El final del juicio de los ERE y el dúo de los Juanma

Se acerca el fin del juicio de los ERE, después de un año de procedimiento, pero el escenario político en el que la Audiencia Provincial de Sevilla deberá dictar su sentencia ha cambiado sustancialmente. La irrupción del dúo de los Juanma –Juanma Moreno y Juan Marín–, en el panorama político andaluz, advirtiendo del color de los cambios en las próximas elecciones generales que a lo mejor tienen lugar antes o durante la sentencia, modifica, cuando menos, el comportamiento de la Junta y su auxilio a la Justicia. O eso se espera.

Cuando el juicio de los ERE acabe esta semana –sobre el procedimiento específico utilizado en las ayudas sociolaborales de la Junta–, quedarán dos centenares bien largos de procesos relacionados con estas ayudas enjuiciadas, pero la Junta de Andalucía ya no estará en las mismas manos. O eso se espera.

El nuevo dúo de moda, el de los Juanma, que tienen la responsabilidad de lograr formar gobierno con la ayuda de Vox, estará al frente de los departamentos autonómicos que tiene que aportar documentación oficial tanto al macrocaso de los ERE como al resto de los macrocasos, como el de la formación, como el caso de los avales, como el caso Invercaria y otros no tan llamativos.

Piénsese, por ejemplo, en el caso FAFFE, el de las famosas tarjetas sex-black, cuya comisión parlamentaria de investigación fue eliminada por el proceso electoral y que ahora pondrá en marcha el nuevo Parlamento salido de las urnas. O eso es lo que se espera.

Pero para los 21 ex altos cargos de la Junta, dos ex presidentes incluidos, el panorama ha sufrido un cambiazo que supone para ellos el paso de un gobierno de la Junta, no muy amigo como lo ha sido el de Susana Díaz, a un gobierno manifiestamente hostil que lo primero que hará –o eso se espera–, es no pagar ninguna clase de factura jurídica relacionada con las defensas de los procesados, Y, oigan, es un dinero. Al margen de otros dineros si son condenados.

Y luego está la cuestión capital de si hay o no nuevas imputaciones a los ex altos cargos juzgados en el juicio actual en las piezas separadas en las que la juez Bolaños, con el apoyo de la Fiscalía, troceó el caso inicial de la juez Alaya, que siempre se opuso al descuartizamiento inmisericorde del caso. La nueva Junta salida del pacto de los Juanma y la música callada de Vox podría recuperar el papel de la acusación que la Junta de Susana Díaz no ejerció con la energía debida como responsable del menoscabo del dinero público.

Mientras el dúo de los Juanma negocia para practicar la reforma más importante por esperada del marco general de funcionamiento de la autonomía andaluza –desde los impuestos a Canal Sur pasando por la administración paralela, la calidad de los servicios públicos y los mecanismos de contratación–, el juicio de los ERE adquiere un tenebroso aspecto para los 21 ex altos cargos de la Junta.

Quizá el exponente más luminoso del pasmo nervioso que se ha apoderado de los acusados es la posición de la defensa del expresidente José Antonio Griñán, para el que la fiscalía y las acusaciones piden seis años de cárcel, además de la inhabilitación, por malversación de caudales públicos.

De este delito, la malversación de los dineros públicos andaluces, se acusa no sólo a Griñán, sino muy especialmente al ex consejero José Antonio Viera, al que se le piden ocho años de cárcel como a los ex consejeros Antonio Fernández y Francisco Vallejo, y para el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero. Para la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, la pena, como a Griñán, se limita a seis años de cárcel.

Por ello, cobraba especial interés la intervención final de la defensa de José Antonio Griñán, hábilmente aplazada por su titular, el letrado José María Mohedano, hasta conocer el resto de los argumentos de las demás defensas, sobre todo la que mas le interesaba, la del ex interventor genera de la Junta, Manuel Gómez, que señaló con el dedo la responsabilidad personal y política de Griñán en el escándalo.

Como se esperaba, la defensa del ex interventor –chivo expiatorio perfecto, junto a otros que ya anticipó hace tiempo Libertad Digital–, insistió el pasado lunes en que advirtió a todos los miembros del consejo de gobierno de la Junta de las irregularidades y subrayó la añagaza de cómo las defensas de los políticos tratan de culpar al entonces Interventor, Manuel Gómez, para eludir sus responsabilidades.

Lógicamente, la defensa del exinterventor recordó los muchos informes éste emitió subrayando a quien tenía el poder decisorio la irregularidad del sistema empleado para la concesión de las ayudas. Por ello, desmenuzó el papel que cada uno de ellos pudo haber desempeñado para poner fin a la sangría de fondos públicos y que nunca quisieron hacer. Consecuentemente, no le pareció ajustado a Derecho que el denunciante del procedimiento fuese a su vez acusado de la malversación de la que advirtió.

Por ello, la defensa de Griñán fue especialmente virulenta contra el asimismo procesado exinterventor Manuel Gómez, y así es destacado por toda la prensa andaluza. Es más, acusó a la defensa del ex interventor de tratar de exculpar a su defendido inculpando a otro acusado, en este caso, José Antonio Griñán, aunque sus efectos afectan a otros acusados como los ya mencionados más arriba.

Por si fuera poco, acusó a la Fiscalía de hacer un corta y pega de la estrategia del ex Interventor y de haber llegado a un cierto pacto con él, acusación que fundamentó en que Manuel Gómez se negara a responder a las demás defensas respondiendo sólo a las preguntas de la Fiscalía.

Y, aún más, afeó que el comportamiento sospechoso de por sí del ex Interventor que como procesado no tenía obligación alguna de decir verdad, fuese aceptado como elemento de inculpación de otro procesado, en este caso Griñán, que nunca conoció los informes de la Intervención (recuérdese que su ex viceconsejera y amiga Carmen Martínez Aguayo dijo haberlos guardado en un cajón sin dar cuenta de ellos a su jefe, José Antonio Griñán).

En unos días, el juicio contra la cúpula de la Junta durante años quedará visto para sentencia, pero el caso ERE y sus alrededor de 270 piezas separadas tras el fraccionamiento del caso matriz, se desenvolverá a partir de ahora en otro clima político y con una colaboración mucho más activa por parte de la nueva Junta salida del pacto del dúo de los Juanma. O eso se espera.