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Caso ERE: arranca el juicio a Chaves, Griñán y 20 altos cargos

Este miércoles comienza el juicio por corrupción más relevante para el PSOE desde el caso Juan Guerra.

Pedro de Tena
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Este miércoles, siete años después del comienzo de la instrucción por la juez Mercedes Alaya, la Audiencia Provincial de Sevilla, vía el tribunal designado, tendrá que comenzar a decidir si hubo o no delitos en el comportamiento de 22 acusados entre los que se encuentran dos expresidentes de la Junta, siendo los demás altísimos cargos. Para ello tendrá que examinar más de un millón de folios en casi 400 tomos de sumario o, en soporte informático, 8.500 archivos.

Hace ahora 25 años del primer juicio a Juan Guerra, que tuvo como consecuencia previa la dimisión de su hermano, el todopoderoso hasta entonces vicepresidente del gobierno y vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, en 1991. Aunque aquel juicio tuvo una resonancia popular y política extraordinaria, sus asuntos penales fueron de mucha menor relevancia y cuantía que el actual. Juan Guerra había ocupado irregularmente un despacho en la Delegación del Gobierno de Sevilla y se le acusaba de casos puntuales de tráfico de influencia, que entonces no era delito, de una dimensión más que moderada y de fraude fiscal.

El caso Juan Guerra, que se veía venir, estalló el día después de los Reyes Magos de 1990 cuando el alcalde socialista de Barbate Serafín Núñez reconoció la participación del "hermanísimo" en la operación urbanística Puerto de la Plata en su término municipal. Antes hubo otros casos de corrupción vinculados al PSOE, pero ninguno tuvo el alcance político y social del caso Guerra, especialmente, por la envergadura de "dales caña" Alfonso Guerra.

Poco después, ese mismo año, Manuel Chaves llegaba a la presidencia de la Junta de Andalucía donde se ha mantenido hasta 2008, siendo sucedido por José Antonio Griñán hasta 2003. Esto es, son 23 los años que abarca la gestión que ambos han hecho del dinero y de las formas políticas andaluzas, desde la hegemonía socialista obtenida en 1982 y jamás abandonada hasta el momento.

Como en el caso Guerra, en que el juez instructor Ángel Márquez fue objeto de todo tipo de ataques e incluso de intentos de soborno por parte del PSOE a nivel nacional, la juez Alaya ha sido objeto de constantes ataques por haber sido implacable en llegar hasta la "cúspide de la pirámide" de este gran caso de corrupción de la historia reciente de España y Andalucía.

Algunos elementos llamativos del proceso es que ha afectado con imputación precisa a alrededor de 300 personas; que trata de dirimir el destino de más de 854 millones de euros si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido (741 millones en origen); que decide si los dineros públicos empleado en ayudas sociolaborales fue fraudulenta y clientelar (el que la Junta haya reclamado como irregulares 135 millones da una idea de que los indicios eran sólidos) y si todo el entramado fue un diseño político establecido desde la cúpula de la Junta para apuntalar su sistema clientelar desde el año 2000 hasta el 2010.

En resumen, determinadas empresas y colectivos de trabajadores, con participación de UGT y CCOO, obtenían arbitrariamente ayudas bajo la forma de subvenciones o articulación de EREs que eran financiados anómalamente por la Junta de Andalucía sin atender a consideraciones legales ni de mercado.

El dinero destinado a tal menester se cargaba, sobre todo, a la partida presupuestaria 31L, conocida como "fondo de reptiles" desde donde llegaba a la Agencia IDEA, antes IFA, bajo el ropaje de las conocidas como "transferencias de financiación", un mecanismo sólo permitido para equilibrar cuentas públicas, no para albergar subvenciones encubiertas.

El caso es que el procedimiento, irregular según el Interventor General de la Junta de Andalucía y otros expertos, se mantuvo a pesar de las advertencias con la excusa de "agilizar" los procedimientos administrativos que retrasaban las ayudas consideradas urgentes. Además, se perpetró un indiscriminado incremento de las comisiones para intermediarios de las aseguradoras intervinientes en el pago de las prejubilaciones decididas por la Junta de Andalucía.

