000 euros que impuso a los responsables de la Administración Electoral del Gobierno de Cataluña, Josep María Jové y Lladó y Montserrat Vidal i Roca, respectivamente, para que cumplieran los requerimientos y suspendieran el referéndum ilegal del 1-O.

Los magistrados argumentan que el Parlamento regional "pretende de nuevo cancelar de hecho en el territorio de Cataluña y para todo el pueblo catalán la vigencia de la Constitución, el Estado de Autonomía y de cualesquiera reglas de derecho que no se avinieran al dictado de su nuda voluntad". Esa actuación constituye un "grave atentado" contra el Estado de Derecho y conculca "con pareja intensidad el principio democrático". En este punto, el TC recuerda que "en el Estado constitucional no puede desvincularse el principio democrático de la primacía incondicional de la Constitución".

Ley de Transitoriedad Jurídica

La Abogacía del Estado presentó el 12 de septiembre el recurso contra la Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la república catalana. Presentó esta iniciativa rupturista como "la mayor afrenta y amenaza a la destrucción de las normas de convivencia que la sociedad española se dio en 1978".

Esta Ley establece un periodo transitorio de aproximadamente un año para la articulación de una Constitución y la convocatoria de las primeras elecciones de una república catalana. Seguirían vigentes durante ese ‘tiempo muerto’ las normas de la Unión Europea, los tratados internacionales y las leyes estatales que "no contradigan" la ley catalana de transitoriedad jurídica.

El texto proclama una nueva "república de derecho, democrática y social", y atribuye la soberanía nacional "al pueblo de Cataluña". Señala que el jefe del Estado será el presidente de la Generalidad, elegido por el Parlamento de Cataluña de entre sus miembros. Además, hasta la aprobación de la futura Constitución catalana, se garantizan los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución Española como en el Estatuto de Autonomía.

La normativa considera como lenguas oficiales "la catalana, la occitana y la castellana". "Tendrían nacionalidad catalana los que posean la nacionalidad española y estuvieran empadronados en Cataluña desde antes del 31 de diciembre de 2016. También podrían serlo los españoles empadronados con posterioridad a esa fecha, pero antes de la entrada en vigor de la ley de transitoriedad y que lo soliciten cuando lleven dos años empadronados en Cataluña. También tendrían la nacionalidad catalana los nacidos en Cataluña, aunque no residan, o los hijos de catalanes". Para ser catalán, subraya, no se exigirá "la renuncia a la nacionalidad española ni a cualquier otra".

En cuanto a la Justicia, el Tribunal Superior de Cataluña se convertiría en el Tribunal Supremo. Se mantendrían los magistrados y salas actuales –dando por hecho la voluntad de los juristas– "con algunas adaptaciones". Se crearía una Sala Superior de Garantías en sustitución del Tribunal Constitucional que se hará cargo de los recursos de amparo que antes de la independencia se encargaba el Alto Tribunal, de los conflictos de jurisdicción y electorales.

En base a lo establecido en la Ley, el Fiscal General sería nombrado por el Parlamento a propuesta del Gobierno catalán. Los juzgados y tribunales catalanes podrán archivar o anular "los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta".

La Generalidad asumiría el control de la Administración y los funcionarios estatales –presuponiendo también su voluntad–manteniendo "las mismas condiciones retributivas y de empleo". Por supuesto, el Gobierno catalán sería la única autoridad tributaria, sucediendo "al Reino de España en los derechos y obligaciones de carácter económico y financiero". No menciona la deuda.

Declaración de independencia

El Constitucional había advertido por enésima vez mediante una notificación personal a Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento de Cataluña, y a los miembros de la Mesa de su deber de impedir cualquier iniciativa separatista. Haciendo caso omiso de las amonestaciones, la Cámara autonómica aprobó por setenta votos a favor, diez en contra y dos abstenciones la resolución que habían diseñado Juntos por el Sí y la CUP para proclamar la independencia. Los partidos constitucionalistas –PP, PSOE y Ciudadanos– abandonaron sus escaños en medio de aquella sesión. Podemos y los rupturistas contemplaron el nacimiento imaginario de la nueva república carente de sustento legal.

Las resoluciones llamadas "Declaración de los representantes de Cataluña" y "Proceso constituyente" y aprobadas el pasado día 27 de octubre por el Pleno del Parlamento de Cataluña, después de una exposición acrobática de las bondades y particularidades del "pueblo catalán", establecen lo siguiente:

CONSTITUIMOS la República catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social. DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante. AFIRMAMOS la voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes. Las negociaciones tendrán que ser, necesariamente, en pie de igualdad.

PONEMOS EN CONOCIMIENTO de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República catalana y la propuesta de negociaciones con el estado español. INSTAMOS a la comunidad internacional y a las autoridades de la Unión Europea a intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso, y hacer el seguimiento del proceso negociador con el Estado Español y ser testigos de ello. MANIFESTAMOS la voluntad de construcción de un proyecto europeo que refuerce los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía, así como el compromiso de continuar aplicando, sin solución de continuidad y de manera unilateral, las normas del ordenamiento jurídico de la UE y del ordenamiento del estado español y del autonómico catalán que trasponen esta normativa.

AFIRMAMOS que Cataluña tiene la voluntad inequívoca de integrarse tan rápidamente como sea posible a la comunidad internacional. El nuevo Estado se compromete a respetar las obligaciones internacionales que se apliquen actualmente en su territorio y a continuar siendo parte de los tratados internacionales de los que forma parte el Reino de España. APELAMOS a los Estados y a las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como un Estado independiente y soberano.

INSTAMOS al Gobierno de la Generalidad a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de Independencia y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. HACEMOS una llamada a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la República catalana a hacernos dignos de la libertad que nos hemos dado y a construir un Estado que traduzca en acción y conducta las aspiraciones colectivas.

Más noticias sobre el desafí­o separatista en Cataluña en Flipboard

En España

    Lo más popular

    0
    comentarios

    Servicios