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El PSC blanquea el decreto del 'Govern' para cubrir las fianzas de los golpistas en el Tribunal de Cuentas

Salvador Illa asegura que "las informaciones que me llegan apuntan que el decreto se ajusta a la legalidad".

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Salvador Illa asegura que "las informaciones que me llegan apuntan que el decreto se ajusta a la legalidad".
Salvador Illa | EFE

El líder del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que el decreto de la Generalidad para cubrir las fianzas de los líderes golpistas en el Tribunal de Cuentas "se ajusta a la legalidad". Eso es lo que le dicen sus informantes, tanto del partido como del Consejo de Garantías Estatutarias, organismo consultivo de la administración autonómica ante el que los socialistas catalanes recurrieron el decreto.

Tal recurso fue una manera de tapar el hecho de que el Gobierno no llevara al Tribunal Constitucional un decreto elaborado por la Generalidad para evitar el embargo preventivo de los principales dirigentes del proceso separatista por los gastos para internacionalizar el llamado procés. El recurso en el Constitucional habría supuesto la paralización inmediata del "Fondo Complementario de Riesgos" que el gobierno catalán se sacó de la manga la semana pasada para cubrir las fianzas en el Tribunal de Cuentas.

Tras la negativa del Gobierno a recurrir, el PSC trató de salvar el expediente al presentar el decreto en el Consejo de Garantías Estatutarias. Fue un brindis al sol toda vez que Salvador Illa no sólo da por bueno el decreto sino que en declaraciones en la emisora del conde de Godó ha afirmado que "las cosas que se ajusten al Estado de Derecho se pueden aplicar".

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo expresó sus dudas sobre la legalidad del fondo golpista nada más tener conocimiento del decreto. En cambio, otro exministro, José Luis Ábalos, definió las diligencias del Tribunal de Cuentas como una "piedra en el camino" de la negociación con el Govern que se debía resolver. El debate se ha dirimido en favor de la tesis de Ábalos, de modo que los socialistas consideran el fondo perfectamente legal e Illa se ha encargado ya de blanquearlo. De este modo y salvo que el Tribunal de Cuentas rechace el procedimiento, Mas, Junqueras, Puigdemont, Mas-Colell y una treintena de exconsejeros y altos cargos no deberán hacer frente al pago de 5,4 millones de euros, que es lo que el órgano fiscalizador calcula que se ha malversado en la proyección internacional del proceso separatista, una estimación a la baja y francamente generosa para los intereses de los afectados.

Por otra parte, Illa se ha mostrado "decepcionado" por la negativa del presidente de la Generalidad y segundo de Junqueras, Pere Aragonès, a formar una mesa de partidos en Cataluña. Según Illa, además del diálogo entre el Gobierno y el Govern se debe establecer un marco de negociación entre las formaciones políticas catalanas que encauce el diálogo con Madrid porque de lo contrario, al Gobierno sólo le llega, ha dicho, la opinión y las reivindicaciones de la mitad de los catalanes.

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