El titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha ordenado a la Brigada de Blanqueo investigar una nueva transferencia de 75.000 euros de Unidas Podemos a Neurona Comunidad S.L., la filial de la consultora chavista Neurona.
En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado acuerda librar un oficio a la UCDE (Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción) "al objeto de que investiguen la cuenta de la sociedad Neurona Comunidad S.L. a la que el día 29-3-2019 fueron transferidos 75.000 euros desde la cuenta electoral de la coalición Unidas Podemos".
La UDEF ya identificó dicha cuenta de origen de la formación en la Caja de Ingenieros. En ella, figura como titular la "Coalición Electoral Unidas Podemos" y los apoderados son el tesorero de la formación morada, Daniel de Frutos y el responsable financiero de IU, Carlos García Ramos, que declaró el pasado viernes como imputado. En su comparecencia, García Ramos señaló a la formación de Pablo Iglesias como la responsable de decidir "contratar a Neurona".
Desde la citada cuenta, se realizaron otras 3 transferencias a Neurona Comunidad S.L: 100.000 euros el 9 de abril de 2019, 100.000 euros el 23 de abril y 163.000 euros el 9 de mayo de ese mismo año. Posteriormente, de dicha cantidad 308.257 euros fueron a parar a Creative Advice Interactive. Los investigadores sospechan que dicha mercantil ubicada en una barriada del municipio mejicano de Guadalajara se trata en realidad de una sociedad pantalla.
En la misma providencia, el juez acuerda "igualmente y previo traslado de los vídeos aportados por el partido político Podemos como correspondientes a los servicios prestados por Neurona Comunidad S.L. investiguen la autoría y la fecha de su realización, y cuales otros datos informáticos se puedan obtener de dichos vídeos" .
Cabe destacar que Neurona Comunidad S.L. justificó su contratación por Podemos por un precio total de 363.000 euros (IVA incluido) para la realización de tres principales servicios en las elecciones generales del pasado 28 de abril de 2019. La "elaboración de líneas estratégicas de precampaña y campaña electoral" por 60.000 euros, los "racionales de acción y diseño, creación, desarrollo, producción, integración y operación de soluciones audiovisuales y productos comunicacionales" por 130.000 euros y la "cobertura gráfica y audiovisual para la precampaña y la campaña electoral" por un montante de 110.000 euros.
El juez Escalonilla ratificaba en un auto desvelado por este diario la imputación del partido de Iglesias tras la "distracción" de más 300.000 euros de sus cuentas electorales para fines distintos a través del citado "contrato simulado" con Neurona y aseguraba que existen indicios de que Podemos cometió financiación ilegal y delito electoral.
El magistrado inició la instrucción tras la denuncia del exletrado del partido, José Manuel Calvente, en la que apuntaba al cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, como comisionista de la consultora chavista. La Asociación Movimiento de Regeneración Política de España, la Asociación de Juristas Europeos PROLEGE y Vox ejercen la acusación popular.
El juez pide documentación al arquitecto de la sede
El magistrado Juan José Escalonilla también acuerda en el mismo auto requerir al testigo y arquitecto encargado de remodelar la sede de Podemos, Manuel Campos García, para que en el plazo de 5 días presente el acta de recepción de la obra del edificio sito en la Calle Francisco Villaespesa nº 18 de Madrid, el certificado final de dicha obra y los sucesivos certificados de obra emitidos durante su ejecución hasta su finalización para el pago a las empresas contratistas.
Tal y como desveló LD, Podemos se resistió a entregar al juez como éste solicitó los contratos de ejecución de obra suscritos con el arquitecto Manuel Campos para reformar la sede, los contratos de ejecución de obra con las 6 entidades mercantiles que ejecutaron las obras y el acondicionamiento de dicho edificio, el expediente de licitación de la ejecución y las facturas de 6 empresas que participaron en la citada reforma.