Expertos jurídicos consultados por Libertad Digital consideran que la proposición de Ley del Gobierno de PSOE y Podemos para modificar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial CGPJ sin necesidad de negociar con el Partido Popular es de "extrema gravedad" y "groseramente inconstitucional".
El Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha elegido la vía rápida para renovar el sistema de elección del CGPJ. Al ser proposición de Ley y no proyecto de Ley se evitará recabar los informes no vinculantes del propio CGPJ, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. De esta forma, la tramitación será más rápida y se evitará que algunas de las citadas instituciones se pronuncien en contra. El Gobierno de los jueces que preside Carlos Lesmes está en funciones desde diciembre de 2018 cuando venció su mandato.
Las mismas fuentes jurídicas consultadas sostienen que el Ejecutivo ha puesto en práctica "un ejercicio de cinismo" al mencionar sesgadamente en su proposición la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986. Dicha sentencia avaló que los vocales del CGPJ fueran elegidos por las Cortes, eso sí, siempre y cuando se mantuviera la mayoría de tres quintos. Este último requisito de la sentencia es omitido por el Gobierno en la citada proposición para que una mayoría absoluta sea suficiente para renovar a 12 de los 20 vocales del CGPJ.
Siguiendo esta fórmula, los 12 nuevos vocales que se elijan en el Congreso y el Senado más otros 3 actuales que integran el turno de juristas actuales del CGPJ han sido o serán elegidos por los socialistas. Es decir, 15 vocales de los 20 que integran el Gobierno de los jueces serían de tendencia "izquierdista". "Se va a convertir el CGPJ en un soviet (institución política soviética), avanzamos hacia la justicia chavista de Venezuela, es de república bananera", denuncian.
Además, se puede dar la paradoja de que 8 de los 20 vocales que conformen el Gobierno de los jueces estén "más legitimados" al haber recibido el respaldo de tres quintos de las Cámaras, mientras lo 12 nuevos vocales sólo recibirían el respaldo de la mayoría absoluta, es decir, "menos respaldo y menos legitimación que sus compañeros".
"Si la proposición de Ley se tramita por procedimiento de urgencia y lectura única podría entrar en vigor en un mes y medio. Aunque el PP y Vox la recurran como han anunciado ya, el Tribunal Constitucional podría tardar años en resolver el recurso, un año en el mejor de los casos. La jurisprudencia del Alto Tribunal es no suspender de forma cautelar una Ley estatal", afirman.
"La única respuesta la puede dar Europa"
Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "el Gobierno sabe que va a violar la Constitución y la va a violar porque en España no va a tener respuesta, nadie le va a parar". En este contexto, la única respuesta inmediata podría pasar por Europa, aunque en ningún caso se suspendería la nueva Ley: "Tras la denuncia o queja presentada ante la Comisión Europea, se podría obtener una respuesta inmediata a través de un procedimiento por incumplimiento".
"No obstante", añaden, "la única medida efectiva para paralizar los planes del Gobierno con el CGPJ pasarían con una amenaza de paralizar los fondos europeos destinados a España al considerar que se está quebrantando la justicia europea por parte de un Estado miembro. Si no se amenaza con paralizar los fondos, las advertencias de la UE quedarán en nada".
"La proposición que quiere aprobar el Gobierno de Sánchez e Iglesias es más grave que la Ley de similar naturaleza que se quiere aprobar en Polonia. Nos pone a la altura de otros países como Hungría o la Turquía de Recep Tayyip Erdogan. Nos jugamos mucho en esto", concluyen.