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Así acosa el independentismo a los jueces en Cataluña

Los principales promotores de la respuesta judicial sufren amenazas incluso en sus casas. Ha aumentado el número de solicitudes de traslado.

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Así acosa el independentismo a los jueces en Cataluña
Enfrentamiento contra la Policía durante el referéndum ilegal | EFE

El pacifismo separatista ostenta una particularidad: no es pacífico con quienes se interponen en su objetivo. Han sufrido esta ira convertida en discurso del odio personas a las que normalmente engloban en colectivos, siempre más fácilmente identificables como el enemigo. Primero fueron los robos de ‘Espanya’ y luego la campaña orquestada desde ‘Madrit’ que acabó con los trabajos de desprestigio contra el resto de comunidades autónomas, salvo el País Vasco. No se ha librado la clase política del constitucionalismo, perseguida en sus sedes catalanas, ni mucho menos la Casa Real, cuyos emblemas y fotografías han servido de material de combustión para las hogueras festivas. Asediadas la Policía y la Guardia Civil del Estado, los últimos en el centro de la diana son los jueces y magistrados que, de acuerdo con la Constitución, arman una respuesta jurídica al permanente desafío.

Emerge en primera plana la figura del juez Pablo Llarena, cuya instrucción ha abocado a los máximos responsables del golpe a un juicio por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos. Fue el salvador cuando, recién aterrizada la investigación en el Tribunal Supremo, pidió tranquilidad a los imputados porque aquello "no era la Audiencia Nacional". El reciente auto de procesamiento, demoledor para el futuro de los rupturistas, ha desatado la furia de sus aduladores.

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El magistrado estuvo siempre ligado a Cataluña, donde incluso nacieron sus hijos. Allí progresó en la judicatura y de allí se ha marchado hostigado por quienes no respetan las leyes. Su familia ha sufrido el acoso real y virtual, tanto que viven con escolta. A raíz del arresto de Carles Puigdemont en Alemania, una usuaria de la red social Twitter llamada Cori, que se presenta como "sediciosa y tumultuaria", publicó : "La mujer del hijo de puta de Llarena es Gema Espinosa, directora de la Escuela Judicial en Vallvidrera. Vive en Sant Cugat (adonde viene el hdp los fines de semana). Es necesario difundirlo porque han de saber que no podrán ir por la calle a partir de ahora!!!!". Y lo hizo en catalán, el único idioma que atienden sus correligionarios.

Fue en el entorno de otra propiedad que posee el magistrado en la localidad de Das donde Arran, la cantera de la CUP, exhibió el pacifismo con sus pintadas: "¡Llarena fascista! Ni en Das ni en ningún sitio", "Los Països Catalans serán vuestro infierno" y "Libertad presos políticos". La familia ha abandonado la región que también vio desarrollarse profesionalmente a la mujer de Llarena. La cortesía de quienes han escrito en las redes consignas como "El último fascista que apague la luz" o "Que no vuelva más", las firmas en change.org para que para que el Ayuntamiento de Das declare al instructor persona non grata o la quema de sus fotografías en varias concentraciones quizás hayan influido en la decisión de los perjudicados.

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El verdadero exilio

Sucede que el delirio ideológico de algunos impacta en la rutina de otros cuyo desempeño se encuadra dentro de lo puramente judicial: la aplicación del marco normativo. El discurso del odio se ha desbordado también en torno al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona; otro obstáculo, otro enemigo. Juan Antonio Ramírez Sunyer recibió en 2016 una condecoración por parte de la dirección política de los Mossos, ergo, de los grupos separatistas. No han hecho falta ni dos años para que los premios se transformen en insultos, desprecios y amenazas.

El Juzgado nº13 es el epicentro de la investigación contra el proceso. Armó hace años el primer relato sobre el concierto entre partidos políticos y entidades cívicas que desembocaría en la ruptura entre Cataluña y el resto de España. Aunque el grueso de la causa caminó hacia el Supremo, ha mantenido la competencia para el análisis de lo ocurrido en la previa al referéndum ilegal del 1 de octubre, además de diferentes episodios de adoctrinamiento en las aulas y violencia contra policías.

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Ramírez Sunyer fue quien ordenó el registro en la sede de la consejería de Economía en Barcelona y el arresto de altos cargos del departamento. De acuerdo con el auto de procesamiento de Llarena, 60.000 manifestantes se agolparon aquel 20 de septiembre de 2017 en la entrada del edificio. La movilización impidió el trabajo de la Guardia Civil, cuyos vehículos "terminaron devastados y destrozados. Las armas que se encontraban en el interior quedaron al albur del vandalismo. Sobrevino el lanzamiento de objetos contra los agentes y ni hubo un control policial de que la muchedumbre no invadiera el edificio en cualquier momento, ni tampoco era seguro que los integrantes de la comisión judicial salieran el edificio en esas condiciones".

"Solo sobre las 24 horas de la noche pudo diseñarse una salida para que la Letrada de la Administración de Justicia pudiera abandonar el lugar con seguridad, lo que hubo de hacerse infiltrándole entre los espectadores que abandonaban el teatro sito en el inmueble colindante". Si sus resoluciones fueron violentadas, lo mismo ha ocurrido con sus posesiones. El juez Sunyer ha recibido toda clase de amenazas, tanto en Barcelona como en su lugar de veraneo, la localidad gerundense del Port de la Selva. El propietario de un apartamento que tenía alquilado con su mujer en la Costa Brava rescindió el contrato tras la aparición de las pintadas "Fora j. 13" y "M S j. 13 fora de Port" en la fachada de la vivienda y paredes cercanas.

