El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la aprobación del estado de alarma para tratar de hacer frente a la fuerte propagación epidémica del coronavirus. En palabras del inquilino de La Moncloa, "las próximas semanas van a ser duras" y que "no cabe descartar que alcancemos los más de 10.000 afectados". El estado de alarma será aprobado mañana sábado tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.
El estado de alarma es uno de los regímenes excepcionales, junto al de excepción o sitio, que puede declarar un Estado para tratar de restablecer la normalidad cuando se han producido situaciones o hechos que están desestabilizando el país. El objetivo fundamental es conseguir que la situación retorne a la normalidad. En España, está recogido en el artículo 116 de la Constitución y desarrollado en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
El Gobierno de la nación puede declarar el estado de alarma en todo el territorio nacional, o tan sólo en una parte determinada, tras su aprobación en el Consejo de Ministros. Deberá informar de las medidas acordadas tanto al Congreso de los Diputados como a las autoridades autonómicas y locales que se vean afectadas. La ley establece que se puede decretar cuando se produzcan alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:
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Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
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Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
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Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los arts. 28, 2 y 37, 2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.
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Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
En el decreto del Gobierno en el que se aprueba el estado de alarma se debe especificar cuál será el ámbito territorial al que afecta, cuáles serán los efectos del estado de alarma y la duración de la misma, que no podrá superar los quince días. La prorroga de esta situación excepcional debe ser autorizada por el Congreso de los Diputados, que será el encargado de establecer el alcance y las condiciones que estarán vigentes durante esa prórroga.
¿Qué supone el estado de alarma?
La aplicación del estado de alarma supone la limitación temporal de algunos de los derechos con los que cuentan los ciudadanos en las sociedades libres en su día a día. La ley orgánica que la desarrolla establece que las medidas que se podrían tomar son las siguientes:
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Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
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Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.
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Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.
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Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
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Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción relativos a los artículos de primera necesidad.
Entre las medidas que el Gobierno puede implementar en el estado de alarma también se pueden incluir, además de las anteriormente mencionadas, aquellas que se encuentren en los protocolos habituales para la lucha contra las enfermedades infecciosas, la protección del medio ambiente, en materia de aguas y sobre incendios forestales. Si fuera necesario, se podría incluso acordar la intervención de empresas o servicios de manera temporal.
¿Se ha aplicado antes el estado de alarma?
El carácter excepcional del estado de alarma -como los de sitio o excepción- hace que no sean empleados de forma habitual por los gobiernos. Sin embargo, sí existe un procedente en la historia reciente de España. En diciembre de 2010, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero decretó el estado de alarma y militarizó el control aéreo en España, con el objetivo de que una huelga ilegal de este sector no provocase el caos en el país a las puertas de las Fiestas de Navidad.
La militarización facilitó que el tráfico aéreo volviese a la normalidad, poniendo solución a una situación que había provocado que medio millón de personas quedasen bloqueadas en diferentes aeropuertos españoles durante el puente de diciembre de aquel año, con miles de vuelos cancelados y enormes pérdidas económicas para familias y sector turístico.