"Profundo malestar" en Policía y Guardia Civil por los cambios en seguridad ciudadana

La actual Ley de Seguridad Ciudadana nació envuelta en polémica. Aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP, tanto PSOE como Podemos fueron sus principales críticos. Llegaron a abogar en el Congreso de los Diputados por derogar la misma, lo que habría provocado una auténtica barra libre para muchos delitos. Ahora en el Gobierno, sin electoralismo de por medio, los socialistas están preparando su modificación por los trámites oportunos.

El proyecto de modificación tiene una doble ruta. Por un lado, se está realizando en la Cámara Baja, donde el PNV ha presentado su propio proyecto y el PSOE y otros grupos se han sumado con el registro de enmiendas parciales. Por el otro, en el Ministerio del Interior, donde también se trabaja en los contenidos que deben ser modificados. Desde el departamento de Fernando Grande Marlaska dicen que su consonancia con el grupo parlamentario socialista en este tema es máxima.

Mientras tanto, en una especie de atajo para incorporar de inmediato algunas de las modificaciones a la Ley que se harán en el futuro, la Secretaría de Estado de Seguridad ha enviado a las comisarías y acuartelamientos de Policía y Guardia Civil una instrucción interna que afecta a los registros corporales, a la desobediencia o resistencia a la autoridad, o al uso no autorizado de imágenes o datos de efectivos policiales.

Esta orden ha generado un "profundo malestar" en el seno ambas instituciones. Cuatro de los cinco sindicatos con representación en el Consejo de la Policía (SUP, CEP, UFP y SPP) y siete de las ocho asociaciones con representación en el Consejo de la Guardia Civil (AUGC, UO, AEGC, APROGC, UnionGC, ASES-GC y APC) han remitido una carta conjunta a Interior en la que exigen una "reunión inmediata" con el ministro.

"Los registros corporales externos, la desobediencia o resistencia, las faltas de respeto o el uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las FyCSE son cuestiones que están a la orden del día en la actuación diaria de cualquier miembro de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Intentar con esta instrucción cambiar las reglas del juego hace que los profesionales de la seguridad nos sintamos huérfanos y desprotegidos en el desarrollo de nuestro trabajo", dicen en la misiva.

"Entendemos que la instrucción emitida trata de dificultar más si cabe el trabajo de los miles de policías y guardias civiles a la hora de aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana, de poner más obstáculos para su cumplimentación y, en definitiva, supone un claro intento de abolir por la vía de los hechos una parte de una Ley que nos protege en nuestro quehacer diario. Nos preocupa que sea esa y no otra la intención de Interior", continúan los representantes de los agentes.

Este "profundo malestar" ha provocado que Interior esté dispuesto a revisar la instrucción enviada a comisarías y acuartelamientos en los últimos días. Fuentes de Interior han confirmado a Libertad Digital que la secretaria de Estado de Seguridad y número dos del departamento, Ana Botella, está dispuesta a "rebobinar" sobre este hecho y solicitará a sindicatos y asociaciones que hagan sus propias aportaciones sobre la instrucción enviada y sobre la futura modificación de la Ley.