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Suiza deja en evidencia al Gobierno y no extraditará a Anna Gabriel

Poco después de que Zoido y Catalá dijesen rotundos que habría extradición, Suiza comunica que no está por la labor. 

Libertad Digital
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Anna Gabriel está en Suiza y el juez Pablo Llarena ha dictado la orden de detención contra la exdiputada de la CUP solo en el ámbito nacional. El magistrado que instruye la causa por rebelión, sedición y malversación contra los responsables del proceso separatista ha desestimado las peticiones de la Fiscalía y la acusación popular de VOX, que demandaban el arresto internacional de la oficialmente fugitiva. Actúa ante su incomparecencia este miércoles "sin alegar causa legítima que se lo impida".

El juez no ha armado todavía el auto de prisión incondicional contra Gabriel, una exigencia previa a la activación del mecanismo de extradición. Puesto que Suiza no forma parte de la Unión Europea, no funciona en este caso la Orden Europea de Detención y el sistema de entrega incluye más trámites. Por ejemplo, este método prevé que el país helvético participe de la decisión última de entrega del huido, una resolución que en Bélgica corresponde únicamente a las autoridades judiciales.

En este sentido, el Gobierno federal de Suiza ha anunciado que no tiene intención de extraditará a España a Anna Gabriel. Folco Galli, portavoz del Departamento de Justicia, ha señalado que la Ley Federal sobre asistencia mutua internacional en materia penal sostiene que está excluida la entrega por razones políticas y solo se contempla cuando se han cometido acciones que llevan implícita la violencia como el genocidio, los crímenes contra la humanidad, de guerra o la toma de rehenes.

Aunque no han recibido por ahora la solicitud por parte de la Justicia española, el representante suizo entiende que "los actos que se le imputan a Anna Gabriel son políticos a primera vista". De forma que "Suiza no podría actuar sobre una posible solicitud de extradición o una solicitud de asistencia judicial recíproca".

El Código Penal tipifica los intentos de "cambiar mediante la violencia la Constitución" o de "separar mediante la violencia parte del territorio". El apartado Crímenes o delitos contra el Estado y la defensa nacional en su artículo 265 prevé penas "de al menos un año" para los que cometan "actos destinados a modificar por la violencia la Constitución o la Constitución de un cantón, derrocar por la violencia a las autoridades políticas instituidas por la Constitución o impedir por la violencia que ejerzan su poder; también separar por la violencia una parte del territorio suizo".

En este caso, las autoridades suizas deberían interpretar que Anna Gabriel ha actuado con violencia en sus pretensiones. No obstante, conforme a la normativa del país, "la extradición puede denegarse si el procedimiento en el extranjero es contrario a los principios de la Convención europea de los Derechos Humanos o tiende a perseguir o castigar a la persona por sus opiniones políticas, su pertenencia a un grupo social específico, o por consideraciones de orden racial, religioso o de nacionalidad". Las declaraciones del Gobierno helvético complican el enjuiciamiento.

El Gobierno de España, en evidencia

La respuesta de Suiza deja en evidencia al Gobierno. Los ministros de Justicia y de Interior, Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido, han asegurado con rotundidad este miércoles en el Congreso de los Diputados que no habría problema y que se extraditaría. El propio titular de Interior ha ido más allá y ha asegurado que "no me preocupa en absoluto".

Catalá ha dicho que no se le ocurre qué podría pasar para que las autoridades suizas no concedan la extradición de una persona perseguida e investigada en España por el Tribunal Supremo, como en el caso de la exdiputada.

Catalá ha recordado que el Estado español tiene un tratado de extradición firmado con Suiza, en el que se establecen los procedimientos y circunstancias para concederla, por lo que si el juez del Supremo Pablo Llarena emitiera una orden internacional, "no hay que prever ninguna dificultad".

"No se me ocurre qué podría suceder para que las autoridades judiciales suizas no concedan la extradición de una persona perseguida e investigada por el Tribunal Supremo en España", ha afirmado Catalá al ser preguntado por esta posibilidad. Ha destacado que el derecho de extradición es "propio de sociedades democráticas" y ha explicado que será el juez competente en Suiza quien tendrá que determinar si existe el principio de "doble incriminación", para ver si los delitos por los que "hipotéticamente" se pueda acusar a Gabriel en España existen en ese país.

En todo caso, ha puntualizado que aún no se sabe qué delitos se van a atribuir a Gabriel y habrá que ver si luego esos delitos existen y están configurados de manera equivalente en el derecho de Suiza y "si el juez suizo así lo considera".

Gabriel: "No habría elegido nunca Suiza"

En una entrevista concedida a TV3 desde Ginebra de la que se hace eco Efe, Anna Gabriel no se ha mostrado sorprendida por la orden de búsqueda y detención dictada por el Supremo contra ella y ha asegurado que la CUP ha optado por una "estrategia compartida y desdoblada" ante los tribunales: mientras la también exdiputada Mireia Boya compareció ante el juez, ella ha optado por no hacerlo y huir a Suiza.

Sobre el motivo principal por el que ha rehusado declarar ante el juez Pablo Llarena, la de la CUP ha afirmado que "las resoluciones judiciales que se dictan se escapan mucho de lo que sería normal en un Estado democrático" y se les aplica "un Código Penal como enemigos".

Aunque ha reconocido que no había ninguna certeza de que, tras declarar ante el juez, fuese encarcelada, ha asegurado que "no habría elegido nunca vivir en Suiza, pero hay una situación absolutamente forzada" que la ha obligado a escapar a la confortable Suiza.
Finalmente, ha insistido en que si el Estado español interpone una demanda de extradición contra ella, su respuesta será "pedir asilo político".

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