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El Tribunal Supremo abre juicio oral contra los 18 procesados por el golpe que no están fugados

La Sala de lo Penal confirma el cierre de la instrucción de Llarena y habilita un plazo de cinco días para que las partes entreguen la acusación.

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El Tribunal Supremo abre juicio oral contra los 18 procesados por el golpe que no están fugados
Junqueras conversa con Iglesias en una imagen de archivo. | EFE

Dieciocho representantes del separatismo se sentarán en el banquillo por el golpe en Cataluña. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha emprendido el penúltimo paso. Decreta el cierre del sumario instruido desde noviembre de 2017 por el juez Pablo Llarena y concede un plazo de cinco días a las partes para que presenten sus informes previos de acusación. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y VOX despejarán la incógnita sobre la calificación de los hechos, está por ver si por delitos de rebelión, sedición, desobediencia, malversación u otros, y solo restará la fijación de una fecha.

Los magistrados Manuel Marchena, como presidente del tribunal que enjuiciará el caso, Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral se refieren a los no fugados. Son los procesados por rebelión y malversación de fondos públicos: exvicepresidente de la Generalidad Oriol Junqueras; los exconsejeros Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep Rull; los responsables de la ANC y Ómnium Cultural Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y quien fuera presidenta del Parlamento autonómico Carme Forcadell.

En un segundo escalón, los procesados por desobediencia y malversación de fondos: los exconsejeros Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila. Y, en el último, solo por desobediencia la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya y los que fueran miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet.

Quienes no serán juzgados por el momento, a la espera de acontecimientos después de que la Justicia de varios países denegara la extradición, son el expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont; los exconsejeros Toni Comín, Meritexell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig; la dirigente de ERC Marta Rovira y la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, que se encuentran huidos. La intención es que se les someta a otro juicio diferente cuando sean puestos a disposición de los tribunales españoles.

La Sala archiva definitivamente la causa en relación al expresidente Artur Mas, la dirigente del PDeCat Marta Pascal y la expresidenta de la AMI Neus Lloveras.

Calificación de los hechos

De los delitos que incluyan las partes en el informe de acusación dependerán las penas a las que se enfrenten en la vista oral. La Fiscalía ha pactado en su foro interno que apostará por el tipo más grave, el de rebelión, y con ella la de VOX será la más dura. Por su parte, la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, se inclina cada vez más por delitos menos contundentes como el de sedición o desobediencia.

La Sala de lo Penal no ahonda en la apreciación de la violencia como requisito para el delito de rebelión, porque no es el momento en esta fase intermedia: "La decisión sobre la apertura o cierre del juicio no puede hacerse depender de que los elementos del tipo se dibujen con mayor o menor nitidez. La apertura del juicio sólo descansa en la consideración de que los hechos tal como son descritos en el procesamiento son hechos típicos. Y esta decisión no exige de nosotros una toma de contacto con las diligencias practicadas durante la fase de investigación".

Los magistrados rechazan más de 300 diligencias de prueba propuestas por todas las partes. Son en su mayoría burocracia, además de, entre otras, la incorporación de periciales médicas sobre lesiones a civiles y agentes, periciales informáticas de servidores de la Generalidad, exhortos para que sindicatos de Policía se presenten como acusación particular, más recusaciones contra Llarena, la revocación del auto de procesamiento con quejas por la vulneración de los derechos fundamentales o el análisis del Facebook de la secretaria judicial que practicó registros en septiembre.

Retrasarían infinitamente un juicio que el Tribunal Supremo proyecta hacia el mes de enero, con una sentencia que llegaría probablemente tras las elecciones de mayo.

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