El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho jaque, pero no es mate. El Tribunal Constitucional ha admitido de carril el recurso del Ejecutivo contra la investidura a distancia de un prófugo de la justicia tras la pompa de un Consejo de Ministros extraordinario. Queda suspendida cautelarmente la nueva ley de presidencia de la Generalidad, aprobada por el rodillo separatista en una reposición de las "leyes de desconexión" del Parlament el 6 y 7 de septiembre de 2017. El 22 de mayo es la fecha tope para la investidura de un president. En caso contrario habría que repetir las elecciones.
Rajoy rema a favor de la formación de un gobierno separatista, pero sólo pone una condición: que no lo presida Puigdemont. Los abogados de los golpistas en prisión provisional claman por la vía Rajoy, un gobierno de apariencia autonómica porque sostienen que cambiarán las condiciones de sus clientes. ERC y el PDeCAT comparten la hoja de ruta de Moncloa. Sólo falta que Puigdemont dé el paso y anuncie el nombre de un cuarto o cuarta candidato golpista que no esté huido, preso o en libertad condicional.
Sacrificados los caballos Jordi Sànchez y Jordi Turull, el expresidente catalán maneja peones, alfiles y torres. Elsa Artadi reingresa en las quinielas para presidenta de paja. Se mantienen en la carrera Josep Costa, Quim Torra y los alcaldes Marc Solsona y Albert Batet. Se espera que en las próximas horas Puigdemont anuncie un candidato "efectivo" que evite la repetición de las elecciones, alguien que no esté en la cárcel ni en libertad con medidas cautelares.
ERC ya ha dicho por activa y por pasiva que votará a favor de quien proponga Puigdemont. El golpismo está a la espera del movimiento. Hay peones, alfiles y torres de sobra, así como varias aspirantes a reina: Artadi, la alcaldesa de Gerona Marta Madrenas y la diputada Laura Borràs.
Puigdemont está más pendiente de los movimientos de las justicias de Alemania y Bélgica que de las maniobras de Rajoy para evitar las elecciones. Continúa el esperpento.