Más que casos aislados

Ramírez Sunyer no denunció los hechos por el bien de la investigación. Quien sí ha reaccionado al asalto de su segunda residencia es la fiscal jefa de Barcelona Ana Magaldi. Unos desconocidos accedieron a la propiedad y destrozaron el sistema de calefacción y el cableado general. Su único objetivo era hacerse notar, porque no robaron nada en el interior del inmueble. La representante del Ministerio Público es una cara conocida –y nada querida– por el separatismo. Fue increpada por ellos a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña antes del juicio a Artur Mas y sus exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta ilegal del 9N de 2014. Los Mossos se mantuvieron impasibles ante los originales gritos de "fascista".

La ANC desplegó aquel día su poder de concentración en las calles en colaboración con el resto de entidades. El cerco al TSJC fue posible gracias al fletamento de autobuses y la publicidad en internet. Hubo marchas por la ciudad, actuaciones musicales, lecturas y discursos. Un teatro que terminó con la solemne interpretación de "Els Segadors" por los que consiguieron acercarse a la sede del tribunal.

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Llarena, Magaldi y Sunyer son rostros distinguidos gracias a la importancia de sus cargos. Sin embargo, no son los únicos afectados por el pacifismo separatista. Unas doscientas personas de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) de varios barrios de Barcelona se concentraron el pasado 11 de enero frente a las puertas de la Ciudad de la Justicia de la capital catalana. Los manifestantes taponaron los accesos a las instalaciones corearon consignas a favor de la república y contra la justicia. La acción se convocó a través de las redes sociales.

Jueces y fiscales se han convertido en uno de los principales objetivos de los CDR. Tal y como desveló el presidente de Superior de Justicia de Cataluña Jesús María Barrientos, se ha producido un extraordinario aumento del número de peticiones de traslado por parte de miembros de la carrera en la región. Atribuyó este fenómeno a la "situación de tensión personal" desencadenada por el proceso. Según Barrientos, la mayoría de las peticiones son de jueces no originarios de Cataluña.

Azuzados por sus referentes mediáticos

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El productor de televisión Toni Soler es famoso por el espacio humorístico Polònia de TV3. Es el humorista del proceso, con sus peculiaridades propias para entender conceptos como el humor. La reacción al mantenimiento en prisión provisional de Oriol Junqueras acordada en enero por el Tribunal Supremo lo acredita. Transmitió la siguiente reflexión en Twitter: "¿Querer que un trailer atropelle sucesivamente a todos los miembros del Supremo es delito de odio?". El camuflaje de la pregunta.

No es el único. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra Hèctor López Bofill, destacado activista por la independencia, solicitado tertuliano y articulista en los medios catalanes, se emborrachó antes de pacifismo. A colación de la declaración de Francesc Homs en el segundo juicio por el 9N en septiembre de 2017, utilizó la misma red social para plasmar su amenaza particular contra el Poder Judicial: "Cuando seamos independientes yo me acordaré de los jueces, fiscales y funcionarios que contribuyen a extorsionar Cataluña".

Esta escalada de conflicto que sitúa en el punto de mira a los juristas es el siguiente nivel, y era previsible, de los pulsos en la fase embrionaria del proceso. No tuvieron consecuencias los pitidos al himno de España en las finales de la Copa del Rey, ni la quema de fotografías del Rey u otros símbolos nacionales –se repitieron el pasado marzo en la puerta del cuartel de la Guardia Civil en el barrio de Gracia de Barcelona–. Ha degenerado en una caza abierta a los policías españoles en Cataluña y promete embestidas contra cualquiera que se oponga al ideario único en la región.

La última víctima de los Comités de Defensa de la República fue el empresario Karl Jacobi. Su único delito, atreverse a decir al presidente del Parlamento autonómico Roger Torrent en un acto en el Círculo Ecuestre organizado por factorías alemanas establecidas en Cataluña que "los nacionalistas llevan treinta años mintiendo, son los responsables del éxodo empresarial y deberían estar todos en la cárcel".

Apoyo de la Justicia a nivel mundial

La crónica internacional tiene elementos de sobra para una configuración real del pensamiento sobre el pacifismo separatista. Ayuda mucho la ANC con iniciativas como el "taller de resistencia pacífica", dirigido a "personas interesadas en mejorar las capacidades de acción no violenta" y "especialmente a grupos organizados", aunque la ilustración publicitaria se compusiera de un grupo de niños sonrientes y acompañados por una anciana que empujan un muro formado por el número 155.

Asociaciones de todo el mundo se han pronunciado en las últimas semanas por el respaldo a la labor de los jueces españoles. El comunicado más relevante lleva la rúbrica de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), profesional y apolítica, fundada en 1953 y en la que están representadas asociaciones de jueces de 73 países en cinco continentes. Destaca que su comité presidencial fue informado de los "actos de vandalismo y violencia perpetrados en diferentes tribunales de la región de Cataluña y también cerca de la casa de un magistrado del Tribunal Supremo" y recuerda que la independencia judicial debe poder desempeñarse "sin presiones indebidas o sin cualquier coacción o amenaza, explícita o implícita".

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España solicitó el 25 de marzo al Ministerio del Interior medidas para proteger al juez Llarena y a su familia después de las pintadas de fascista en su casa en Das (Gerona). También para todos los miembros de la carrera expuestos. La vocal Concepción Sáez votó en contra y en solitario contra la protección de sus colegas. La cartera dirigida por Juan Ignacio Zoido ha enviado a Cataluña a una veintena de agentes de la Unidad Central de Protección. Se suman a los aproximadamente 200 –en su mayoría, de los Mossos– que prestan este tipo de servicio de manera habitual en Cataluña.

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