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La sequía llega oficialmente a Andalucía

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir expone que el Sistema de Regulación General lleva dos meses en situación de emergencia.

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La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir expone que el Sistema de Regulación General lleva dos meses en situación de emergencia.
Este puente de Vandelvira en Jaén sólo se puede ver en período de sequías en el embalse del Giribaile | EFE

Hasta el momento, parecía que la sequía tenía más presencia en el Norte y Centro de España que en Andalucía. Apenas nadie se refería a la gran escasez de agua de 1995, año en el que, muy especialmente, la bahía de Cádiz sufrió dramáticas restricciones domésticas de agua durante mucho tiempo. Ahora, es la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la que pide al Gobierno español que declare oficialmente la sequía, al menos, en su demarcación y se ha referido a la sequía de 1995 como un horizonte que podría ser sobrepasado a pesar de los nuevos embalses de La Breña y de El Arenoso.

Lo hizo este jueves en calidad de organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. En una nota de la que da cuenta Europa Press, expone que el Sistema de Regulación General lleva dos meses consecutivos en situación de emergencia. Además, se refiere al bajo nivel de reservas de agua que almacenan los embalses de la demarcación que, a fecha de 1 de diciembre, se encontraban al 31,5 por ciento en total y al 25,9 por ciento en el Sistema de Regulación General.

El trámite exige que las personas que estén interesadas podrán presentar en el plazo de una semana las propuestas o sugerencias que estiman pertinentes al Borrador del Real Decreto que salió este jueves a información pública. Estudiadas las alegaciones, el borrador será estudiado por distintos ministerios para su posterior aprobación por el Consejo de Ministros.

El Real Decreto de Sequía, que una vez aprobado estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2018, permitiría modificar temporalmente en situaciones excepcionales las condiciones de uso del dominio público hidráulico.

Entre las medidas excepcionales que podrían contemplarse está la de activar las fuentes alternativas de recursos, como aguas subterráneas, para atender las demandas más urgentes. Igualmente pueden reducirse a la mitad los plazos previstos en la tramitación de los procedimientos afectados por la aplicación de las medidas excepcionales y reasignarse recursos para atender usos prioritarios.

La sequía se ha declarado, pues, oficialmente en Andalucía, pero se sabía que desde el año 2013-14 las lluvias han estado por debajo de lo normal. La precipitación media en los embalses de la cuenca del Guadalquivir fue de 504 milímetros en los últimos cuatro años, un 14 por ciento inferior a los 583 que constituyen la media de los últimos veinticinco años y casi idéntica a los 499 milímetros recogidos en el año 2016-17.

Las aportaciones medias a los embalses de la cuenca en este cuatrienio seco han sido de solo 1.964 hectómetros cúbicos, lo que implica una disminución del 45 por ciento respecto a los 3.603 hm3 de media de los últimos veinticinco años. Lo grave es una reducción de la lluvia de solo el 14 por ciento se ha traducido en un descenso del 45 por ciento en las aportaciones a los embalses. Súmese a esto las altas temperaturas de veranos bien largos y el aumento de la demanda consecuente para disponer del cuadro clínico de la sequía andaluza.

Este año, 2017-18, la situación puede empeorar drásticamente porque la precipitación media en los embalses de la demarcación hidrográfica durante los meses de octubre y noviembre ha sido de 94 milímetros, lo que se traduce en un déficit de precipitación del 38 por ciento con respecto al valor medio del mismo período de los 25 años anteriores (152 mm). Las aportaciones recogidas durante esos dos meses han sido de 154 hectómetros cúbicos, lo que implica un descenso del 61,5 por ciento sobre la media histórica de los últimos veinticinco años (400 hm3). En el mes de diciembre, con solo 33,5 milímetros hasta la fecha frente a los 93 de media, no parece que vaya variar esta situación.

Aplazamientos inexplicados de infraestructuras hidrológicas

Recuerda La Razón que las actuaciones declaradas de interés general del Estado incluidas en el Plan Hidrológico Nacional 2009-2015 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tendrán que seguir esperando. Eran 3.046 millones de euros los que se iban a destinar a obras para mejorar la calidad del agua, evitar la contaminación y aumentar la disponibilidad de este recurso en las cuencas mediterráneas de la comunidad.

En la memoria del nuevo Plan Hidrológico, con límite temporal en 2021, se refleja que de las 287 actuaciones que debían estar iniciadas o concluidas hace dos años, solo 56 estaban plenamente operativas antes de que expirase el plazo; 31 más habían comenzado; y 13 nuevas se incorporaron. Esto es, el grado de ejecución no alcanzó el 35%.

En cuatro provincias -Cádiz, Granada, Málaga y Almería–y en una superficie de veinte mil kilómetros cuadrados, no es que meramente se hayan aplazado las obras a 2021 sino que algunos se aplazarán hasta 2033 y otras ni siquiera disponen de fecha. Por ejemplo, el recrecimiento de la presa gaditana de Guadarranque, los nuevos depósitos reguladores de la explotación del Campo de Gibraltar y la segunda fase de la desaladora de Carboneras en Almería se aplazan hasta 2033.

Otro ejemplo es el embalse de Gibralmedina, proyectado en 2009 con 115 millones de euros de coste, que no estará listo con sus conducciones hasta 2033. La desaladora de Mijas-Fuengirola (88 millones), en la Costa del Sol, será puesta en marcha en 2027. Los objetivos de 2015 sobre el aprovechamiento del agua desalada tampoco se han cumplido.

El nuevo diseño de las obras hidrológicas contempla una inversión de 1.042 millones hasta 2021 y el resto hasta 2.743 millones, deberá estar culminado en el año 2027. De esta financiación, dos terceras partes (68%) corresponden al Estado y casi una tercera parte (30%) a la Junta de Andalucía.

Por cierto, añade el diario de Planeta, que España no ha incorporado plenamente la directiva europea del agua. "Los actuales usos de los recursos hídricos todavía se enmarcan fuera de la legislación medioambiental. No se cumplen, entre otros, los límites de contaminación o se extrae más agua de la recomendada, poniendo en peligro los acuíferos. En este sentido, el Plan prevé que en 2021 se llegue al 89% de su cumplimiento en ríos y pantanos; en aguas subterráneas solo se alcanzará el 70% –el doble que ahora–".

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