Según la Fiscalía, nadie puso coto ni freno a estas prácticas irregulares y arbitrarias para conceder subvenciones y financiación a según qué empresas y colectivos de trabajadores dejando a otros con el mismo derecho sin cobertura y ninguno de los altos cargos eliminó durante diez años el procedimiento de las "transferencias de financiación" cuyo uso había sido denunciado por la Intervención General.

José Antonio Griñán, que además de expresidente de la Junta fue el consejero de Economía y Hacienda que debió haber cortado de raíz las irregularidades, se lleva la peor parte, con una petición de penas de seis años de cárcel por malversación de caudales públicos. Manuel Chaves sólo afronta penas de inhabilitación para ejercicio de cargo público como consecuencia de un delito de prevaricación. Los demás combinan ambas penas, cárcel y/o inhabilitación siendo el más grave el del ex delegado del gobierno y exconsejero, José Antonio Viera, al que se le piden ocho años de cárcel.

La sala del juicio alojará durante casi un año, si no hay retrasos, a los 22 acusados, a 116 testigos, de ellos 59 de las defensas, y el resto de la acusación que ejercen la Fiscalía, el PP y Manos Limpias. Entre ellos, se conoce ya que habrá tres expresidentes del Parlamento andaluz y algunos miembros de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Además, desfilarán numerosos peritos para aclarar las cuestiones técnicas.

Se trata de esclarecer si hubo una trama política que decidió actuar irregularmente a sabiendas, que tal trama funcionaba jerárquicamente y sin atender a legislación alguna y si los procedimientos utilizados eran incompatibles con la legalidad vigente. No hubo enriquecimientos personales en las altas instancias, que se conozcan, pero sí importantes réditos políticos.

Que eso fue lo que ocurrió es la tesis que defendió la juez Alaya, la tesis que asumió la Fiscalía Anticorrupción, la misma que aceptó el Tribunal Supremo y la que se plasmó finalmente en el auto del juez de instrucción Álvaro Martín, que dio comienzo a este juicio oral.

Frente a esta tesis, derivada sobre todo del peritaje de la Intervención General del Estado y de la homónima de la Junta de Andalucía y de la declaración del ex director general Francisco Javier Guerrero, está la posición de los acusados de que las irregularidades eran cosa de "tres o cuatro golfos", el mencionado Guerrero entre ellos.

Según esta versión, en todo momento se tuvo en cuenta la legalidad vigente nacional y las transferencias de financiación eran el instrumento legal adecuado para conceder las ayudas. Las comisiones a las aseguradoras eran totalmente legales y ajustadas al mercado. Por tanto, las ilegalidades se produjeron más abajo, en los dominios de los chivos expiatorios perfectos, los consejeros de Trabajo y los directores generales de Trabajo de la Junta de Andalucía.

La Junta de Andalucía, que estuvo personada como acusación particular durante toda la instrucción, ha solicitado el archivo de la causa. Con ello, acepta la tesis de las defensas de que no hay trama política alguna en esta tela de araña de irregularidades. En ayuda de esta versión, está la decisión de la juez Núñez Bolaños archivando la pieza de la trama política del caso de la formación.

Las primeras sesiones del juicio, este 13 de diciembre, mañana y pasado mañana, estarán destinadas a la presentación de las cuestiones previas, que podría incluir alguna petición de nulidad total del juicio. Ya después del Reyes, el día 9 de enero se reanudarán las sesiones con la declaración de los 2 acusados sin que se sepa aún quiénes serán lo primeros. Sólo se sabe que los últimos serán Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Desde el 9 de enero, habrá cuatro sesiones a la semana durante un tiempo no inferior a seis meses, por lo que la sentencia no se producirá previsiblemente antes de octubre de 2018.

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