Los encausados en el Tribunal de Cuentas por la acción exterior de la Generalidad en la difusión del proceso separatista no deberán hacer frente al pago de las fianzas que les exige el órgano fiscalizador. La Generalidad acude al rescate de Mas, Junqueras, Puigdemont, Mas Colell y 34 exconsejeros y altos cargos con un decreto ley aprobado por la vía de urgencia que crea un "Fondo Complementario de Riesgos" por importe de diez millones de euros. Queda por ver si el Tribunal de Cuentas aceptará la añagaza del gobierno catalán.
Según han explicado este martes la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà (ERC) y el de Economía, Jaume Giró (independiente de la cuota de JxCat), el fondo contará con diez millones de euros, más que suficientes para cubrir los 5,4 millones que el Tribunal de Cuentas reclama a los investigados por la malversación de fondos públicos en propaganda separatista en el extranjero.
La creación del fondo se funda en el principio de indemnidad, un supuesto para proteger a los servidores públicos en el desarrollo de sus funciones y para hacer frente a las actuaciones judiciales que puedan recaer sobre ellos. Así, el decreto, afirma la Generalidad, "responde a la necesidad de la administración de disponer de medidas para proteger los derechos de todos los servidores públicos que se encuentren en un proceso judicial o administrativo mientras no haya sentencia firme. Con este objetivo, la cobertura del fondo abarca todas las personas que tengan o hayan tenido la condición de personal al servicio de la Administración de la Generalidad y de los entes y organismos de su sector público, los altos cargos y los miembros del Govern".
La Generalidad también considera necesario "adoptar medidas complementarias y mecanismos para dar cobertura a la situación producida, al menos hasta que no haya un pronunciamiento judicial que declare con carácter firme su responsabilidad disciplinaria, contable o penal".
En paralelo, los partidos del gobierno catalán, ERC y JxCat han pedido que se reactive la "caja de solidaridad" del independentismo para que no sea solo la administración autonómica la que haga frente al pago de las fianzas.