Pablo Casado lo tiene más que claro, más que estudiado, y está más que convencido. Como volvió a repetir este martes en su rueda de prensa de réplica a Pedro Sánchez, el líder de la oposición cree que, ante cualquier eventualidad que pueda deparar la pandemia, y las últimas cifras no invitan precisamente al optimismo, la legislación ordinaria y vigente de España basta y sobra para hacerle frente.
O dicho de otra manera, no es necesario recurrir al estado de alarma ni total ni parcialmente -como sugería el presidente del Gobierno animando a las comunidades autónomas a solicitar el confinamiento en sus territorios- por mucho que vuelva a subir la estadística de contagiados y aumente a la par la amenaza del colapso del sistema sanitario.
El esquema que Casado tiene en la cabeza, estudiado minuciosamente con sus asesores jurídicos en los últimos meses, y del que ha hecho partícipe en sus últimos encuentros privados al propio Sánchez, se basa en el capítulo cuarto del título primero de la Constitución. En concreto los artículos 53 y 55, en los que los constituyentes del 78 (en aquel momento pensando en amenazas como la terrorista o en la objeción de conciencia que ya reconocía la Carta Magna) establecieron que una Ley Orgánica podría, eventualmente, "determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario" podrían ser suspendidos determinados derechos fundamentales.
Entre esos derechos la detención preventiva, la inviolabilidad del domicilio o el secreto de las comunicaciones, ninguno relacionado en principio con los confinamientos. En cuanto al artículo 53, establece que "sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades".
Casado se refería en su rueda de prensa del martes al artículo 53 y a la lectura del mismo hecha recientemente por Sánchez: "En el último debate volvió a meter la pata, asegurando que [la Constitución] dice que las libertades fundamentales se tienen que limitar por votación de la cámara. Es mentira, lo que dice es que se tienen que limitar por ley. Y por tanto, lo que nosotros decimos es que hay ya una Ley orgánica que de forma genérica, en su artículo tercero, sí que dice que las autoridades sanitarias pueden tomar las medidas que consideren oportunas para controlar la expansión de una epidemia".
La ley de 1986 y unos breves añadidos
El presidente del PP se refería a la Ley General de Salud Pública, una norma que data de 1986 y que Casado ofrece reformar por la vía de urgencia en el caso de que el Ejecutivo no considerase su actual redactado, aprobado bajo el Gobierno socialista de Felipe González, lo suficientemente garantista.
Una reforma exprés que le añadiría dos apartados, el primero que facultaría a "adoptar medidas para el control de enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos, aislando o tratando y localizando a sus contactos"; el segundo para "limitar las entradas y salidas de zonas afectadas o amenazadas y controlar o limitar el movimiento".
Un redactado hecho evidentemente a la medida de un confinamiento general como el decretado en marzo y prolongado hasta el verano. Todo ello se acompañaría de una reforma de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa que haría recaer en los tribunales superiores autonómicos y en el Tribunal Supremo el visto bueno definitivo a las resoluciones que a este respecto pudieran adoptar, respectivamente, los gobiernos autonómicos y el Ejecutivo central. Fuentes del PP admiten que la explicación puede resultar farragosa cuando se hace en público pero muestran su convencimiento de que se trata, como el propio Casado dice en público, de un Plan B jurídico sólido y consistente para aplicar en el futuro con el consenso de los dos grandes partidos.