El juez de los ERE alegó problemas informáticos para retrasar la sentencia hasta después de las elecciones generales del 10-N. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía TSJA acordaba ayer, aprobar la petición realizada por el ponente de la sentencia, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, en la que solicitaba la concesión de quince días adicionales de dedicación exclusiva y liberación de asuntos.
Tal y como publicó Libertad Digital, el magistrado del procedimiento, conocido por pieza política de los ERE, envió un escrito a la Sala de Gobierno del TSJA en el que solicitaba quince días adicionales de dedicación exclusiva y liberación de asuntos con la finalidad de ultimar la confección informática de la referida sentencia.
En ese sentido, el ponente de la sentencia indicaba que "ya están completados actualmente más de 50 archivos, redactados con carácter individual, donde se recogen diferentes hechos probados y fundamentos de derecho, siendo imprescindible la integración informática correlativa, siguiendo un orden congruente de esos archivos individuales, que configurarán la sentencia final, un documento que puede suponer más de 1.700 folios. Además, una vez integrado el documento, será imprescindible su revisión completa".
La Sala de Gobierno del TSJC ha entendido "razonable" la solicitud expuesta y ha aprobado los quince días adicionales de dedicación exclusiva y liberación de asuntos, que retrasarán la sentencia sobre la macrocausa de corrupción socialista hasta después de los comicios del 10-N.
Chaves, Griñán y los ERE
El caso de los ERE es la mayor causa de corrupción destapada en España y que protagonizó la cúpula del Gobierno andaluz del PSOE. Según la Fiscalía Anticorrupción, 800 millones de euros fueron desviados desde la Consejería de Empleo a empresas supuestamente en crisis vinculadas con cargos socialistas. Esta trama tuvo lugar entre los años 2000 y 2010 durante los mandatos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Los expresidentes andaluces socialistas se sentaron en el banquillo de los acusados junto a 6 exconsejeros y 13 exaltos cargos de sus ejecutivos en la conocida como pieza principal de los ERE. Esta macrocausa de corrupción del PSOE debía desgajarse en 270 causas distintas, una por cada ayuda irregular concedida por la Junta con cargo al denominado fondo de reptiles.
Chaves y Griñán se enfrentan a una condena de inhabilitación por prevaricación. Griñán también se enfrenta a la petición de condena de la Fiscalía de 6 años de cárcel por malversación continuada. A 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación se enfrentan los ex directores de Trabajo, Javier Guerrero y Juan Márquez; y los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo.
Estos 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz de la etapa del PSOE aguardan ahora la sentencia que debe dictar la Audiencia Provincial de Sevilla. El juicio se prolongó durante un año a lo largo de 152 sesiones en las que declararon 120 testigos y finalizó el 17 de diciembre de 2018.
La investigación de la causa se inició el 9 enero de 2011, cuando la titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, abrieron unas diligencias que dieron lugar al caso ERE. Después de que Alaya fuese relevada por la juez María Núñez Bolaños, la instrucción era torpeada y paralizada. Hasta el punto de que la Fiscalía Anticorrupción ha denunciado estos hechos y el CGPJ inspecciona actualmente a Núñez Bolaños.