Francisco del Río, jefe del Gabinete jurídico de la Junta de Andalucía desde octubre de 1982 a julio de 2012 –nada menos que treinta años–, ha guardado un espeso silencio hasta ayer a pesar de haber sido imputado desde el principio por la juez Alaya. Ayer, en presencia de los demás acusados, dejó claro que en el caso ERE se han producido irregularidades en la tramitación y que incluso el famoso convenio de 2001 que dio paso al presunto fraude no tuvo un preceptivo informe jurídico.
En una declaración que Europa Press no incluye extrañamente en su sección nacional de Justicia y a preguntas de la Fiscalía, del Río afirmó que el convenio marco del 17 de julio de 2001 firmado por José Antonio Viera, consejero entonces de Empleo de la Junta, y Antonio Fernández, entonces director general del IFA, luego IDEA, no tenía el informe favorable de los asesores jurídicos de la Consejería a pesar de que era obligatorio.
De todos modos, del Río escondió la mano tras tirar la piedra diciendo que su departamento del Gabinete Jurídico no tenía obligación de controlar nada y que sólo emitía informes cuando se los demandaban.
Francisco del Río añadió que conoció el famoso convenio que dio origen con el tiempo al descomunal tráfico irregular de dinero público cuando fue implicado en el caso aunque formó parte del Consejo Rector del IFA/IDEA desde su fundación hasta el año 2012. ¿Cómo fue posible tal cosa? Porque oportunamente, aunque el convenio fue llevado a tal consejo rector, él no asistió a dicha sesión ni a la siguiente. Esto no se lo dijo a la juez Alaya ante la que se negó a declarar en mayo de 2014.
Aportó ayer del Río un curioso tratamiento de los convenios en el consejo rector del IFA. Se informaba de su firma, pero no se entregaban los documentos, salvo que fueron de cantidades superiores a los 450.000 euros. Tampoco se entregaban los expedientes ni se dónde procedían.
Preguntado por el fiscal, constata EP, si una vez leído el famoso convenio marco de 2001 –el que "aligeraba" trámites y controles del procedimiento administrativo para conceder las ayudas de manera discrecional–, consideraba que era preceptivo un informe de los servicios jurídicos de la Consejería de Empleo, Del Río ha afirmado que sí", al tiempo que ha señalado que "tendría que estudiar" si el convenio debió publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), cosa que tampoco ocurrió.
Otra curiosa declaración de Del Rio fue la referida a las órdenes ministeriales de 1994 y 1995, sobre ayudas sociolaborales, a las que defensas se han aferrado para señalar que todo lo que se hizo fue legal. Del Río, máxima autoridad jurídica de la Junta, dijo no conocer ambas órdenes y que la normativa autonómica en relación con las ayudas sociolaborales venía recogida en cada Ley de Presupuestos o en la Ley General de Subvenciones de 2003, pero no referida a dichas órdenes.
Además, afirmó que el Gabinete Jurídico de la Junta no recibió los reparos de la Intervención a las ayudas a la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa).
Certificó que hubo un borrador de la Dirección General de Trabajo para un proyecto de decreto para regular las ayudas sociolaborales en el año 2000, pero que no lo conoció hasta ese proceso aunque llegó a ir tres veces a la reunión de la Comisión General de Viceconsejeros de la Junta –el consejillo– y a la que también asistía Del Río aunque con voz y sin voto. No aclaró si dijo algo alguna vez.
Tampoco, a pesar de ser la máxima autoridad jurídica de la Junta, tuvo conocimiento sobre el uso de las transferencias de financiación para allegar fondos a IFA/IDEA ni tampoco conocía que las ayudas carecían de fiscalización previa y de expedientes de gastos.
Tampoco Del Río conocía la finalidad de la partida presupuestaria 31L usada para pagar ayudas sociolaborales –el fondo conocido como "fondo de reptiles"–, y a empresas por IFA/IDEA tras recibir vía transferencias de financiación los recursos de la Consejería de Empleo.
