El Tribunal Supremo solicitará al Parlamento europeo que retire la inmunidad al expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, si finalmente es elegido eurodiputado el próximo 26 de mayo al estar procesado por rebelión en la causa del 1-O.
Puigdemont será cabeza de lista de su partido JxCAT para las elecciones europeas y ha asegurado este martes que si consigue el escaño en el Parlamento Europeo de manera inmediata se le garantizará la inmunidad para poder moverse por todo el territorio europeo, incluido nuestro país, sin correr el riesgo de ser detenido.
Las fuentes consultadas por Libertad Digital apuntan que en estos momentos se está estudiando la situación a fondo. Si finalmente se confirma que Puigdemont adquiere la inmunidad automáticamente al ser elegido eurodiputado, el Supremo enviaría un suplicatorio al Parlamento europeo haciendo referencia al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Lecrim para retirar inmediatamente su inmunidad.
Dicho artículo indica literalmente: "Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".
No obstante, aún se desconoce si Puigdemont podría llegar a viajar al menos en una ocasión a España, ya que la decisión del Parlamento europeo podría no llegar a tiempo. En este escenario, la colaboración del Ministerio del Interior será clave.
Previamente, el Supremo debe comprobar otras opciones. Entre ellas, que el procesado rebelde Puigdemont no adquiriese directamente la inmunidad y al viajar a España a recoger sus credenciales pudiera ser detenido. Además, otra posibilidad sería solicitar al Parlamento europeo la suspensión de su acta como diputado. Aún hay que estudiar todas las opciones.
La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, apunta en su artículo 224.2: "En el plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central. Transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral Central declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento".
Las mismas fuentes apuntan que el movimiento de Puigdemont vuelve a pasar por intentar "internacionalizar" el golpe en el mismo corazón de Europa. Cabe recordar que durante la instrucción, el magistrado del Supremo e instructor de la causa, Pablo Llarena, se vio obligado a retirar la euroorden contra el expresidente catalán después de que el tribunal alemán de Schleswig-Holstein, se negase a entregar a Puigdemont por rebelión y aceptara la entrega por malversación.
De hecho, si Alemania hubiera respetado la normativa sobre la euroorden y no hubiera entrado a analizar los supuestos delitos, hoy Puigdemont estaría en el banquillo de los acusados, inhabilitado y posiblemente en prisión provisional. No obstante, el Gobierno de España se puso de perfil y no exigió públicamente respeto a la Constitución, ni a la labor judicial. Ahora, en periodo preelectoral, las opciones de que el Gobierno de Pedro Sánchez reivindique la justicia española son todavía más escasas.