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La empresa donde trabaja Paula Chaves tendrá que devolver los 10,1 millones que le dio la Junta

Chaves no se inhibió como mandaba la ley y participó en la decisión tres meses antes de dejar el Gobierno andaluz.

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Fue uno de los escándalos más sonoros de la historia reciente de Andalucía y de España. Una vez que se supo que Paula Chaves había sido contratada por Minas de Aguas Teñidas, SA (MATSA), en 2008 algunos periodistas esperaron pacientemente a que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicara alguna ayuda a fondo perdido para la empresa. Y así ocurrió en 2009. 10,1 millones de euros. Ahora, el caso vuelve porque casi diez años después el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) obliga a la empresa a devolver el dinero debido a las irregularidades observadas durante el proceso.

Cuenta El Mundo que el TSJA acaba de fallar contra Matsa en una sentencia en la que condena a la empresa minera a devolver a la Junta de Andalucía el incentivo de 10,1 millones de euros más los intereses legales acumulados (la suma total podría rondar los 16 millones de euros) por las irregularidades descubiertas en la concesión de la ayuda. Actualmente, Paula Chaves es directora de la Asesoría Jurídica, Relaciones Institucionales y Comunicación de la sociedad condenada.

Según la sentencia, el proyecto minero ya estaba en marcha por lo que no podía ser subvencionado según las normas europeas. Lo curioso es que la solicitud de devolución de los fondos había sido solicitada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta el 14 de enero de 2014, cuando el PSOE gobernaba con IU en la Junta de Andalucía, que fue quien concedió la ayuda.

Para muchos, fue la antigua IU, coordinada por Diego Valderas, la que impuso la decisión a Susana Díaz. La creencia está fundada en que desde que aparecieron las primeras noticias en 2009 sobre las irregularidades de la ayuda a MATSA, la Junta había mirado para otra parte y no había investigado siquiera lo ocurrido.

El TSJA hace suyos los argumentos en su día esgrimidos por el PP para denunciar la ayuda a fondo perdido que fueron asimismo esgrimidos por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para no conceder fondos públicos al proyecto minero de MATSA.

La irregularidad principal, la no inhibición de Chaves

Libertad Digital, a través de La Tela de Araña andaluza, espacio en el que se denunciaron las tropelías del Ejecutivo andaluz ya dio la primicia sobre la presencia de Paula Chaves en Minas de Aguas Teñidas.

En uno de sus artículos, diez días antes de la concesión de la ayuda ilegal, se decía: "Paula Chaves Iborra salió bien colocada de partida porque, en un pispás, pasó a formar parte de uno de los grupos industriales y económicos más fuertes del capitalismo tradicional andaluz y nacional: el imperio de los Benjumea, esto es, Abengoa y empresas asociadas y diversas. De hecho, participa en las siguientes sociedades:

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE SA A78107349
TELVENT HOUSING SA A82232448
REGISTRO MERCANTIL DE ASTURIAS
TRAFICO INGENIERIA SA A33088758
REGISTRO MERCANTIL DE HUELVA
MINAS DE AGUAS TEÑIDAS SA A81336877

Las primeras, todas ellas, incluso Tráfico Ingeniería, SA, pertenecen al universo empresarial comandado por los hermanos de Abengoa. De todas ellas, la más interesante es la cuarta, Minas de Aguas Teñidas, SA, a la que se ha incorporado hace bien poco tiempo y en la que nos tememos habrá sorpresas futuras".

Y las hubo y bien pronto. A los pocos días y poco antes de dejar la Junta de Andalucía en manos de José Antonio Griñán, Manuel Chaves, el periodista Manuel María Becerro informó en El Mundo de que la Junta había beneficiado a la empresa Matsa con una ayuda a fondo perdido de 10.093.472,70 euros que fue destinada a la construcción de una planta de tratamiento mineral a propuesta, como es habitual en todos los asuntos turbios que afectan a la Junta, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

La subvención de más de 10 millones de euros concedida por Manuel Chaves a la empresa apoderada por su hija fue denunciada por el PP pero la Junta "absolvió" a su expresidente. El gobierno Griñán, heredero del gobierno Chaves, acordó no incoar expediente sancionador a Manuel Chaves porque no tenía por qué saber que su hija trabajaba en Matsa. Esto es, tendría que haber sido oficialmente informado por dicha empresa de la presencia de su hija en la entidad y, como no lo fue, no había conflicto de intereses. O sea.

Posteriormente el PP recurrió la decisión por la vía contencioso-administrativa tras haber impulsado el caso en la vía penal. Por ésta, aconsejada por el jurista Federico Trillo contra el criterio del PP andaluz, no se alcanzó siquiera la admisión a trámite.

El recurso por vía contencioso-administrativa de la decisión de Chaves, estando presente él mismo en el Consejo de gobierno que la concedió, fue admitido y aceptado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sin embargo, posteriormente, tras el correspondiente recurso de la Junta, fue archivada por el Tribunal Supremo considerando que el PP de Andalucía carecía de legitimación para estar presente en la denuncia de los hechos.

Pero el asunto principal, la falta de respeto a la legalidad por parte de Manuel Chaves que, siendo familiar directo de Paula Chaves y según la propia Ley de Incompatibilidades aprobada por su gobierno, tenía que haberse inhibido de la decisión de ayudas a la empresa donde trabajaba y no lo hizo, sigue sin juzgarse.

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