Dejó caer que los informes de la Intervención contrarios al procedimiento se "contaban" pero no se entregaban, aunque sí admitió que se conoció la situación "preocupante" de la tesorería de IFA/IDEA que debía ser alimentada por incrementos presupuestarios.
El exjefe del gabinete jurídico de la Junta dijo que no era normal que la Consejería de Empleo acudiese a bufetes de abogados externos para asesoramiento y representación. Es más, sentenció que "por descontado" los servicios jurídicos de la Consejería podían haber hechos los informes contratados a Garrigues y otros bufetes sobre el uso de IFA para el pago de ayudas sociolaborales, que no conoció.
A preguntas de su abogado, Francisco del Río ha asegurado que el Gabinete Jurídico actuaba "a demanda" del órgano gestor, que debía solicitar los informes, al tiempo que ha resaltado que en la base de datos del Gabinete no constan informes de servicios centrales o de la Consejería de Empleo sobre las ayudas.
A Del Río se le piden en este juicio diez años de inhabilitación para ejercicio de cargo público.
Márquez no ratifica su primera declaración
Juan Márquez, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, acusado por prevaricación y malversación en el juicio del caso ERE, no ratificó ayer la declaración que realizó ante la juez Mercedes Alaya los días 3 y 4 de julio de 2012 porque sintió una "presión muy fuerte" ante ella. Márquez, que sucedió a Francisco Javier Guerrero en el cargo, ha seguido sus pasos y argumentos, desdiciéndose de lo que dijo en sede judicial por sentirse presionado por juez y policía.
Tras leerse su declaración ante Alaya, dijo que "hay cosas que comparto y otras que no". Es decir, en unos casos sintió presión y en otros no. La Fiscalía solicita ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación por su actuación, pero Márquez defendió ante la juez Alaya la legalidad del sistema de ayudas investigadas.
Eso sí, tampoco sabía el contenido del famoso "convenio marco" firmado entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Consejería de Empleo en 2001 para la concesión de tales ayudas, pues "ni lo leyó, ni lo estudió ni lo analizó".
La metamorfosis de Manos Limpias
A destacar la presunta metamorfosis de Manos Limpias en el proceso que se sigue en Sevilla a tenor de lo que ha pedido el PP. Nada menos ha solicitado que se revoque el papel de Manos Limpias como parte acusadora del proceso judicial porque actúa como una defensa más.
Recuérdese que, durante las cuestiones previas, hasta 18 defensas de acusados se mostraron en contra de que Manos Limpias siguiese en el proceso después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidiera para su secretario general, Miguel Bernad, casi 25 años de prisión en la trama de supuestas extorsiones de Ausbanc, entidad bien relacionada con la Junta de Andalucía y el entorno próximo a Susana Díaz.
Es más, se ha sabido que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla emitió una "diligencia de constancia" el pasado 11 de diciembre, antes del trámite de las cuestiones previas, dando cuenta de que aquel día, una persona cuya identidad responde a las iniciales A.G.G. y que decía ser "un antiguo funcionario del Ayuntamiento de Madrid" había telefoneado para asegurar que "los poderes presentados por Miguel Bernard" para la actuación de Manos Limpias en este procedimiento judicial eran "totalmente falsos", al no mediar "juntas, ni nombramientos ni asambleas".
Ya este lunes, el PP ha pedido que revoque la condición de parte de la que goza Manos Limpias en este juicio por "las desafortunadas intervenciones del letrado" del sindicato, que "ha subvertido la condición de acusación y se ha comportado como una defensa más de los acusados, concurriendo una evidente contradicción de intereses y un uso desviado de la figura de la acusación para defender a los acusados".
Ya hubo un precedente de este tipo de comportamiento. La Junta de Andalucía, personada como acusación particular, fue considerada por la juez Alaya y por la propia Audiencia más un soporte de la defensa que de la acusación y finalmente, como es sabido, renunció a ser acusación argumentando su convicción en la inocencia de los procesados.