El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó a Policía y a la Guardia Civil que "nunca" informaran a sus superiores cuando investigaba el chivatazo del caso Faisán como titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Dicha orden consta en el auto que redactó para abrir una pieza separada e investigar un delito de revelación de secretos y/o colaboración terrorista.
El ministro del Interior cesaba este lunes de forma fulminante al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, jefe de la investigación sobre el 8-M que dirige la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. Fuentes del entorno de Marlaska justificaban el cese por una supuesta "pérdida de confianza". Sin embargo, desde la benemérita apuntaban a que la destitución era por negarse a informar a sus superiores sobre la investigación.
Es decir, Marlaska ha cesado a un mando de la Guardia Civil por cumplir unas órdenes de la juez Rodríguez-Medel que él mismo dio a la benemérita y a la Policía cuando era titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Reproducimos a continuación sus órdenes en la investigación del caso Faisán.
"Al objeto de investigar la filtración que se ha producido, así como la participación criminal, se estima razonable construir sendos grupos de investigación, uno constituido por los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, adscritos a la Comisaría General de Información con los Carnets Profesionales que se dirán, así como por los miembros pertenecientes al Servicio de Información de la Dirección General de la Guardia Civil que ese Servicio determine, quienes únicamente podrán informar de sus pesquisas y del resultado final de dicha investigación a este Juzgado, y nunca a sus superiores, toda vez que los hechos necesariamente se han materializado dentro del entorno policial y el resultado podría verse alterado", indicaba Marlaska.
Una orden en la que insistía en el mismo auto: "Se faculta para que informen directamente a este Juzgado sobre los extremos y las circunstancias en que se han producido los hechos en cuestión, así como, en su caso, y si ello fuera posible, sobre la identidad de la persona o personas que presuntamente han cometido el delito de revelación de secretos objeto de la presente, debiendo abstenerse, en todo caso, de informar a sus superiores, dada la reserva de la citada investigación".
La carta de la juez del 8-M a Marlaska
La juez que investiga el 8-M, Carmen Rodríguez Medel, remitía este lunes una carta al Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska recordando que dio orden a la Guardia Civil, que actúa como Policía Judicial en la causa, de "guardar rigurosa reserva" sobre las investigaciones y advierte de responsabilidades penales si no se actúa de esta manera.
Dicho oficio fue remitido ayer por la mañana al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, coincidiendo con el cese del jefe de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego López de los Cobos, ordenado por Fernando Grande Marlaska. Una destitución que se produjo por "pérdida de confianza" al no haber comunicado que había remitido al juzgado un informe sobre las manifestaciones del 8-M, que apunta a la responsabilidad del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que manejaba datos que evidenciaban la gravedad de la crisis tres días antes del Día de la Mujer.
En dicho escrito publicado por varios medios de comunicación, la magistrada señalaba que "desde el primer día" de la investigación, dio "orden expresa" a la Policía Judicial de "guardar rigurosa reserva" sobre la evolución y resultado de las investigaciones encomendadas, así como "de todas las informaciones" que a través de ella obtengan, de modo que "sólo se informará a esta magistrada-jueza".
Advierte, además, de que "la infracción de dicho deber será corregida disciplinariamente sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiera dar lugar —que pudieran ser penales—", una cuestión que hasta la fecha no le consta que se haya producido pero que "podría dar lugar a la correspondiente investigación" por el juzgado en caso de que así fuera.